Hace un año habíamos dado cuenta que en el período 2011-2015 el tipo de cambio real y los precios internacionales venían jugando un rol clave en la conservación del recurso pesquero en Argentina. En particular señalamos lo que ocurría con el caso de la Merluza Hubbsi.
Concretamente, destacamos que se había producido una caída de 28,8% en los ingresos por tonelada exportada en el período referido, como resultado de un descenso de los precios y del tipo de cambio real. Concluíamos entonces que la menor rentabilidad habría sido una variable decisiva en la disminución de las cantidades exportadas (24,8%) y de los desembarques (7,1%), resultados que operaban favorablemente en el cuidado del stock. Esta hipótesis, que son factores económicos y no la regulación del recurso, parece verse refrendada por el nuevo informe de la Auditoría General de la Nación dirigida a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y referida a las “aplicaciones informáticas para el control de captura máxima permisible por especie, derechos de extracción, otorgamiento de permisos de pesca y zonas vedadas referida al sistema informático en la pesca”. XXXXXX. Sus hallazgos destacan notorias falencias en el uso y aplicación de esta herramienta y muestran que a pesar de contar con una posible buena batería de instrumentos de control, todo se derrumba cuando la centralización y sistematización de la información es deficiente. A modo de contexto, la observación no es menor si reparamos en la importancia y valor económico de las especies que se extraen del Mar Argentino: la cadena pesquera en su totalidad exportó por valor de casi 1.700 millones de dólares en 2016.
El informe arriba mencionado encuentra que el sistema informático presenta obsolescencia tecnológica, deficiencias de diseño organizativo, limitaciones de uso por falta de formación del personal y déficit de infraestructura. Vale la pena puntualizar algunos de los ítems del problema:
- La frecuencia de reportes de ubicación de los buques pesqueros es inadecuada (riesgo para la protección de zonas de veda).
- La Subsecretaría de Pesca no cuenta con un sistema de monitoreo automatizado que permita el seguimiento de los buques.
- La infraestructura que da apoyo a las distintas operatorias de control de pesca y de descarga de buques en los muelles es inadecuada.
- La infraestructura de servicio eléctrico que abastece a las balanzas de control de peso es precaria e insuficiente.
- El equipamiento utilizado para el control del peso de la mercadería a descargar de los buques es insuficiente o es propiedad de terceros (armadores, empresas pesqueras, entre otros).
- Las Actas de Desembarco de los buques no controlados se confeccionan en base a los datos de los pescadores, sin ninguna otra verificación posterior.
- El proceso de captura de datos provenientes de la fiscalización de carga es manual (riesgo de errores en la transcripción de los datos).
- La cantidad de inspectores que dispone la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura es inferior a la necesaria para cubrir la demanda operativa existente.
La caracterización que hace el informe permite concluir que es posible tener una normativa en la vanguardia de la regulación pero cuyo cumplimiento efectivo no logra estar a la misma altura. ¿Por cuánto tiempo se podrá seguir dependiendo de la suerte de un tipo de cambio atrasado que desaliente el esfuerzo pesquero? ¿No sería conveniente volver a discutir la gestión de los recursos marinos definiendo un plan de acción de cumplimiento efectivo? Quizás el lamentable suceso ocurrido con el submarino ARA San Juan haga traer a la agenda pública la discusión, no sólo de la defensa de nuestras fronteras sino también del cuidado de los recursos naturales y muy especialmente, interrogarnos acerca de cómo se aplican herramientas informáticas que están disponibles para el ejercicio de la política pública –tal el caso del sistema informático de control de captura-, pero que demandan algunos esfuerzos adicionales para obtener los réditos del caso.
Debe tenerse en cuenta que esta necesidad de redoblar y focalizar nuestra atención sobre el recurso pesquero se inscribe en un escenario más amplio de la agenda internacional que tiene sus peculiaridades. Por un lado, en el marco de la Agenda del Desarrollo 2030, el Objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se relaciona con la necesidad de “conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, y considera al efecto 10 metas específicas. En tal sentido, Argentina ha indicado en principio su interés de conservar las zonas costeras y marinas de acuerdo con la legislación nacional e internacional vigente, disponiendo como indicador la protección de los espacios marítimos en cuestión.[1] Se supone que para ello debemos contar con herramientas eficaces, tal como la que nos ocupa aquí.
Por otro lado, según nos acabamos de enterar en la 11 Reunión Ministerial de la OMC que acaba de finalizar, los países miembros de la organización no lograron el consenso suficiente para la aprobación de los mecanismos para la reducción de subsidios y sanciones para el ejercicio de la pesca ilegal. En síntesis, es positivo el compromiso con los ODS pero debemos saber que el terreno en el cual se desenvuelve esta actividad aún no está nivelado.
[1]. Argentina: Informe Voluntario Nacional, Foro Político de Alto Nivel, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Presidencia de la Nación, julio 2017.
