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Al toque 23 04 2021

Alejandro Einstoss: Donde focalizar los subsidios


Autor: Alejandro Einstoss










La discusión por la política de tarifaria en el interior del gobierno, ha tomado estado público en el marco de las audiencias públicas del gas y la electricidad. Por un lado, el ministro Martin Guzmán sostiene la necesidad de aumentos de tarifas que cumplan con las pautas del presupuesto 2021, y esto implica incrementos en las tarifas de los servicios energéticos del orden del 40%. Por otro lado, los interventores de los centros reguladores, y el subsecretario de energía eléctrica, sostienen que los aumentos rondarán entre un 7% y un 9%. Lo anterior no sólo implica un abierto desafío a su superior jerárquico, sino, una evidente falta de coordinación y visiones opuestas respecto al devenir futuro de la política energética.

El gobierno transita su segundo año de gestión, y todavía discute cómo focalizar los subsidios a la energía, pero en este aspecto, la regulación es clara, cada usuario debe pagar un precio justo por lo que consume, y prohíbe en forma taxativa, la existencia de subsidios cruzados. El intento del gobierno de segmentar la demanda en función de la capacidad de pago de cada usuario, si bien es materia debatible, no responde a la urgencia que marca que el 42%  de la población está sumergida en la pobreza.

Es urgente profundizar la aplicación del mecanismo vigente, que es la tarifa social, que se sustenta en datos del ANSES,  y del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS,) por el cual los usuarios que cumplen con atributos sociales o que no alcanzan un determinado umbral de ingresos, reciben descuentos escalonados en la energía que consumen.

El gobierno debería abandonar el actual congelamiento de tarifas, que no sólo lleva a la quiebra del sector energético, sino que quiebra también las cuentas públicas a partir de subsidios que crecen a alta velocidad. También debería abandonar en el corto plazo la discusión estéril respecto a la segmentación tarifaria, que no sólo va en contra de las leyes vigentes, sino que demora la necesaria expansión y profundización de la tarifa social, que con alcance nacional, podría llevar un alivio rápido a un importante universo de familias en un contexto de pobreza, alta inflación, y cuarentena.