Audiencias Públicas, Tarifas y Participación Ciudadana como ejes de análisis en la Fundación Alem
Jimena Latorre, Fernando Blanco Muiño, Alejandro Eisntoss y Mauricio Roitman disertaron durante un encuentro convocado por la Fundación Alem en el que coincidieron en criticar al gobierno por los mecanismos a los que apeló para readecuar las tarifas de luz y gas y le enrostraron la intención de tergiversar la participación ciudadana en la fijación del costo de esos servicios esenciales tanto como menospreciar el rol de los entes reguladores
Desde sus distintos roles pero con un acabado conocimiento de los distintos aspectos vinculados a la política en materia energética y su incidencia en la macroeconomía y la experiencia acumulada tanto en el plano de la gestión pública como desde la sociedad civil en organizaciones defensoras de los derechos de los usuarios y consumidores, Jimena Latorre, Fernando Blanco Muiño, Alejandro Einstoss y Mauricio Roitman, coincidieron, al disertar en un encuentro convocado por la Fundación Alem, en criticar las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández para readecuar las tarifas de servicios como la de luz y el gas y concordaron en que el oficialismo ha tergiversado la participación ciudadana para fijar el costo de esos servicios esenciales y menospreciado el rol de los entes reguladores como instancias de control de calidad de las prestaciones por parte de las empresas privadas.
Durante el encuentro que se desarrolló en la sede del Comité Nacional del radicalismo y que tuvo como eje temático Audiencias Públicas, Tarifas y Participación Ciudadana, la diputada nacional por la UCR, Jimena Latorre; Fernando Blanco Muiño, docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex director nacional de Defensa del Consumidor durante la gestión de gobierno de Cambiemos; Alejandro Einstoss, economista graduado en la UBA y miembro del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi y Mauricio Roitman, consultor en materia energética y ex presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), analizaron aspectos relacionados a la actual situación energética y, a la vez, se focalizaron también en la cuestión de la readecuación de tarifas, su incidencia en el plano de la actual situación macroeconómica así como en los efectos de las medidas que en torno a esta problemática adoptó el oficialismo. Asimismo se plantearon iniciativas para propiciar desde un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en el 2023.
En el encuentro presencial y virtual, lo que hizo que tuviese una participación significativa de asistentes, entre legisladores nacionales y provinciales, así como de dirigentes y militantes radicales, además del público en general, la diputada Latorre dijo que desde el gobierno “no hay una política energética coherente” y afirmó que “desde el relato (el oficialismo) dice que no van a permitir que las tarifas le ganen a los salarios” pero cuando han transcurrido dos años y medio de gestión “los salarios siguen por detrás de la inflación”, en tanto Blanco Muiño acusó al oficialismo de intervenir los entes porque “lo que no le gusta al peronismo es que lo controle”. Einstoss juzgó que congelar las tarifas e intervenir los organismos reguladores “fue un ‘tiro en los pies’ que se disparó el propio gobierno” y Roitman se mostró pesimista respecto a que la administración de Alberto Fernández haga una nueva revisión tarifaria integral y sostuvo que “no la va a hacer” porque desde el gobierno “no respetan los marcos institucionales”.
Con la coordinación del ex diputado nacional radical, Gustavo Menna y Miguel Piedecasas, abogado, magister en derecho comercial y ex presidente del Consejo de la Magistratura, la reunión se inicio con la exposición de la diputada Latorre, quien comenzó por incorporar, como otra arista a analizar, la cuestión del rol de los entes reguladores “porque necesariamente hay que hablar de ellos al abordar la participación ciudadana”, dijo y consideró que en el curso de la administración de Alberto Fernández “hemos padecido como usuarios un sistema que no funciona” y, en ese sentido, recordó que los entes reguladores, tanto el ENRE como el ENARGAS, se encuentran intervenidos desde la vigencia de la ley 27.541 que fue la primera medida (que adoptó) el actual gobierno allá por diciembre de 2019 cuando envió al Congreso la ley ómnibus (con la que) entre otras emergencias declaró la emergencia energética”.
“Ese paraguas de la emergencia energética traía medidas propias con las mismas recetas de concentración de los doce años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de intervención y congelamiento de tarifas. Entonces se habilitó en esta declaración de la emergencia energética la intervención de los dos entes (ENRE y ENARGAS) que habían sido normalizados” durante la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019 y que, por lo tanto contaba con autoridades que habían sido elegidos “por concurso”, recordó. Y lanzó la primera estocada contra la coalición gobernante del Frente de Todos. “Bajo el relato de la necesidad de que hubiesen tarifas accesibles, que no le ganaran al bolsillo (de los usuarios) venían a intervenir esos entes”.
