Archivos desclasificados Los documentos secretos que guiaron la represión de la dictadura

Apenas comenzó la segunda mitad de la dictadura, la Junta Militar dio la orden interna de reemplazar las palabras “persona desaparecida”. Un acta secreta firmada el 11 de marzo de 1980 fijó: “En adelante se debe evitar el uso del término ‘personas desaparecidas’, utilizando en cambio ‘pedido de paradero de personas’”. Esto ocurrió tres meses después de la pregunta sobre “el problema de los desaparecidos y los detenidos sin proceso” que el periodista José Ignacio López le formuló a Videla. El por entonces presidente de facto respondió: “es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”. En el medio de esos dos eventos, es decir después de la pregunta de López y antes de la orden de utilizar la expresión “pedido de paradero de personas”, la cúpula militar le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había visitado el país en septiembre de 1979. Su informe señaló: “La Comisión estima que el problema de los desaparecidos es uno de los más graves que en el campo de los derechos humanos confronta la República Argentina”. Acto seguido, solicitó que “se impartan las instrucciones necesarias a las autoridades competentes a fin de que los menores de edad desaparecidos a raíz de la detención de sus padres y familiares y los nacidos en centros de detención, cuyo paradero se desconoce, sean entregados a sus ascendientes naturales u otros familiares cercanos”.

La respuesta de la cúpula militar, volcada en un anexo de una de las actas secretas fechadas el 26 de febrero de 1980, incluyó un rechazo “de modo categórico” a las observaciones de la CIDH. “El Informe no es objetivo ni ecuánime, puesto que se caracteriza por una crítica constante e indiscriminada al Gobierno, alcanzando también al Poder Judicial. Los hechos positivos son sistemáticamente silenciados o minimizados y se acentúa en cambio todo elemento desfavorable”, se lee en el Anexo “2/129 (JM)”. Precisamente, el acta secreta siguiente es el del bozal autoimpuesto a las palabras “persona desaparecida”. En la documentación se repite la expresión “lucha contra el terrorismo” o la subversión, entre cuyos grupos destacó a Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sin embargo, antes de dejar el poder, la Junta elaboró un documento en el que reapareció en su léxico formal, dentro de las actas secretas analizadas, el concepto de los desaparecidos. “Quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentren exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos”, escribió en el documento Delta. Se trata de una serie de consideraciones de la cúpula militar sobre su perspectiva del período 1976 – 1983 y sus antecedentes. Su redacción tuvo varias idas y vueltas. Hubo tres versiones distintas, aunque sólo una se aprobó. Una de las alternativas no aprobadas del texto decía: “A la pregunta de si hubo o no excesos de parte de miembros de las Fuerzas legales, la respuesta es sí (…) Otras veces se han cometido excesos durante los interrogatorios (…). Fue una reacción emocional, hasta cierto punto explicable, pero fueron juzgados”. En esa serie de documentos Delta, la Junta Militar negó la existencia de centros clandestinos de detención. “Se habla asimismo de personas ‘desaparecidas’ que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos ya que en la República no existen lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente”. Las actas también documentan el seguimiento que la Junta Militar hacía de los detenidos “a disposición del PEN”. Este es el caso de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón sobre quien, entre otras cosas, se discute la evaluación de informes médico-psicológicos. Así como ella, el grupo de detenidos por el Ejecutivo debido a su presunta relación con el accionar subversivo, gremial o político también alcanzó a Carlos Saúl Menem, Jorge Taiana, el dirigente sindical Lorenzo Miguel y Jacobo Timerman, entre tantos otros.

Mercedes Sosa, Julio Cortázar, Tomás Eloy Martínez y Luis Brandoni son algunas de las más de 300 personas que figuraban en las listas del gobierno de facto calificadas como “fórmula 4”. Debido a sus presuntos “antecedentes ideológicos marxistas”, se aconsejaba que no se les permitiera el “ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.”. Estos documentos, parte también del Hallazgo Cóndor, datan de 1979, 1980 y 1982. Fueron bautizados bajo el nombre de “Listas negras” al momento de su desclasificación. Las mismas incluyen a más de 150 periodistas. Otras ocupaciones comunes entre los registros son los actores y actrices, al menos 51; los músicos, 44; y los artistas plásticos, 42. Además, se pueden encontrar registrados docentes, titiriteros, directores de cine y teatro, y gremialistas, entre otros.

