La crisis sin precedentes causada por la pandemia ha generado importantes desafíos sociales, políticos y legales a nivel mundial. A medida que los estados de todo el mundo adoptan medidas de emergencia para abordar la crisis, es fundamental que sigan defendiendo el estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso.
Así lo ratificó el Secretario General de la ONU, António Guterres, en unas declaraciones en las que instaba a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria. “La mejor respuesta es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras protege los derechos humanos y el estado de derecho”, explicó hace unos meses coincidiento con la publicación de un informe de la ONU sobre los Derechos Humanos durante el COVID-19.
En dicho documento, el Secretario concreta además que los Estados tienen que respetar y proteger, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de información y la libertad de asociación y de reunión. Vista la práctica de muchos países en el contexto de la COVID-19, parece que esto no ocurre necesariamente. Entre las preocupaciones cabe citar las siguientes:
- Distintas medidas para controlar la circulación de información y reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto donde ya se está reduciendo el espacio cívico;
- El arresto, la detención, el enjuiciamiento o la persecución de opositores políticos, periodistas, personal médico y de salud, activistas y otros por supuesta difusión de “noticias falsas”;
- La ciberpolicía agresiva y una mayor vigilancia en línea;
- El aplazamiento de las elecciones, que plantea graves problemas constitucionales en algunos casos y puede provocar un aumento de las tensiones.
La crisis plantea la cuestión de cuál es la mejor manera de contrarrestar el discurso perjudicial y proteger al mismo tiempo la libertad de expresión. Los intentos generalizados de eliminar la información errónea o la desinformación pueden dar lugar a la censura intencionada o no, que socava la confianza. La respuesta más eficaz es la información precisa, clara y fáctica de fuentes en las que la gente confía.
En todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil han respondido al llamamiento a la acción de la ONU para abordar y contrarrestar la amplia gama de formas en que la crisis del COVID-19 puede afectar la democracia y aumentar el autoritarismo. Entre ellas cabe destacar:
- el desarrollo de la alfabetización mediática y la seguridad digital
- luchar contra la desinformación y el discurso de odio, que se han multiplicado durante la crisis.
- capacitar a los periodistas de forma remota para informar sobre el impacto de la pandemia con una cobertura profunda y real, mientras se mantienen seguros en la primera línea.
- empoderar a las mujeres contra la violencia de género, que se ha disparado en medio de cierres, cuarentenas y presiones sociales y económicas del Covid-19.
- dar a conocer los desafíos de la desigualdad y la deficiente prestación de servicios agravados por la crisis, con un enfoque específico en las necesidades y derechos de las mujeres, los jóvenes, las minorías y otras poblaciones marginadas, para ayudar a que los gobiernos rindan cuenta.
Antecedentes
El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo plenos de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, el ideal de la democracia puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla en todas partes.
Los valores de la libertad, el respeto a los derechos humanos y el principio de la celebración de elecciones periódicas por sufragio universal son elementos esenciales de la democracia; A su vez, la democracia proporciona el entorno natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Estos valores están incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , que consagra una serie de derechos políticos y libertades civiles que sustentan democracias significativas.
El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y establece que:
«La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes».
Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en instrumentos de derechos humanos posteriores que abarcan los derechos de los grupos (por ejemplo, los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidades) son igualmente esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la distribución equitativa de la riqueza, y la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y políticos.
Publicado en www.un.org el 16 de septiembre de 2020.
