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Opinión 24 12 2019

Emergencia Alimentaria: por más derechos y menos paternalismo


Autor: Javier Curcio









Dentro del paquete de medidas diseñadas por la gestión de gobierno entrante para hacer frente a la emergencia se incluye el “Plan Argentina contra el Hambre” impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS). Esa iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a la alimentación de todas y todos los argentinos, para que puedan acceder a una canasta de calidad, que incluya lácteos, verduras, frutas, carne y otro tipo de alimentos frescos.

El plan incluye entre sus instrumentos la implementación de una “Tarjeta Alimentar” mediante la cual se otorga una transferencia monetaria mensual a las familias, con asignación específica a alimentos y bebidas no alcohólicas. Los destinatarios de la tarjeta son: i) los niños y niñas de hasta seis años de edad que perciben la Asignación Universal por Hijo; ii) las embarazadas destinatarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) a partir de los tres meses de gestación y; iii) las personas con discapacidad que reciben la AUH.

La tarjeta implica la acreditación mensual de recursos por parte del MDS que no podrán ser extraídos en efectivo, sino que deberán ser utilizados para comprar exclusivamente alimentos o bebidas (con excepción de bebidas alcohólicas) en los comercios que se encuentren habilitados, mediante convenios implementados para tal fin. Se prevé que a través del seguimiento y análisis de esos consumos se orienten las elecciones de los hogares para favorecer la nutrición y reducir el consumo de hidratos de carbono y azúcares.

El Ministerio anunció que el otorgamiento de la tarjeta será automático a partir del cruce de datos con la ANSES y que las mismas serán personales e intransferibles, sin la intervención de organizaciones sociales ni intermediarios de ningún tipo. Su implementación estará a cargo del Banco de la Nación Argentina, excepto en los casos en que las provincias determinen que otro banco de gestión pública la administre.

La distribución se hará por etapas, comenzando por las jurisdicciones con mayores vulnerabilidades y alcanzando a alrededor de dos millones de destinatarios en una primera etapa inmediata. Luego se sumarán otros dos millones de destinatarios, completando alrededor de cuatro millones de personas vinculadas al programa. Su implementación comenzó con la entrega de los plásticos en la Ciudad de Concordia, en la Provincia de Entre Ríos.

La transferencia monetaria mensual será de $ 4.000 para las familias que tengan un solo destinatario en condiciones de elegibilidad, y de $6.000 para el caso de que tengan más de un destinatario. Estos recursos son adicionales a los que las familias perciben a través de la AUH y/o de la AUE, que se mantienen en los términos que vienen implementándose sin modificaciones. La tarjeta se define como un complemento integral alimentario.

Es claro que la nueva transferencia es una iniciativa auspiciosa en la medida que significará un alivio para la situación de los sectores más castigados de la sociedad. Más allá de ello, a partir de lo descripto y de los datos difundidos puede señalarse que la Tarjeta Alimentar tal como está diseñada no genera ningún beneficio adicional al que supondría un incremento del monto de las asignaciones universales ya existentes para estos grupos (destinatarios de la AUH, de la AUH discapacitado/a y de la AUE) que se oriente al cumplimiento de los objetivos buscados. En cambio, la propuesta implica una serie de dificultades y retrocesos en el debate relacionado con el diseño e implementación de las políticas sociales que puede resumirse en los siguientes puntos:

  • La Tarjeta Alimentar en complemento con la tarjeta correspondiente a la AUH, AUH discapacitado y/o AUE supone una duplicación de esfuerzos administrativos por parte de las distintas áreas del Estado (MDS, ANSES, Banco de la Nación Argentina y bancos provinciales) que podrían concentrarse en una única cuenta bancaria y tarjeta magnética correspondiente. Ello favorecería además el monitoreo y evaluación de las prestaciones, así como el análisis de su impacto sobre los objetivos perseguidos. La asignación específica además deberá ser implementada a través de mecanismos de convenios entre el MDS, las provincias y los comercios para garantizar su cumplimiento adecuado, con sus correspondientes costos de transacción.
  • La mencionada duplicación también constituye dificultades para la administración de los recursos por parte de las familias. Los hogares elegibles para el nuevo programa deberán administrar los recursos de dos cuentas bancarias y, considerando que el dinero es fungible, se verán incentivados a utilizar los fondos de la nueva tarjeta para consumir los alimentos comenzando por esos recursos y reservando los de la AUH y otros ingresos familiares para otros consumos.
  • La asignación específica a alimentos y/o bebidas no alcohólicas dificultará la posibilidad de implementar los consumos de las familias en los denominados comercios de cercanías, que tienen mejores condiciones de acceso para las familias más vulnerables. Ello incluye a los comercios relacionados con la venta de carnes, verduras y frutas frescas, que constituyen los principales bienes que desde los objetivos del programa se pretende fomentar. La implementación de la tarjeta alimentaria en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión del ahora ministro nacional Arroyo como Ministro de Desarrollo Social provincial entre 2007 y 2013 mostró importantes dificultades de implementación en este sentido.
  • Adicionalmente a los problemas de implementación y procedimiento mencionados, la asignación específica dispuesta puede interpretarse como un retroceso en el debate respecto del sentido y el rol “paternalista” del Estado para orientar los consumos de las familias más vulnerables. En contra de los prejuicios ampliamente instalados en diversos sectores de la sociedad, la evidencia empírica muestra que las familias que cuentan con recursos, en general eligen de manera adecuada sus consumos alimentarios, y las carencias nutricionales se asocian a la escasez de los fondos disponibles y no a la libertad de sus elecciones.
  • Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) que vienen implementándose desde hace más de veinte años en la gran mayoría de los países de la región latinoamericana, fueron orientándose hacia transferencias de libre disponibilidad en el destino de los recursos, junto con condicionalidades o corresponsabilidades en relación con la prestación de ciertos servicios de los destinatarios (en general vinculados con la educación, la salud, la nutrición, pautas de crianza, etc.) pero dejando a las familias escoger libremente sus consumos. Durante los últimos años incluso esas corresponsabilidades están siendo revisadas en muchos países, en virtud de la carencia de oferta de servicios por parte del Estado en muchos casos y la doble penalización que implica excluir de las prestaciones a los grupos sociales más desfavorecidos que además de no contar con ingresos no tienen la oportunidad de acceder al sistema educativo, a las prestaciones médicas oportunas, etc. Hasta el momento no hubo declaraciones respecto de la exigencia de cumplimiento de las condicionalidades de la AUH para mantener la Tarjeta Alimentar. En cualquier caso, sería deseable que la nueva gestión de gobierno profundice el debate tendiente a la flexibilización y/o automatización de esos requisitos para dejar de penalizar a los más vulnerables y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
  • Por otra parte, la Tarjeta Alimentar también implica un retroceso en el proceso de ampliación de la autonomía financiera de las familias, que con cuentas bancarias de libre disponibilidad pueden acceder a otros servicios financieros en post del cumplimiento de sus necesidades; y las estigmatiza reservando recursos que solo podrán disponer en relación con ciertos consumos en ciertos comercios adheridos al programa.
  • Los PTMC en toda la región latinoamericana vienen generando ampliación de derechos a ingresos familiares bajo diferentes modalidades, que en la Argentina tienden a garantizar un ingreso mínimo para la niñez. A partir de un proceso complejo que comenzó a generarse en noviembre de 2009, la AUH en complemento con las AAFF contributivas y la cobertura de ingresos que constituye la deducción por hijo del impuesto a las ganancias, busca universalizar un derecho a un ingreso mínimo para la niñez en el país combinando las iniciativas mencionadas. La fragmentación existente implica esfuerzos importantes de armonización de topes, definición de montos y condiciones de entrada y salida a las distintas prestaciones que fueron avanzando durante los diez años de implementación de la AUH en el sentido de reducir las inequidades y garantizar ingresos adecuados. La Tarjeta Alimentar rompe con esta lógica y pondera con mayor peso al primer hijo, dejando al resto con menor capacidad de protección. Si se identifica que los niños de ciertos grupos requieren de una prestación adicional en función de sus características nutricionales, la implementación de un plus de ingresos proporcional a cada hijo dentro del marco de la AUH, AUH discapacitado y/o AUE constituiría una respuesta superadora a la iniciativa del gobierno también en este sentido.

En complemento con el debate relacionado con las características de la nueva tarjeta debe destacarse la necesidad imperiosa de resolver el sostenimiento de su poder adquisitivo, armonizado con el de la AUH, la AUH discapacitado/a, la AUE y las asignaciones familiares contributivas frente al proceso inflacionario en marcha. La movilidad automática aplicada hasta este momento y suspendida por 180 días actualizaba estas prestaciones con una ponderación del 70% relacionada con el aumento de los precios (desfasado un semestre), y el 30% restante se vinculaba con la evolución del salario real. Este segundo componente, heredado de las características de las prestaciones jubilatorias, generaba el deterioro del poder adquisitivo de las familias más vulnerables en situaciones de caída de las remuneraciones y debería ser modificado.

En reconocimiento de la emergencia y considerando la evidencia disponible y los avances en el debate sobre las políticas sociales en el país y la región, es imperante priorizar la implementación de mecanismos que den previsibilidad y sostengan el poder adquisitivo de estas prestaciones, procurando la ampliación de los derechos. Decisiones acertadas en este sentido resultan imprescindibles para resolver las necesidades de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y tender a garantizar el cumplimiento de todos los derechos del niño en el país.