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Política 16 02 2020

Alberto Lugones: "Si un testigo arregló su precio para declarar, la sentencia debe ser investigada"










El nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, dijo hoy que no hay que temer "que las sentencias puedan ser revisadas" y consideró que "si un testigo de cargo arregló su precio para declarar en contra de alguien", ese sería el caso.

En una entrevista con Radio 10, el magistrado fue consultado sobre sus declaraciones de la última semana al diario La Nación, donde dijo que "hay sentencias basadas en testimonios complejos, como testigos comprados, como pasó en el caso (del exvicepresidente Amado) Boudou".

Lugones explicó que se refería a la declaración como arrepentido de Alejandro Vandenbroele, luego de que se presentara una denuncia pidiendo investigar si había sido beneficiado económicamente después de denunciar a Boudou.

El magistrado se mostró muy sorprendido por la repercusión de esas declaraciones, y dijo que "si el testigo de cargo arregló su precio para declarar en contra de alguien, esa sentencia deberá ser investigada a ver si debe ser mantenida en el tiempo o justifica algún tipo de nulidad o recurso de revisión ante tribunales superiores".

"También he dicho que si no es esa la única prueba de cargo", el tribunal podrá concluir que "esa sentencia tenía entidad por otras pruebas", siguió.

Además, consideró que ese mecanismo "hace a la salud de las instituciones de la República".

Sobre las denuncias de un beneficio económico hacia Vandenbroele, sostuvo que es la información que salió en los medios y que "esto surgió a la luz pública".

"Si no fuera así, porque hay otra razón que lo pudiera justificar, cosa que se me hace difícil imaginar, no nos asustemos de que las sentencias puedan ser revisadas", añadió Lugones.

En otro tramo de la entrevista, consultado sobre la existencia o no de presos políticos, indicó: "No veo la figura de presos políticos, pero si ha habido abusos de prisiones preventivas, se ha ido demostrando y se ha ido corrigiendo como corresponde a un ámbito de estado de derecho".

En ese sentido, recordó que "cuando se toma un preso político es un decisión tomada por un poder administrativo que no es el Poder Judicial y que dispone que una persona -porque no le gusta como piensa o como actúa- vaya preso".

"Cuando interviene el Poder Judicial, hay que ver si hubo excesos o arbitrariedades en los tribunales que intervinieron a los efectos de hacer cesar estas arbitrariedades y volver al principio de que todo ciudadano es inocente hasta que existe una condena forma en su contra", concluyó. (Télam)