La reciente desclasificación de archivos de la SIDE muestra una resolución sellada el 13 de agosto de 1973, durante el mandato presidencial interino de Raúl Lastiri, que resolvió crear una comisión a cargo del “estudio de los antecedentes ideológicos marxistas de personas, entidades, organizaciones, físicas o de existencia ideal”. El anexo de un documento de mayo de 1983 enumera las categorías que la Comisión Asesora de Antecedentes completaba, a sabiendas de que tal estudio “no tiene respaldo legal”, tal como se lee en esas páginas. Aquellas personas con el rótulo “REGISTRA ANTECEDENTES QUE LO CARACTERIZAN COMO DE IDEOLOGIA …” (debía consignarse una) también iban a ser caracterizadas según su grado de compromiso : simpatizante, adherente, contribuyente, encubridor, colaborador, afiliado, agitador, activista y/o dirigente. Distintas etiquetas portarían quienes fueran identificados con una “banda de delincuencia subversiva”, abreviada en los archivos como BDS. Para este caso, los roles asignados variaban entre encuadrado, periférico, militante, aspirante, combatiente y circular. Según la misma documentación desclasificada, las instrucciones para elaborar archivos sobre personas incluía colocar en un sobre “las fotografías y negativos que se dispongan de las personas citadas en los documentos, como así también de ‘Personalidades Civiles’”, acompañada por la información de sus antecedentes. La primera etapa de publicación de estos documentos no incluyó sobres, carpetas o identidades que hayan sido investigadas por el aparato de Inteligencia estatal.

No todo era espionaje. En diciembre de 1976, Roberto Viola firmó un reglamento titulado “Operaciones contra elementos subversivos”. El texto reconoce tres objetivos y tres acciones para cada uno. Por ejemplo: para “recuperar el dominio de la zona”, el segundo ítem señala “detectar, desalojar, desterrar, aniquilar los elementos subversivos”. La palabra “aniquilar” se repite en el segundo objetivo, titulado “Aniquilar la subversión”, para lo que podía estar previsto “desgastar y eliminar los elementos activos” y atacar su infraestructura de apoyo. Los archivos de la SIDE puntualizan específicamente sobre tres organizaciones a las que consideró “bandas delictivas subversivas”. A Montoneros los definió como “la simbiosis del peronismo de izquierda revolucionario y corrientes cristianas progresistas infiltradas por el marxismo (grupo Cristianismo y Revolución)”. Dentro de sus objetivos incluyó la “toma del poder político mediante la revolución armada” y en sus “tácticas preponderantes”, el texto señala “secuestros y/o asesinatos contra figuras de proyección, el ámbito político, gremial y de las FF AA”. Luego, las páginas de “estricto secreto y confidencialidad” continuaron con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), al que caracterizaron como la rama “combatiente” de la fusión de un sector de “Palabra Obrera” y del Frente Indoamericano Popular (FRIP). A diferencia de Montoneros, las páginas desclasificadas por la SIDE le asignaron el objetivo a esta organización de “instauración de un régimen socialista – marxista”. Además de secuestros, agregaron a sus “tácticas preponderantes”, la “explotación de actos y movilizaciones (…) para producir desmanes”. Y la tercera organización mencionada, a la que los archivos no le dedicaron demasiada descripción, fue la “Organización Comunista Poder Obrero”. De acuerdo con el documento firmado por Viola en diciembre de 1976, los integrantes de estas agrupaciones solían tener entre 20 y 30 años, pero “eran aceptables” con una edad que oscilaba entre los 16 y los 40. En ese mismo reglamento, se habla de otro tipo de accionar, bajo el título de “control de la información” sobre los medios de comunicación, algo que el propio archivo catalogó como “censura” con el objetivo de evitar noticias que desprestigiaran al país, entre otros.

