El 13 de mayo en 1987, se sancionó la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. El proyecto del Ejecutivo había sido enviado al Congreso el 22 de abril de 1986, por iniciativa del presidente Raúl Alfonsín.
Si, tal como lo lees, el texto llegó de la mano de un comité de funcionarios de tres subsecretarías: la recientemente creada de Derechos Humanos, y las de Desarrollo Humano y Familia, y Salud. Desde febrero, los delegados del Ejecutivo avanzaron junto a integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo y expertos genetistas.
“La iniciativa esta destinada a prolongar en el tiempo la localización de los niños desaparecidos, pues serán éstos, ya adultos, los que buscarán a sus familias que no alcanzaron a localizarlos”, le dijo el presidente a Clarín.
El mismo Alfonsín había ordenado crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su primera semana de gobierno. Allí, se habían registrado 145 casos de niños y niñas apropiados. Eso motivó que el propio Ejecutivo invitara a expertos internacionales para analizar la posibilidad de abrir un laboratorio en nuestro país. Lamentablemente, mucha de esta información fue omitida en los portales web oficiales y videos institucionales de los organismos en las últimas décadas. Una actitud mezquina con un líder que se jugó por los derechos humanos, cuando las balas picaban cerca.
