La ambiciosa reforma tributaria con la que Trump ganó adeptos en su carrera victoriosa a la Casa Blanca, comenzaba con la derogación del sistema de salud u “Obamacare”. Sin haber logrado este objetivo aún, la reforma será relanzada en breve.
En 1986 –el año de las “reaganomics”– el presidente y ex actor de Hollywood, Ronald Reagan, impulsó y logró aprobar una reforma impositiva que reducía la carga sobre las empresas. Para ese entonces –30 años ha– la mayoría de las corporaciones tradicionales y las compañías estadounidenses ganaban la mayor parte de sus ingresos por ventas dentro de los Estados Unidos. Eso significaba que los legisladores no tenían que preocuparse demasiado por la diferencia entre las tasas corporativas e individuales o la forma en que se gravaban los ingresos extranjeros.
Cuando el Congreso norteamericano aborde la reforma que propone Donald Trump –probablemente a fin de año– lo hará en el marco de una economía muy diferente.
Hoy, la mayoría de las empresas norteamericanas están estructuradas como entidades en las que los propietarios pagan el impuesto sobre la renta regular –a menudo inferior al impuesto de sociedades– sobre sus ganancias. Los Estados Unidos tienen alrededor de un millón menos de empresas tradicionales que en 1986. Y a diferencia de entonces, las compañías en el índice Standard & Poor’s de quinientas acciones, ahora generan cerca de la mitad de sus ganancias de ventas fronteras afuera.
Estados Unidos es un caso extraño entre los países más desarrollados, ya que todavía cobra impuestos internos sobre los ingresos obtenidos en el extranjero, lo que lleva a las empresas a acumular alrededor de 2,6 billones de dólares en el extranjero en lugar de enfrentar la doble imposición. Eso explica, en parte, que la relación de inversión doméstica en los EE.UU. es hoy la mitad de lo que era en 1986.
Estos profundos cambios económicos han llevado a un consenso entre los partidos mayoritarios de que el sistema impositivo es un desastre, incentivando a las compañías a mover sus operaciones hacia ultramar, acumulando el efectivo off shore. Sin embrago, existe un amplio desacuerdo sobre la forma en que se debe cambiar el sistema, y dado el entorno político confrontativo actual entre los partidos, no hay garantía de que los cambios lleguen a hacerse.
Incluso muchos economistas demócratas están de acuerdo en que un cambio del esquema de impuestos corporativos es muy necesario. Pero no están de acuerdo con las aspiraciones de los republicanos que pretenden una tasa corporativa del 15 por ciento –la tasa federal actual es de 35 por ciento– a lo que suman la posibilidad de “repatriar” el dinero del extranjero a una tasa menor. Dinero para invertir en lugar de simplemente devolverlo a los accionistas mediante recompras de acciones y dividendos. También quieren asegurarse de que los recortes de impuestos para las empresas no vayan a parar al aumento del déficit.
A principios de año, el Presidente de la Cámara de Representantes había indicado que para 2017 utilizaría el procedimiento de “reconciliación presupuestaria” para promover las reformas fiscales. Esta mecánica está diseñada para facilitar la adopción de medidas legislativas para reducir el déficit y fue utilizado en numerosas ocasiones en la década de los ochenta y noventa para legislar acuerdos presupuestarios bipartidistas cuando la Casa Blanca y el Congreso estaban controlados por partidos diferentes. Este procedimiento también se ha utilizado cuando ambas instituciones han estado controladas por el mismo partido pero éste no tenía la mayoría de los sesenta votos en el Senado a prueba de tácticas dilatorias.
Un plan temporario podría empeorar las cosas, dicen los analistas, porque no daría a las empresas seguridad sobre sus cargas fiscales a largo plazo, algo necesario para crear el tipo de aumento de las inversiones que podrían impulsar el empleo, los salarios y el crecimiento económico. También podría no abordar otro gran cambio en la economía desde 1986: la reducción del ahorro y la inversión.
Según datos de la Tax Fundation, la inversión nacional representó el 10,4 por ciento del producto interno neto en 1986. En 2016, representó sólo el 4,8 por ciento. Esta es la razón por la cual muchos economistas sostienen que tal vez la parte más importante de cualquier paquete de reforma tributaria debería contemplar que las empresas puedan deducir más rápidamente el costo de las nuevas inversiones de capital.