La Junta Militar no planeaba dejar el poder hasta, por lo menos, 1984. Así lo planteaba la alternativa de “crisis”, plasmada en un acta secreta del 5 de diciembre de 1979. Una segunda opción, descripta como “aceptable”, mostraba a “1987 MAR” como el momento de la asunción de un gobierno democrático. Un tercer cronograma, catalogado como “máxima”, prolongaba hasta 1991 la vigencia de la Junta Militar “como órgano supremo del Estado”. En esos documentos también figura una temprana formulación de las premisas básicas no negociables para el traspaso de mando. Entre ellas: “La convalidación de todo lo actuado en la lucha contra la subversión e impedir todo revisionismo sobre los mismos”. Los plazos del plan y su imágen fueron temas recurrentes en las actas de carácter reservado de la dictadura. Para la Armada, la Junta Militar debía “dar claras evidencias de la despersonalización del Proceso”, pese a las designaciones presidenciales, y “ratificar por parte de las FFAA su decidida voluntad de dar continuidad al proceso en términos de objetivos y sin limitaciones calendarias”. Esa fue la postura que expresó en una reunión “de altos mandos” en el edificio de la Fuerza Aérea en abril de 1978. Previo a eso, el gobierno de facto no terminaba de decidir la situación de Jorge Rafael Videla mientras el comienzo del Mundial, en junio de ese año, acechaba.

Faltaba menos de un mes para que la Argentina fuera sede del campeonato de la FIFA y la Junta Militar todavía no había decidido hasta cuándo iba a durar el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. El 3 de mayo de 1977, casi 14 meses después del golpe de Estado, la cúpula castrense se reunió en el edificio Libertador, también en secreto, y ratificó “el carácter excepcional” de su designación. El segundo artículo del anexo del Acta 23 agregó: “Ratificar su condición de transitoriedad y sus causales de orden circunstancial debiendo resolverse en definitiva durante el mes de diciembre del corriente año, la duración de la actual situación”. Hubo demoras. No fue en diciembre, sino el 2 de mayo de 1978 cuando llegó la formalización que la Junta Militar le otorgó al mandato de Videla. Ese día los “altos mandos de las Fuerzas Armadas” dieron por finalizada “la situación de excepcionalidad” y resolvieron cuánto debía durar su mandato. “Designar al Señor Teniente Gral. D. Jorge Rafael Videla, para ejercer el cargo de Presidente de la Nación Argentina, durante el período 29 de marzo de 1978 al 29 de marzo de 1981″, definieron. Para ese entonces, ya habían pasado 33 días de esa fecha de inicio impuesta, y otros 763 desde el comienzo de la dictadura. A Videla lo sucedió Roberto Viola, quien dejó el cargo en diciembre de 1981. Después llegó Leopoldo Galtieri, la Guerra de Malvinas, y se intensificaron las diferencias internas en la cúpula castrense. La Armada y la Fuerza Aérea dieron un paso al costado de la “conducción política del Proceso de Reorganización Nacional”, el 22 de junio de 1982. Regresaron dos meses y medio más tarde y la Junta Militar comenzó a preparar el camino hacia lo que llamó “la institucionalización” del país: la organización de elecciones y la asunción de Ricardo Alfonsín.