Y agregó: “El objetivo de esa declaración de emergencia era una nueva revisión tarifaria integral y de los contratos (lo cual) no era suficiente para fundar esa declaración de emergencia porque el mismo marco regulatorio, tanto eléctrico como el del gas, permite las revisiones extraordinarias. Si hubiesen querido hacer las cosas dentro de la ley lo hubiesen podido hacer en caso de existir fundamentos que justificaran esa medida”, advirtió la diputada Latorre.
Tras recordar que esa emergencia se establecía por 180 días a partir de diciembre de 2019, puntualizó que “han pasado dos años y medio y esas intervenciones (en los entes reguladores) se siguen prorrogando por decreto” y a la vez “seguimos teniendo tarifas provisorias o temporarias hasta tanto se terminen de renegociar los contratos”, subrayó la legisladora mendocina. Latorre sumó entonces la cuestión de las “tarifas congeladas” y sostuvo que resulta “paradójico” porque “desde el relato del oficialismo dicen que no van a permitir que las tarifas le ganen a los salarios se advierte que los salarios, en estos dos últimos años y medio, se han actualizado aproximadamente entre un 170 ó un 180 por ciento mientras que las tarifas se han actualizado entre un 10 y un 20 por ciento y la inflación ha acumulado un 230%”.
“Es decir, los salarios siguen por detrás de la inflación y las tarifas siguen muy por detrás de los salarios y de la inflación con costos que se van actualizando con la inflación. Es una bomba de tiempo que sigue acumulando diferencias que en algún momento tendrán que normalizarse o actualizarse porque las consecuencias (de esta situación) no las vamos a ver a mediano o a largo plazo (sino que) las estamos viviendo hoy porque el desabastecimiento lo estamos viviendo hoy, los cortes (de suministro) se vieron en los períodos de mayores consumos eléctricos en el verano (pasado) y se están viendo actualmente las restricciones en el gas, sobre todo en el interior del país”, reseñó.
“Quizás en Capital Federal o en el AMBA no se ven o se cubren desde el gobierno nacional para que no tomen la dimensión mediática o pública de lo que significa tal situación pero en el interior es mucho más palpable la realidad que se ve con las restricciones energéticas”, advirtió la diputada radical al avanzar y poner en contexto la problemática en análisis a la que sumó –dijo- “la crisis energética que estamos atravesando. Y es justo valorar esta crisis a partir de mirar desde dónde venimos” y en ese aspecto llamó a recordar “el gran esfuerzo que hicieron los usuarios argentinos entre el 2016 y mediados del 2019 y se lo tiró por la borda”, graficó para luego insistir en que se volvieron a implementar “las políticas intensivas de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner porque ese costo pleno de la energía, que casi se había logrado pagar a fines de 2019 y las tarifas actualizadas tanto en las provincias respecto al Valor Agregado de Distribución, como componente del precio de la energía, ha vuelto a estar cubierto por subsidios a fuerza de emisión y de una mayor inflación que se ubica entre el 70% o el 80% según de qué servicio estemos hablando”.
Y completó: “Los costos siguen atados a la inflación y sumado a ello un contexto internacional (con una) escalada de los precios internacionales respecto de los cuales no somos competitivos porque no tenemos dólares para esas importaciones y, por lo tanto, sufrimos las restricciones que estamos sufriendo. Y esto condimentado con una serie de malas u omisión de decisiones”, tras lo cual apuntó: “Este gobierno está cumpliendo casi los tres años de gestión y no hay una política energética coherente con la otra y, menos aún, coherente con una política en el plano económico; no hay una planificación que se lea en el mismo idioma en cuanto a estas dos materias que son primas hermanas por no decir hermanas como lo son la energía y la economía”, subrayó.
Consideró que en ese marco “realmente es muy difícil que podamos hablar de equilibrio fiscal, de reducción del gasto (público) si seguimos con gastos crecientes y uno de esos gastos que crece agigantadamente son los subsidios económicos y, dentro de ellos, los energéticos, que en el 2021 llegaron a los 15 mil millones de dólares y en el 2022 van a llegar a entre los 15 y 17 mil millones de dólares”, estimó la legisladora que agregó: “Y sumando a ello ni siquiera se han adoptado las decisiones acertadas como para que no existan los problemas que estamos teniendo ahora como el desabastecimiento de gasoil o las restricciones de gas natural en el interior del país”, dijo en una descripción de otro aspecto relevante en el plano de la situación de crisis energética que atraviesa el país.
