En el marco de la compleja situación internacional, en la que la atención mundial se
centra en la guerra de Rusia contra Ucrania y en la crisis de Gaza, en el último período el
tema de Nicaragua ha estado presente en importantes foros internacionales.
Informe del GHREN ante la ONU
El 30 de octubre de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe sobre la situación en Nicaragua.
El informe, que fue una actualización oral, denuncia un patrón de violaciones “graves, sistemáticas y generalizadas” desde 2018, por parte de la dictadura de los Ortega-Murillo.
El GHREN identifica crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y la represión política transnacional. Advierte que la dictadura ha concentrado el poder absoluto, desmantelando el Estado de derecho. Con más de 1.900
entrevistas y 9.300 documentos, el informe construye un sólido caso para que la comunidad internacional no solo observe, sino actúe.
El GHREN reafirmó sus sugerencias a los Estados miembros de la ONU, instándolos a:
Implementar acciones amplias que garanticen la protección de los nicaragüenses exiliados,
en especial de quienes fueron despojados de su nacionalidad o se les impide regresar al país.
Fortalecer el respaldo a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, así como a
los medios de comunicación y periodistas independientes.
Demandar que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por incumplir sus compromisos
internacionales, incluyendo la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Internacional de
Justicia por sus claras violaciones a la Convención de 1961 para Reducir los Casos de
Apatridia.
Intensificar las medidas legales y las sanciones individuales contra personas y entidades
señaladas como responsables de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa
humanidad. En abril pasado el GHREN identificó 54 personas que han desempeñado
funciones clave en las distintas modalidades que ha aplicado la dictadura, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y medios de
comunicación, las desnacionalizaciones y la confiscación de propiedades y activos.
Informe de la CIDH sobre situación de los pueblos indígenas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 30 de octubre el
informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua”. La CIDH advierte que la supervivencia física y cultural de estos pueblos
está gravemente amenazada. El informe documenta el patrón sistemático de invasión territorial por colonos armados. Al mismo tiempo señala las numerosas concesiones mineras, forestales y agrícolas otorgadas sin las debidas consultas a las poblaciones indígenas.
Las detenciones arbitrarias, las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos forzados se dan en un contexto de impunidad y complicidad estatal.
El debilitamiento de las autoridades indígenas, la militarización y la imposición de gobiernos paralelos, socavan la autonomía regional que las leyes nominalmente reconocen, pero que hoy es inexistente.
EE. UU.: posibles sanciones comerciales
El 20 de octubre, Estados Unidos, a través de un informe de su Oficina del Representante Comercial (USTR), señaló que Nicaragua ha cometido abusos graves: violaciones de derechos laborales y humanos, restricción de la propiedad, y el desmontaje del Estado de
derecho, lo que “carga” negativamente sobre el comercio con EE. UU.
Como consecuencia la Oficina recomienda sanciones comerciales a Nicaragua: suspender parcial o totalmente los beneficios de Nicaragua en el tratado DR-CAFTA y establecer aranceles de hasta el 100 % sobre sus exportaciones o en algunos productos.
Cualquiera de los escenarios que se deriven de la aplicación de alguna de estas medidas, tendrá muy serias en la economía nicaragüense que tiene su principal mercado en los Estados Unidos.
La responsabilidad de estas sanciones es exclusivamente de la dictadura Ortega-Murillo. Solo ella puede evitarlas si abre el camino hacia una verdadera transición democrática que
incluya reformas profundas del sistema electoral para garantizar elecciones libres, transparentes, justas y competitivas, con observación nacional e internacional.
La situación política en Nicaragua vuelve a captar la atención internacional, por la
profundización de la radicalización de la dictadura que ya venía gestándose desde
hace años. La entrada en vigor de la nueva Constitución, en febrero, marcó un hito
insoslayable. Con ella, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “legitimó” un modelo de poder concentrado, sin contrapesos institucionales y con un marco legal diseñado para
intentar perpetuarse indefinidamente.
Para la oposición y para gran parte de la comunidad internacional, esta medida representa la formalización de una especie de monarquía política, disfrazada de reforma constitucional.
La Constitución ha dejado de ser un marco para garantizar derechos y es ahora una
herramienta para blindar al régimen frente a cualquier tipo de cuestionamiento institucional.
La represión también ha adquirido un carácter más sofisticado y extendido. Uno de los signos más evidentes de la radicalización actual es que la represión ha cruzado una línea
interna: ya no se dirige únicamente contra opositores tradicionales, sino también contra figuras históricas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y contra funcionarios que han mostrado reservas sobre la dirección que ha tomado el gobierno.
En los últimos meses, varios miembros del sandinismo han sido apartados de sus cargos,
detenidos o sometidos a vigilancia estricta.
Algunos eran militantes de larga trayectoria que formaron parte de la estructura política durante décadas. Su caída en desgracia evidencia un clima de desconfianza creciente dentro del régimen.
Durante años, el sandinismo logró mantener la apariencia de unidad. Hoy, esa fachada se
desmorona. Las decisiones se concentran en un círculo cada vez más reducido, sin espacios
para el debate interno. El liderazgo de Ortega y Murillo opera sobre la base del control
personal, la lealtad absoluta y el silenciamiento sistemático de cualquier voz discordante,
incluso entre los suyos.
Las fuerzas democráticas de Nicaragua siguen trabajando por lograr una transición
democrática inclusiva, con justicia y libertad. A la comunidad internacional le
corresponde acompañar esta lucha mediante la aplicación de medidas políticas y económicas que contribuyan a ella y con la movilización de la opinión pública.
Publicado en Unamos, Boletín Internacional.