El Hallazgo Cóndor de archivos desclasificados reveló una “acción psicológica” sobre los familiares de los caídos en la guerra de Malvinas. Seis meses después de su fin, en el acta 243, con carácter secreto, la Junta Militar resolvió: “Implementar por vía de cada una de las Fuerzas una operación de acción psicológica de persona a familia o deudos, partiendo de la premisa de conseguir el asentimiento de los mismos para que los restos permanezcan en la Isla”. Según el cronograma, dichas entrevistas iban a realizarse entre el 3 y el 22 de enero de 1983. En paralelo a eso, la cúpula militar analizaba la posible reactivación de negociaciones diplomáticas con Gran Bretaña, pero sin éxito. “Se apreció que mientras la señora Thatcher desempeñe sus actuales funciones, se opondrá a cualquier tipo de negociación, fundamentalmente cuando ha empezado la presión del frente interno inglés en su contra”. Cerca del final de la dictadura, la Junta Militar decidió clasificar como “‘Secreto Político’ y ‘Secreto Militar’” al denominado Informe Rattenbach que analizó el desarrollo de la Guerra de Malvinas. “En salvaguarda de los intereses de la Nación, de las Instituciones y de las Negociaciones en Política Internacional”, argumentó. Ese informe tildó de “acción improvisada” a la decisión bélica. “No se justificó adelantar la operación en un ‘ahora o nunca’, ya que históricamente se podía seguir esperando hasta que la situación se tornara favorable a nuestras FF.AA., salvo que la Junta Militar deseara recuperar las islas durante su mandato. (limitación de tiempo disponible para revitalizar el Proceso de Reorganización Nacional)”, narra su párrafo 282. También elaboró una secuencia sobre “las negociaciones a partir del 2 de abril” que incluyó una reunión con el por entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, en Buenos Aires y al día siguiente la frase de Galtieri: “Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”. El Informe Rattenbach apuntó directo a los miembros de la Junta Militar. Los responsabilizó de: “Conducir la Nación a la guerra con Gran Bretaña, sin estar debidamente preparada para un enfrentamiento de estas características y magnitud, con las consecuencias conocidas de no lograr el objetivo político y de haber colocado al país en una crítica situación política, económica y social”. Y en cuanto al rol de Galtieri, le asignó la responsabilidad de “asumir ante el pueblo de la Nación, en circunstancias en que era aconsejable la moderación, compromisos que coartaron la libertad de acción del Gobierno nacional, crearon falsas expectativas populares y contribuyeron a dificultar la búsqueda de una salida negociada del conflicto”. El informe fue finalizado el 16 de septiembre de 1983.

Mucho antes de hablar de posibles candidatos, las anotaciones de las actas secretas de la dictadura incluían qué esperaba la cúpula militar de cada uno de los partidos. “UCR: podrá constituir la oposición constructiva, moderada, posible aliado o la alternativa acordada si resultare necesario. Puede contribuir, como labor docente, al afianzamiento de los postulados básicos del PRN. Se deben mantener buenas relaciones con este sector a través del diálogo y la consulta en asuntos de interés”, anotó la Junta en un documento del 14 de abril de 1981. Sus apreciaciones también abordaron al peronismo. “Justicialistas: los sectores radicalizados podrán convertirse en los adversarios del PRN. Los sectores moderados podrán integrarse al MON o constituirse en oposición moderada”. Previo a eso, la Junta Militar ya había comenzado a trabajar en los primeros lineamientos del traspaso de poder. “El gobierno debe ser transferido a quienes tengan identidad de ideales con el PRN (Proceso de Reorganización Nacional) y asumen el compromiso de conciencia de continuar respetándolo en el futuro”, fijó la Junta Militar en un documento secreto del 19 de febrero de 1980. Allí describió sus condiciones no negociables y pautas orientadoras. Todo cambió tras la Guerra de Malvinas.

En lugar de exigir “la convalidación de todo lo actuado en la lucha contra la subversión”, el acta secreta del 10 de noviembre de 1982 propuso que uno de los temas a concertar era la “necesidad que no se exploten políticamente las secuelas”. Dentro de ese listado de temas a concertar, se incluyó un comentario sobre los desaparecidos: “se proveerá a la opinión pública la información posible”. La fecha del regreso de la democracia también fluctuó. Al principio, la Junta Militar la ubicó “en los primeros meses de 1984″. El 30 de junio de 1983, cuatro meses antes de las elecciones, la cúpula castrense resolvió que “se instruya a los organismos pertinentes a fin de que en la mencionada Ley se incluyan las fechas del 09 y 30 de enero de 1984 como de proclamación de la fórmula presidencial electa y de asunción del poder de las nuevas autoridades constitucionales, respectivamente”. Pero en el acta secreta siguiente, la 267, la fecha volvió a cambiar. “Fijar el día 19 de diciembre de 1983 como fecha de proclamación de la Fórmula por la Asamblea Legislativa”, fue la resolución firmada por la Junta. Casi cuatro meses después, la cúpula determinó que el traspaso sería el 30 de diciembre. Finalmente, en noviembre el órgano resolvió disolverse el 5 de diciembre y cinco días más tarde se consolidó el regreso a la democracia con el comienzo del mandato de Alfonsín. La condición no negociable de “impedir todo revisionismo” quedó atrás y el nuevo Poder Ejecutivo impulsó el Juicio a las Juntas.