La justicia transicional en Venezuela se ha convertido en un espejo roto, un mosaico de fragmentos que reflejan la perversión del poder sin ofrecer nunca un camino hacia la reconciliación. La Ley de Amnistía, presentada como instrumento de convivencia democrática, no liberó al país de sus cadenas; al contrario, consolidó un sistema de chantaje donde los presos políticos son moneda de negociación y los muertos, víctimas de crímenes de lesa humanidad, quedan fuera de cualquier perdón posible. La amnistía no es justicia, es silencio, y ese silencio es la paz de los sepulcros, una lápida sobre la memoria colectiva que pretende cubrir con tierra la dignidad de quienes fueron asesinados, torturados o desaparecidos. En lugar de abrir un horizonte de convivencia, la amnistía es un intento de pacto de silencio que perpetúa la lógica del poder arbitrario.
Para comprender esta patología del poder, es imperativo desentrañar la lógica del “preso político” como activo financiero del régimen. En Venezuela, el poder no se ejerce bajo el imperio de la ley, sino bajo la lógica del feudo personal. Cada jerarca de la cúpula —desde la sombra de Chávez hasta el pragmatismo cínico de los hermanos Rodríguez, pasando por el personalismo de Diosdado Cabello— ha administrado su propia parcela de castigo. Los nombres de los cautivos no son simples registros en un expediente judicial; son trofeos. La jueza Afiuni fue el emblema del castigo de un caudillo; los Baduel, el recordatorio del rencor de la estructura militar; los estudiantes, la advertencia de Maduro contra el ímpetu juvenil. Esta fragmentación de la represión revela que la cárcel es, en última instancia, una extensión de la psique del opresor. El cuerpo del disidente deja de ser sujeto de derechos para convertirse en una ficha en un tablero de ajedrez geopolítico, una reserva de valor que se canjea en mesas de negociación internacionales mientras la justicia real queda suspendida en un limbo burocrático.
Esta administración caprichosa de la libertad nos conduce directamente a la erosión de la arquitectura constitucional. El contrato social venezolano ha sido sustituido por un interregno administrado. La Constitución, ese texto que el chavismo otrora blandió como objeto sagrado, establece plazos que hoy son tratados como sugerencias opcionales. El artículo que exige la convocatoria a elecciones ante la ausencia absoluta del mandatario se ha convertido en una letra muerta, devorada por un tiempo que no pertenece al pueblo, sino a una extraña amalgama de actores externos y facciones internas. La soberanía, concepto tan manoseado en los discursos oficiales, ha sido secuestrada. Mientras figuras como Delcy Rodríguez lanzan diatribas contra el imperialismo con una estética de “irreverencia patriotera”, la realidad subyacente es la de una nación cuya hoja de ruta se decide en despachos extranjeros o en conciliábulos de élite, dejando al ciudadano común en el papel de un espectador agónico.
La política, por tanto, se ha reducido a una estética de la soberanía que oculta una ética del abandono. Debajo de la superficie de las declaraciones altisonantes, el pueblo venezolano habita una precariedad que es, en sí misma, una herramienta de control social. El hambre no es un accidente macroeconómico; es una tecnología de gobierno. Cuando el salario se pulveriza y la inflación devora el tiempo de vida de los trabajadores, la resistencia se vuelve un lujo biológico. La amnistía política, en este contexto, resulta ser un insulto frente a la escasez administrada. ¿De qué sirve liberar a un puñado de dirigentes si la población entera sigue presa de la falta de antibióticos, del colapso eléctrico y de la inseguridad crónica? La vida cotidiana en Venezuela se erosiona como una pared húmeda: el desmoronamiento es lento pero incesante, y cada día que pasa sin el ejercicio del voto es un ladrillo que cae, un recordatorio de que la reconstrucción nacional no es una meta, sino un simulacro.
En este escenario de fractura, la diáspora venezolana emerge como un actor transversal y trágico. Millones de ciudadanos dispersos por el globo representan la memoria viva de lo que el país pudo ser y la denuncia ambulante de lo que es. Sin embargo, su condición es la de un péndulo que oscila entre la resistencia y la traición. Aunque son la voz más libre del país —al no estar sujetos al control directo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)— son también los más vulnerables a los vaivenes de la política global. La diáspora ha sido utilizada como ariete por administraciones como la de Donald Trump, quien pretende usar la crisis venezolana como un laboratorio de cambio de régimen que luego intenta replicar, sin éxito, en otras latitudes como Irán. Esta instrumentalización internacional ha dejado al exiliado en una situación de intemperie jurídica, enfrentando deportaciones y estigmatización, mientras el chavismo calcula con precisión quirúrgica el tiempo que le queda a sus adversarios en el poder para retomar el oxígeno y profundizar la represión interna.
Llegamos así al núcleo del dilema moral: la reconciliación sin verdad. Proponer un cierre a la crisis venezolana mediante un pacto de silencio es una forma sofisticada de traición. La dignidad de las víctimas no puede ser la moneda de cambio para una estabilidad cosmética. Una transición que no pase por el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad y por la reparación de la memoria no es una transición, es una farsa de continuidad. La justicia transicional, tal como se ha planteado hasta ahora, es un oxímoron: no transita hacia la democracia, sino que garantiza la supervivencia de las estructuras de impunidad.
La pregunta que queda flotando sobre el mapa de Venezuela no es cuándo habrá elecciones, sino si el país tendrá el coraje de enfrentar su propia sombra. La paz de los sepulcros es atractiva para quienes desean un retorno a la normalidad económica a cualquier costo, pero es una paz que niega la vida. La verdadera transición es un horizonte ético que exige rescatar la dignidad como eje central. El futuro no depende de los reacomodos de la cúpula o de las promesas de potencias lejanas; depende de la capacidad de la sociedad —la que resiste adentro y la que suspira afuera— para rechazar el chantaje del silencio.
En última instancia, la resistencia venezolana debe entender que la memoria es el único territorio que el poder no puede confiscar del todo. Mientras haya una víctima que nombre a su opresor y un exiliado que mantenga vivo el relato del despojo, la amnistía del olvido no será completa. El precio de la libertad no puede ser el perdón de lo imperdonable; el precio debe ser, necesariamente, la restitución de la verdad. Porque una nación que acepta construir su futuro sobre una fosa común de silencios, está condenada a repetir el ciclo de su propia destrucción. La justicia no es un punto de llegada, sino el camino mismo; y en Venezuela, ese camino aún está por trazarse, lejos de los espejos rotos y más cerca del latido indomable de un pueblo que, a pesar de todo, se niega a ser enterrado en vida.
Por: José León Toro Mejías. Profesor, escritor y defensor de derechos humanos. Autor de La Migración en América: retos, oportunidades y testimonios, fundador de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y referente en la lucha por la dignidad de migrantes y refugiados.
