Publicado en Los Andes el 16 de octubre de 2016.
Sindicatos, piqueteros y empresarios han reaparecido con sus reclamos y exigencias. Junto con solicitadas y declaraciones, tenemos paros programados e imprevistos, cortes de calles y acampes en plazas. Durante una década larga, todos fueron mantenidos a rienda corta por un gobierno ducho en administrar la zanahoria y el palo y en dividir a los que no podía controlar. Hoy el clima cambió, en parte porque hay menos intromisión gubernamental pero, sobre todo, por la sospecha de que, luego del festín, quedó una factura impaga que puede caerle a quien no llore a tiempo y con fuerza.
Todos apelan a tácticas conocidas y probadas. Los empresarios presionan en defensa de sus viejas prebendas y regímenes de excepción.
Recientemente la Cámara de fabricantes de medicamentos reclamó para mantener su privilegiado régimen de patentes, invocando la soberanía, la defensa de las fuentes de trabajo y la protección del consumo popular, amenazados por los monopolios extranjeros. Esta preocupación por la nación y por los humildes locales es, cuanto menos, llamativa en un grupo integrado por algunos de los más poderosos grupos transnacionales.
Los sindicatos reclaman la supresión del impuesto a las ganancias, algo que no inquieta a los trabajadores precarios, y miran con simpatía los reclamos de los industriales. Los gremios estatales y docentes piden a su empleador mejores salarios, estabilidad y la intangibilidad de sus respectivos estatutos. Las organizaciones sociales –los antiguos piqueteros– defienden su cuota de planes sociales y el viejo modo de repartirlos, ni universal ni igualitario, en momentos en que el debilitamiento del sistema prebendario estatal crea tanto incertidumbres como nuevas oportunidades.
El panorama es hoy confuso e interesante por la fluidez de las posturas y los reagrupamientos que se esbozan. Los sindicatos oscilan entre mantener sus tradicionales vínculos con los empresarios “nacionales” o acercarse a las organizaciones de desocupados, a quienes ignoraron cuando la pérdida del empleo los hundió en la pobreza. Los empresarios oscilan entre abroquelarse en lo viejo o embarcarse en el ignoto océano del mercado abierto y alcanzar El Dorado que les pintan los funcionarios.
En el debate se cruza la política, pues cada grupo trata de quedar bien colocado ante la eventualidad de una crisis económica que desencadene la conflictividad social. Los kirchneristas ortodoxos, carentes de figuras presentables y cada día más desgranados, la esperan con ansiedad para volver a posicionarse. Los militantes de izquierda ganan posiciones entre los trabajadores y los desocupados, conforman una alternativa verosímil y presionan a los grandes sindicatos. El nuevo peronismo –en la gama que va del Movimiento Evita al massismo– busca vincularse con estos reclamos pero sin perder su condición de “oposición de Su Majestad”, que les da credibilidad entre los votantes del centro.
En el fondo es una historia muy conocida. Los reclamos al Estado por parte de los intereses organizados se remontan a principios del siglo XX. Su avance desde 1955 y la progresiva colonización del Estado, condujeron a la crisis de 1975, de la que se salió por el camino de la destrucción sistemática del Estado. En democracia, el peronismo articuló durante treinta años los reclamos sectoriales, concediendo, repartiendo y convirtiéndolos en sufragios.
El gobierno actual se propone reconstruir a la vez el Estado y el Mercado: diferenciarlos, consolidarlos y acabar con el juego de quienes los exprimen y nos exprimen. Debe hacerlo en condiciones muy difíciles. El aparato estatal está muy destruido, en niveles que no imaginábamos, por la corrupción, la desidia y la pésima gestión. La macro economía está distorsionada y los intentos de ordenarla suelen llevar a un punto en que cualquier opción resulta contraproducente. Finalmente, el poder del gobierno es limitado y necesita negociar cada una de sus decisiones. Ésta es una novedad interesante y a la larga positiva, después de tres décadas de discrecionalismo presidencial.
Pero a la vez crea una situación compleja, sobre todo si hubiera un pico de protesta social en la que seguramente se montarán quienes hoy aceptan negociar con el Gobierno.
La negociación política es más compleja todavía, e incluye a los gobiernos provinciales, al peronismo, a los propios aliados y, por si eran pocos, al Papa. No es extraño que en este contexto el Gobierno “peludee”, ensaye y corrija y recurra reiteradamente al “paso atrás” que recomendaba Lenin. Mi impresión es que hasta ahora no ha perdido el rumbo pero no se puede asegurar que controle todos los factores, de modo que el resultado final está abierto.
Ciertamente sería deseable un gran acuerdo social y político que asegure la gobernabilidad y el tránsito por un camino consensuado. Pero temo que es sólo una ilusión, lo que suele llamarse wishful thinking. Es difícil que haya acuerdos cuando hay elecciones a la vista y se gana más con la diferenciación y la confrontación. Por otra parte, en el país no hay mucha tradición de acuerdos desde los tiempos en que la intransigencia yrigoyenista los calificaba de “contubernio”. Yendo más a lo profundo, se nota la falta de un Estado con el que la sociedad pueda reflexionar sobre sí misma, como quería Durkheim. Tampoco tenemos élites dirigentes con legitimidad y con el hábito de pensar más allá de lo inmediato.
Estamos ante una encrucijada. Existe la posibilidad de romper un círculo vicioso muy conocido y de reacomodar las piezas de un modo virtuoso. No se trata de aplicar una receta rígida sino de tener una idea clara de la ruta y luego tirar y aflojar, sin perder la línea, como el viejo de Hemingway, que en el mar pudo pescar al tiburón.
La ocasión está hoy, y hay que atraparla por los pelos. Si el gobierno fracasa probablemente volveremos a alguna variante de una salida muy conocida, que suele llamarse “populista”: conformar a la mayoría con el pan y la fantasía, repartir lo que hay y lo que no hay, y hacer creer que se está construyendo un mundo en el que se podrá ser pobre y feliz.
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