La diputada Latorre se enfocó luego en abordar aquellos aspectos relacionados con la normativa vigente respecto de los entes reguladores y, en particular, a la participación ciudadana en las audiencias públicas. “Y en esto me permito citar mi experiencia como participante de las audiencias públicas” y refirió que “la frustración de este sistema se puede palpar cuando uno intenta ser participante en esas audiencias; es literalmente como aullarle a la luna (porque) no hay posibilidad de que se respete la manda legal ni la manda judicial” y renovó sus críticas hacia el gobierno nacional al decir: “A juicio de haber participado en las audiencias que se han celebrado, desde el inicio de este gobierno hasta el presente, estamos en condiciones de pedir la anulación de todas las resoluciones que se han dictado como consecuencia de esas audiencias”, alertó.
“Pero también tenemos que analizar que esa normativa del marco regulatorio eléctrico (ley 24.065) y de marco regulatorio del gas (ley 24.076) tanto como la ley de defensa del consumidor, que tiene una aplicación supletoria en el caso de estos dos marcos específicos de servicios públicos. Y después el decreto 1172 del 2003 de mejora de la calidad democrática; son instituciones que regulan el funcionamiento y procedimiento de las audiencias públicas que, paradójicamente, fue firmado por Néstor Kirchner y Alberto Fernández como Jefe de Gabinete, el mismo Alberto Fernández que, en ese momento y en este decreto, se proponía por ejemplo un procedimiento abierto de reuniones de los entes abiertos pero (resulta) que en su gobierno están intervenidos con denuncias de acoso laboral de hostigamientos con un funcionamiento alejado de la transparencia, atravesados por la misma opacidad del resto de los organismos de este gobierno”, cuestionó.
Refirió que el decreto del Poder Ejecutivo 1172 del 2003 “que aún sigue vigente” se convierte en “la única norma nacional que estructura los elementos básicos de funcionamiento de las audiencias públicas”, apuntó y propuso la necesidad de “tener una ley nacional que regule el funcionamiento de las audiencias públicas más allá de la materia específica y de los organismos específicos que luego la vayan a aplicar y a instrumentar. Es un saldo que podríamos cubrir desde el poder legislativo”, alentó y tras insistir en avanzar en una iniciativa de esa naturaleza remarcó que “también (resulta) necesario repensar los entes reguladores”.
“De la misma forma que hay que repensar la matriz energética y el consumo energético, de la misma manera que el transporte de las generadoras, las concesiones, creo que también tenemos que repensar la composición y el funcionamiento de los entes reguladores porque evidentemente hay un déficit en su funcionamiento y eso también nos hace más vulnerables a medidas como éstas que terminan quasi anulándolos”, apuntó en otro pasaje de su exposición la legisladora Latorre, quien reflexionó acerca de los alcances del decreto del PEN 332 a través del cual el gobierno oficializó la segmentación de incrementos y quita de subsidios en tarifas de luz y gas.
Consideró que en esa norma se muestra “que hay un fuerte menosprecio por la autonomía de los entes reguladores cuando directamente los llaman unidades de implementación” lo que implica que esos organismos “no son más formadores de tarifas, no son más quienes estudian técnicamente las estructuras tarifarias ni velan por la defensa de los consumidores ni la calidad de los servicios ni la fiscalización del cumplimiento de los contratos” sino que “son unidades de implementación de las decisiones políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Entonces es la oportunidad, de cara a ser propositivos, de empezar a modificarlos” ante “un déficit de funcionamiento”
Por su parte, Blanco Muiño, expresó sus coincidencias con la diputada radical Latorre y manifestó “el sistema de control en materia de servicios públicos a través de los entes y de participación ciudadana, a través de las audiencias públicas, está en crisis”, tras lo cual repasó su experiencia en tal sentido cuando participó activamente desde una ONG de defensa de los derechos de los consumidores y luego desde la función pública durante la gestión del gobierno de Cambiemos “cuando participé activamente en lo que fue la discusión de tarifas con el ministro (Juan José) Aranguren con aportes destinados a atemperar el impacto que iba a generar en usuarios y consumidores la política que se pretendía implementar”.
“Desde las asociaciones de consumidores las audiencias públicas son la única instancia que se tiene para decir algo. Por supuesto que hay que repensar todo el sistema de audiencias públicas porque respecto de la participación de la gente se le otorga solamente cinco minutos para exponer y habitualmente se llega a esas audiencias muy desinformado (porque) la información está guardada, encriptada, camuflada y nunca a la vista. Se llega con la decisión política más allá de la convocatoria, más allá de la necesidad legal de hacerlo, y muchas veces (esa audiencia) termina siendo un espacio de militancia partidaria”, advirtió.
