El 1º de abril aumentará la factura eléctrica en el AMBA y esto responde a la actualización de los ingresos de las empresas distribuidoras EDENOR y EDESUR, también conocido como, “costo propio de distribución” o “valor agregado de la distribución – VAD”.
El VAD representa el 24% de la factura final en usuarios del nivel 1 (altos ingresos), el resto lo explican el precio de la energía, aún subsidiado al 50%, y los impuestos.
Tanto Edenor como Edesur prestan servicios en el Area Metropolitana de Buenos Aires, y están bajo regulación nacional, a diferencia de las distribuidoras provinciales donde la regulación es local.
Por lo tanto, es el ENRE, inexplicablemente intervenido desde diciembre de 2019, el que debe fijar los ingresos de las empresas y ejercer las funciones de control y sanción ante incumplimientos en el servicio concesionado.
La Ley 27.541 declaró 9 emergencias entre ellas la tarifaria y la energética, que incluyo el congelamiento de las tarifas en el AMBA, una decisión que no fue acompañada en las Provincias, cuyos Entes reguladores continuaron actualizando los ingresos de sus distribuidoras al ritmo de la inflación.
Esta situación agrando las diferencias y la dispersión tarifaria a lo largo del país, que explica porque una familia de Santa Fe o Córdoba paguen facturas eléctricas 130% y 80% superiores a las del AMBA para igual nivel de consumo.
Factura final sin impuestos – fuente IIEP – Conicet.
Desde 2019 a la fecha, el índice general de precios aumentó 417%, la fórmula de actualización de costos de las distribuidoras previsto en la última revisión tarifaria de 2017: 405%, mientras los ingresos de las empresas aumentaron 21%. Entonces, ¿cómo subsisten estas empresas?, dos pueden ser las respuestas: 1. Acumulando deudas por la compra de energía vendida con la empresa CAMMESA (al 28/02, la deuda del sistema por energía alcanzaba los $660 mil millones) y 2. Postergando inversiones que luego afectan la calidad de servicio.
Finalmente, y luego de más de 3 años de intervención, el ENRE avanzo en una “revisión tarifaria transitoria”, un artilugio regulatorio no previsto en el marco regulatorio pero que permitirá aumentar el VAD en el AMBA un 260% en dos etapas, abril y junio. Un aumento que no resuelve el problema y deja muy probablemente a la próxima administración la tarea de realizar la Revisión Tarifaria Quinquenal que debió realizarse en 2022, la renegociación de contratos y de los pasivos contingentes que el congelamiento tarifario generó para el Estado Nacional en los últimos años.
El impacto de los aumentos
El impacto del aumento será diferente según el nivel tarifario previsto en la segmentación y paradójicamente pesará más en los usuarios Nivel 2 (tarifa social) y Nivel 3 (ingresos medios).
Es necesario recordar que los subsidios sólo aplican al precio de la energía eléctrica, las empresas de distribución no reciben subsidios directos. Y por lo tanto el costo de la distribución lo pagan de igual forma tanto los usuarios de nivel alto, como aquellos que reciben tarifa social.
El VAD se concentra casi totalmente en el cargo fijo de nuestras facturas, y por lo tanto, los aumentos anunciados en los cargos fijos pesaran más en aquellas facturas con mayor carga de subsidio a la energía.
Esto explica porque una familia N1 –altos ingresos– tendrá aumentos del 24%, mientras aquellos con tarifa social e ingresos medios enfrentaran aumentos del 57% y 49% respectivamente.
Un aumento regresivo, a contramano de los objetivos de la segmentación y que dejan en evidencia las falencias de este instrumento de política pública y la decisión de la actual administración de patear para adelante la resolución del problema tarifario.
