El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), fue declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el complejo judicial de Paloquemao ubicado en Bogotá, convirtiéndose en el primer exmandatario en Colombia en ser condenado por un cargo penal.
Tras un juicio que contó con más de 60 audiencias y el testimonio de decenas de testigos tanto de la Fiscalía como de la defensa del ex mandatario, la jueza Sandra Liliana Heredia reconoció la responsabilidad de Uribe en el caso que reconoce como víctima al senador Iván Cepeda Castro, representante del Pacto Histórico (izquierda) y anunció que el próximo viernes se conocerá el tiempo de condena.
“Por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez (soborno en actuación penal y fraude procesal) cuya punición parte de un monto superior a cuatro años e inferior a ocho, en tanto el acusado, indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión acogiendo la pacífica postura del alto cuerpo colegiado que sobre el particular ha establecido”, precisó la jueza la sentencia.
La jueza reconoció las emociones que despierta el proceso contra el político, que en Colombia se ha denominado popularmente como el “juicio del siglo”, pero pidió a los ciudadanos ya la prensa respeto y rigurosidad frente a su decisión tras un proceso garantista de derechos.
“Pedimos respeto, sensatez, que este momento sea entendido con la altura y madurez que merece (…) es un acto de justicia y solo de justicia”, manifestó.
Se espera que la defensa del ex presidente Uribe inicie un proceso de apelación de la decisión de la jueza, quien durante más de nueve horas explicó las razones que guiaron su determinación.
Entre tanto, a las afueras del complejo judicial cientos de simpatizantes del político se reunieron con pancartas
para apoyarlo, pero también hizo presencia un grupo de seguidores del senador Iván Cepeda, principal víctima reconocida en este caso.
El caso se remitió a 2012, cuando el senador Cepeda presentó un debate en el Congreso que incluyó testimonios de
ex paramilitares que señalaron a Uribe ya su hermano, Santiago Uribe, de fundar y liderar el Bloque Metro, una rama de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En 2014, el expresidente Uribe acusó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación y soborno a más ex paramilitares en las cárceles colombianas para que declararan en su contra y que lo asociaran con el paramilitarismo y el narcotráfico.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la acusación contra el senador Cepeda de forma inesperada y abrió una investigación contra el expresidente Uribe, quien decidió entonces renunciar a su curul en el Senado para ser juzgado por la justicia ordinaria y fue llamado a indagatoria en 2019.
En agosto de 2020,el exmandatario recibió casa por cárcel de manera preventiva por riesgo de obstrucción a la justicia y el caso llegó a la Fiscalía, liderada por Francisco Barbosa, que pidió la preclusión del caso.
En octubre del mismo año, una jueza revocó la medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
Entre 2021 y 2023 dos jueces negaron en dos ocasiones la solicitud de preclusión del caso y en abril de 2024 una nueva Fiscalía anunció el llamado a juicio a Uribe, quien en mayo del mismo año fue acusado formalmente, convirtiéndose en el primer exmandatario del país en enfrentar un juicio.
Antes de llegar a la presidencia de Colombia en 2002, Uribe asumió cargos como el de director de la
Aeronáutica Civil de Colombia, concejal de Medellín y alcalde de la misma ciudad, así como gobernador del departamento de Antioquia.
En las últimas horas, la Corporación Jueces y Magistrados de Colombia solicitó al Gobierno nacional medidas de
protección especiales para la juez Heredia, quien resolvió el proceso contra el expresidente Uribe y pidió a la comunidad nacional e internacional respetar la decisión.
En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que recordó que “la independencia judicial es un pilar esencial del Estado Social de Derecho y una garantía para la protección de los derechos fundamentales” por lo que los jueces en Colombia no pueden ser víctimas de descalificaciones que pretenden interferir en su autonomía.