“Y si nosotros desde el radicalismo pensamos en la agenda de un gobierno de Juntos por el Cambio en el 2023 hay que repensar el sistema de las audiencias públicas”, subrayó Blanco Muiño, quien apuntó: “Ha quedado en claro en todo este tiempo (que) es una ficción generar audiencias públicas como lugar de participación de la sociedad. No participa la sociedad”, refirió y planteó que “cuando esas audiencias están partidizadas asiste mucha porque la mandaron a hablar y cuando no está partidizada no participa nadie”, sinceró.
Agregó que “el sistema (de audiencias públicas) tiene que ser revisado si efectivamente queremos que sea una instancia de participación ciudadana” y consideró que “es un tema para llevarlo a la agenda de gobierno con nuestros socios (de Juntos por el Cambio) para plantear que el funcionamiento de las audiencias tal como está no sirve”
Fue enfático al abordar la cuestión de los entes reguladores de los servicios públicos. “Necesitan no sólo estar normalizados sino que deben estar a cargo de gente idónea, como se hizo en su momento (durante el gobierno de Cambiemos) porque si es por normalizar se puede normalizar pero hay que normalizar con gente que sea efectivamente idónea como Mauricio (Roitman)”, en una más que elocuente reivindicación de la labor que desarrolló el ex presidente del ENARGAS que era parte del panel del encuentro convocado por la Fundación Alem.
“Mauricio es un altísimo y calificado recurso humano con el que cuenta el país para estar a cargo de la presidencia del ENARGAS”, insistió y diferenció la eficaz gestión y expertise del ex titular del ente regulador del gas con la del actual interventor de ese organismo al decir: “El señor (Federico) Bernal es un calificadísimo ciudadano argentino que puede estar a cargo de una agencia de quiniela”, ironizó Blanco Muiño, quien hizo extensiva su consideración sobre quienes están al frente también del resto de los entes reguladores: “Ahora están intervenidos y con incapaces (a cargo) en la función”, dijo. Y completo: “Esta última circunstancia se trata de una ecuación terrible” ya que a ello –apuntó- “se suma un nivel de internas cruzadas que hace que todo esté para explotar ya que hablamos de energía. Se enciende un fósforo y vuela todo”, graficó.
El ex director nacional de Defensa del Consumidor durante la gestión del gobierno de Cambiemos mantuvo su tono enfático en ese tramo de su exposición para remarcar: “Siempre se habla del gobierno de Cambiemos y del ‘Ay pero Macri’ pero realmente en materia de regularización de los entes el gobierno (del ex presidente Mauricio Macri) avanzó como nunca antes” y luego de afirmar que “esta no era una política aislada”, remarcó: “No es que los entes estaban normalizados y se intervinieron porque no les gustaba, como en el caso del ENARGAS Mauricio (Roitman). Lo que no les gustaba y no les gusta al peronismo, al kirchnerismo, es que los controlen”, enfatizó.
Blanco Muiño buscó imprimirle una dosis aún mayor en su incisiva crítica hacia la actitud refractaria del kirchnerismo a ser pasible del control cuando detenta el poder al decir: “No les gusta que los controlen bajo ningún concepto” y para sustentar tal imputación hacia el oficialismo rememoró lo sucedido en 1995 cuando Néstor Kirchner resolvió desplazar de su cargo al entonces Procurador de Santa Cruz. “No aceptan el control; desde el procurador Sosa en la provincia de Santa Cruz hasta los entes reguladores o la eliminación del tribunal de cuentas cuando les tocó la presidencia de (Carlos) Menem”.
Añadió que esa actitud de resistencia que se ejerza control sobre su gestión “está en la matriz del peronismo que no le gusta que lo controlen y van a hacer todas las cosas que sean necesarias para evadir el control. Y si tienen que llevar a 25 miembros del número de la Corte para que (el máximo tribunal de Justicia de la Nación) no pueda avanzar en sus funciones van a intentar llevar a 25 el número de miembros”, subrayó
Durante el encuentro llegó el momento de la exposición de Einstoss, quien al iniciar su alocución sostuvo que detrás de los ejes del lema de la convocatoria a la reunión y que abarcaban audiencias públicas, tarifas y participación ciudadana “hay uno grande e importante que es la regulación. La regulación abarca y enmarca algo que implica que existen normas, reglas de funcionamiento y ya sea por excepción o por defecto uno podría concluir en que el sistema (de audiencias públicas) está agotado”.
