Desterrada la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes piraterías (magna latrocinia en latín)?” escribía San Agustín (354-430), filósofo y teólogo ilustre de familia berebera, originario de la Numidia, al norte de África, ex reino y después provincia del Impero romano.
“También ésta” seguía provocativo “es un puñado de hombres, rígese por el poderío de un príncipe, lígase con pacto de sociedad y repártese su botín según las leyes de sus decretos. Si este mal crece, porque se le añaden hombres perdidos, hasta enseñorearse de lugares, fundar cuarteles, ocupar ciudades, subyugar pueblos, toman el nombre más auténtico de reino. Este nombre se lo da ya abiertamente, no por abandonar su codicia, sino por añadirle impunidad”.
Y acá viene el famoso dialogo entre Alejandro Magno y un pirata preso, al cual el emperador habría pedido dar cuenta de sus andanzas. “Hago lo que hace Usted a nivel global (orbis terrarum)”, le respondió el sabio bribón, “solo que a mí, al hacerlo con un navío exiguo, me llaman ladrón y a Usted, ya que usa una gran escuadra (magna clase), emperador”.
Esta oración, claro está, se tiene que enmarcar en un mundo de reinos efímeros (y no de estados modernos), en el cual el estatus del cristianismo como religión oficial era todavía cuestionado. Agustín escribía para reforzar el papel de la religión como fuente de justicia de los actos imperiales, en contra de los muchos enemigos paganos de esta idea.
Es imposible negar las caras ocultas de esta alianza que terminaría imponiéndose en muchos estados modernos. Para no ir muy lejos, durante la Conquista, bajo el mando de Dios, se subyugaron millones de personas, despojándolas de su libertad, tierras, bienes y, finalmente, vidas.
Es importante recordar, al mismo tiempo, las controversias acérrimas y doctas que se dieron, en aquel tiempo, para justificar o condenar estas barbaridades; de ellas mismas, paulatinamente, salió la idea de que existe no solamente un orbis terrarum del cual los más fuertes pueden aprovecharse, con la bendición de la Iglesia (tratado de Tordesillas), sino una communitas orbis, una comunidad de gentes diferentes, pero igualmente humanas y merecedoras, por ende, de derechos.
Ya estábamos en el siglo XVI y a este debate se sobrepuso el desafío protestante al monopolio de la verdad por parte de la iglesia católica. Retos doctrinales había enfrentado muchos el papado en su vida; lo notable fue, esta vez, la consistencia de las fuerzas sociales y autoridades políticas que usaron el protestantismo para hacer valer sus fines mundanos en unas pulseadas violentas internas e internacionales que culminaron en la guerra de los Treinta Años (1618-1648).
A partir de la sumisión de la religión al poder temporal (cuius regio eius religio), nos quedamos huérfanos de criterios de justicia compartidos extra-terrenales, bajo el mando de la más que arbitraria “razón de estado”, respaldada por la fuerza bruta, que llevó al predominio militar a convertirse en sucedáneo de la justicia.
¿Hay que sorprenderse de los brotes de barbarie que, de vez en cuando, surgieron y todavía surgen en este contexto?
El derecho, por sí solo, no puede domesticar la naturaleza humana y la propensión al uso de la violencia por parte de aquellos grupos (terroristas o no) que se encuentran en una situación, por fugitiva que sea, de preeminencia. Tampoco puede convencer a los gobiernos en esta misma situación de no utilizar medios violentos para imponer su voluntad.
El uso de la violencia por parte de una autoridad, bajo la forma de amenaza de penas y represión abierta puede servir, quizás, como parche temporario, pero necesita acompañarse por la domesticación de los conflictos y reintegración de los rebeldes. Son exactamente estas prácticas que faltan a nivel internacional, donde no existe (¿aún?) una sociedad de naciones; la Unión Europea representa, en este sentido, la más audaz tentativa.
Pero la victoria militar no brinda legitimación, ni estabilidad, ni paz, si no está acompañada por una idea de justicia -que no puede conformarse, en el siglo XXI, con una hipotética justicia divina, ni tampoco con reivindicaciones de un pasado mítico que pide ser restablecido.
Si gran parte de Dombás, como es probable, pasará bajo el dominio ruso, no habrá paz justa, sino un desdichado tropezón más de la idea de que ningún cambio territorial puede hacerse con la fuerza. Ni tampoco Rusia habrá conseguido algo en seguridad, ya que los ucranianos y los europeos responderán militarizando las fronteras. Lo único que saldrá ganador será el ego de Putin.
Claro está que la dimensión jurídica no puede con las pasiones y la imaginación humana; no se trata sólo de Putin. Trump bombardea libremente instalaciones en territorios de otros o barcos en la alta mar, Netanyahu hace lo mismo, además de exterminar civiles inermes. Frente a estas barbaridades, lo que puede hacer el derecho es recoger pruebas para discutir sobre si en Gaza se está consumando un genocidio o “tan solo” crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, no es con argumentos jurídicos que pueden suscitar opiniones discordes, sino con la piedad, que a ningún ser humano le falta, que se tiene que medir el grado de barbarie que hemos alcanzado. Es una barbarie en la cual puede que caigan, desgraciadamente, los piratas, pero en la cual no deben caer los estados, si no quieren bajar a su nivel.
Publicado en Clarín el 23 de septiembre de 2025.
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