La declaración del PJ santafesino que denuncia al juez Horacio Rosatti por ” traicionar no sólo los principios del justicialismo, sino también a la ciudadanía que alguna vez dijo representar”, y al juez Ricardo Lorenzetti diciendo :”Se trata de un ataque directo a la democracia, impulsado por sectores antipopulares que hoy utilizan a un Poder Judicial cooptado” explícita el grave problema de cultura política que tiene nuestra democracia.
La Corte Suprema esta para velar por el orden jurídico de la constitución, no para servir a los intereses de acumulación política de ningún partido. Y acá el problema.
Para el régimen democrático el orden jurídico de origen republicano se asienta en la constitución surgida del ejercicio del poder constituyente de convencionales electos popularmente.
La constitución es el contrato de convivencia para la vida en libertad, en paz que permite la lucha política para el logro de la igualdad y que limita el poder coactivo del Estado.
Las elecciones libres se llevan adelante con las garantías de la libertad de expresión y de asociación y de una ciudadanía con autonomía política para ejercer su derecho al sufragio.
A medida que escribo esto me acuerdo sin mayor esfuerzo de algunos hechos de estos últimos 25 años. La reforma inconstitucional del Consejo de la Magistratura nacional, de la ley de medios, de la persecución a periodistas, del fiscal Taiano que le secuestraron el hijo para que no recurriera una sentencia relativa a enriquecimiento ilícito del presidente del 2004, de las maniobras para la ampliación de la CS, del control qué desde 1983 tiene esta parcialidad política, en el Senado nacional para designar los jueces federales, del autoritarismo vigente en Formosa y Santiago del Estero donde no existe alternancia política posible ni control alguno sobre el poder ejecutivo.
Cuando se elimina la posibilidad de la independencia del Poder Judicial NO hay democracia posible. Se pierde el rol de control del cumplimiento del pacto de convivencia.
Los liderazgos no son superiores a la ley.
Las elecciones como expresión de la voluntad popular no reemplazan al orden jurídico democrático.
Todo lo contrario, se subordinan al derecho.
La corrupción del funcionario público es, a partir de la reforma de 1994, un delito que atenta contra el orden democrático. Por eso inhabilitación para TODOS los condenados en la causa Vialidad.
Considerar que la pertenencia política de un ciudadano que llega a juez lo obliga a fallar a favor de los miembros de esa comunidad política es considerar que por encima de la constitución esta la lealtad partidaria .
Esta es una distorsión indicativa de la falacia de la “unidad nacional” .
No tenemos las mismas convicciones democráticas y esta es la tarea pendiente.
Otra vez, como en 1983 hay que hacer pedagogía democrática si queremos evitar el retorno de la violencia militarista de los 70 y de la que producen los ingenieros del caos.