“La Argentina y los servicios públicos en particular han vivido en un estado de emergencia y de excepción veinte de los veintidós años que lleva este siglo y eso implica falta de normas, anomia, discrecionalidad, intervención, en resumen incertidumbre”, juzgó Einstoss, quien añadió que “la incertidumbre es veneno para la inversión y particularmente para este sector”, dijo para aludir sector energético. Y apuntó: “Es un sector de capital intensivo, que necesita que los capitales inviertan. El repago de esa inversión se mide en décadas y esa incertidumbre, quienes somos economistas, la medimos como un riesgo y ese riesgo se traduce en costo de capital, en la tasa de interés que paga un proyecto de inversión; en el riesgo país que hace que hoy cualquier proyecto de infraestructura en la Argentina sea prácticamente inviable”, consideró.
Sostuvo que “en ese contexto de discrecionalidad y de incertidumbre al aterrizar el gobierno de Alberto Fernández, como una de sus primeras medidas promueve la ley 27.541 en el marco de nueve emergencias. La norma, en su título primero, lo que hace es declarar la emergencia pública y en el título tercero se ocupa del sector energético e interviene los entes”, reseño. Y añadió: “Pero además congela las tarifas y con eso quedan rotos de nuevo los contratos”, apuntó. Y reseñó: “Los contratos de las empresas de servicios públicos se rompieron con la crisis del 2001; luego se firmaron actas acuerdos en el 2004 y en el 2006 y la renegociación (de los contratos) estuvo pendiente por más de una década y en el 2017 el gobierno de (Mauricio) Macri se logro cerrar la renegociación de esos contratos”.
“Haber decretado de nuevo la emergencia y haber congelado las tarifas significó dar marcha atrás un proceso muy complejo como es el de renegociar contratos con el sector privado porque hay deudas y reclamos recíprocos. El gobierno congeló las tarifas y ello fue un ‘tiro en los pies’ que se disparó el propio gobierno”, graficó Einstoss, quien consideró que la administración de Alberto Fernández “quiso repetir la receta del período 2003-2015 pero en un contexto distinto con un proceso de inflación en aceleración y, en ese marco, la dinámica del razonamiento es directa: tarifas congeladas con costos que crecen con una inflación por arriba del 50 ó el 60 por ciento lo que provocó es una bola de nieve con subsidios infinanciables que está en el corazón de los compromisos fiscales de la Argentina con el Fondo Monetaria Internacional”, tras lo cual rememoró que se trata de “un problema que, con mucho esfuerzo, el gobierno de (Mauricio) Macri había puesto en caja”.
Para abonar su argumentación, el economista puntualizó que “el primer trimestre del 2019 una familia argentina pagaba el 80% del costo de la electricidad que consumía y hoy alcanza a pagar el 17%; una familia, en el primer trimestre del 2019, pagaba el costo del gas y hoy lo paga el 27%. La diferencia son subsidios que implicaron que en los últimos 10 años la Argentina dedicara al pago de subsidios más de 130 mil millones de dólares, es decir, por año, la Argentina, en promedio, en los últimos 10 años, le dedicó 13 mil millones de dólares (al pago de subsidios) y este año, si tenemos suerte, van a ser 16 mil millones. Y si a ello le sumamos los subsidios al transporte, que tienen mucho de energía adentro nos iremos a 19 mil millones. Esa es la magnitud del problema de los subsidios que tenemos por delante”, precisó.
Einstoss añadió que “el problema de haber congelado las tarifas de manera irresponsable y facilista hizo la que el problema de los subsidios y tarifario dejara de ser sectorial (porque) ya no es un problema de las empresas EDENOR o EDESUR o de la generación de energía sino que pasó a transformarse en un problema macroeconómico” y remarcó: “Los subsidios hoy explican la totalidad del déficit público de la Argentina casi en un ciento por ciento y, dicho de otra manera, si no hubiese subsidios no tendríamos déficit fiscal”.
“El desincentivo, la incertidumbre, hizo que no se invirtiera en la producción de energía y la Argentina es un importador creciente y, en el presente, con los precios internacionales (ello) en un problema mayúsculo”, dijo y explicó: “Antes de la guerra (que se desató con la invasión de Rusia a Ucrania ya el déficit de la balanza energética podía explicar la totalidad del déficit comercial por lo que entonces las famosas dos turbinas, los superávit gemelos, el superávit fiscal y el superávit de la balanza se lo trago la mala política energética (del gobierno) y hoy esos dos déficit, el comercial y el fiscal, son un ancla en el cuello de la economía argentina que nos hunde en una estanflación de casi una década y de las que la Argentina no puede salir”.
