Con indiferencia de la administración que lo lleve adelante el populismo energético que impera en la mayor parte del siglo XXI tiene características comunes. Quizás la más relevante sea el estado de emergencia energética permanente y vigente en 20 de los últimos 23 años.
Esta situación tiene consecuencias concretas.
La primera la intervención institucional, que no solo alcanza a la injustificable intervención de los Entes Reguladores, sino al desconocimiento de los contratos y regulaciones que enmarcan el funcionamiento del sector. Esto implica un entorno de incertidumbre y discrecionalidad que pone límites a cualquier proceso de inversión de largo plazo.
La segunda consecuencia: el atraso /congelamiento de tarifas. El permanente desacople de precios y costos se cubren con subsidios que demandaron en los últimos 15 años un promedio de US$ 13 .000 millones por año y que aceleran al ritmo de la inflación.
A su vez el congelamiento rompe la lógica relación entre tarifa, calidad de servicio e inversiones, y esto pone a las empresas como “chivos expiatorios” donde depositar las culpas de una política tarifaria equivocada y donde la intervención (o la instalación de veedores) por parte del Estado no solucionará el problema. Hoy encontramos el ejemplo de Edesur, ayer fueron Metrogas en 2010 y TGN en 2008, ejemplos de fallidas intervenciones a empresas de servicios públicos.
Esta ruinosa receta tarifaria generó el problema fiscal que está en el centro de la discusión pública y del acuerdo con el FMI, al punto que la reducción de subsidios a la energía, en particular a CAMMESA, explica el 80% del ajuste fiscal previsto en 2023.
2022 cerró con una cuenta de subsidios a la energía de US$ 12.500 millones, sin embargo, este número no refleja deudas al interior de la cadena de pagos que más temprano que tarde terminaran engrosando la cuenta de transferencias al sector energético. Y de esto dio cuenta el Sr Jefe de Gabinete de ministros en su última visita al Senado de la Nación.
Mas de $ 600.000 millones contabiliza el endeudamiento de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA por energía vendida a fines de 2022 y aunque el maquillaje de un plan de pagos de largo plazo reduzca ese número, el problema de fondo subsiste: las tarifas no cubren los costos y difícilmente las distribuidoras dejen de financiarse vía endeudamiento por energía vendida.
A su vez CAMMESA mantiene deudas con generadores y por compra de combustible que, si bien el JGM no informó, tiene como contracara que más del 30% del parque de generación se encuentre fuera de servicio. Sea por mantenimiento o por falta de combustible, el sistema no puede cubrir con generación propia los picos de consumo de verano y depende en forma creciente de importaciones. La alternativa son cortes programados como el del pasado 10 de febrero que dejo a más de 180 mil usuarios sin luz.
A esto se suman deudas de las distribuidoras de gas con productores por $ 75.000 millones y deudas por compensaciones relacionadas al Plan gas, que superan los $ 50.000 millones producto que desde enero 2021 el Estado Nacional mantiene pendientes de pago casi el 50% de estas transferencias.
Pero el congelamiento de tarifas tiene otras implicancias y costos. Los ingresos no percibidos por las empresas de servicios configuran un activo que como contracara representa un pasivo contingente para el Estado Nacional, que no solo incumplió con los contratos originales, sino que desconoció los acuerdos alcanzados en 2018 y por lo tanto deberá volver a negociar y definir la magnitud de dicho pasivo o “activo regulatorio “de las empresas.
La próxima administración enfrenta el enorme desafío de desandar el camino del populismo energético, eso incluye normalizar institucionalmente el sector, recomponer el sistema de precios y tarifas, pero también poner a la luz del día las deudas y contingencias que hoy se intentan disimular.
Publicado en Clarín el 17 de febrero de 2023.
