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Opinión 25 11 2019

Las nuevas interrupciones democráticas en Latinoamérica, entre lo legal y lo legítimo


Autor: Julián Álvarez Sansone









La renuncia del expresidente del Estado Plurinacional Bolivia Evo Morales el pasado domingo 10 de noviembre luego de las Fuerzas Armadas de aquel país le sugirieran que renuncie a su mandato presidencial ha motivado un profundo debate continental sobre la existencia o no de un golpe de Estado.
La historia latinoamericana ha demostrado en más de una oportunidad que el debate no es ni semántico ni académico, sino político. Lamentablemente, la discusión ha caído en un terreno político ideológico y no en un terreno académico y técnico mediante el cual se pueda diferenciar qué es un "golpe", qué es un "golpe de Estado" y qué es un "golpe militar". Curiosamente, muchas veces quienes llevan adelante un golpe no suelen usar esa terminología, y en muchos casos lo hacen para "normalizar" o "pacificar" el país y posteriormente llamar a elecciones.
Uno de los casos más emblemáticos fue el golpe de Estado en Chile llevado a cabo el 11 de septiembre de 1973 para derrocar al presidente Salvador Allende. En esa oportunidad el diario El Mercurio (el más importante de aquel país y con una postura abiertamente opuesta a la de Allende) tituló en su portada del día posterior "Junta Militar controla el país" (evitando al utilización de la palabra "golpe"). Hoy en día es indudable que aquel suceso que interrumpió el orden constitucional de aquel gobierno de izquierda en 1973 fue un golpe de Estado.
Para muchos latinoamericanos, imaginar o recordar un golpe de Estado está relacionado a la figura de algún militar del siglo XX, generalmente,  destituyendo de manera directa a un presidente electo y en muchos casos cerrando el Congreso por tiempo indeterminado, prohibiendo partidos políticos y sindicatos. Además, se censuraban medios de comunicación y, en muchos otros casos, también se arrestaban personas, se las torturaba o se las hacía desaparecer. Casos de esta índole se dieron en Argentina (con Videla), en Chile (con Pinochet)  y en Paraguay (con Alfredo Stroessner), entre muchos otros.  
En una noticia publicada recientemente en el diario El País, el prestigioso politólogo argentino Andrés Malamud explicó que un golpe de Estado no necesariamente deriva de un cambio de régimen, y que no todos los golpes tienen la misma ideología: los hay de derecha y de izquierda. También, los distintos golpes ofrecen interpretaciones diversas: hay golpes universalmente repudiados (como el de Pinochet en Chile), y hay golpes universalmente celebrados, como la Revolución de los Claveles que puso fin al autoritarismo en Portugal el 25 de abril de 1974.

Ahora bien, parece que estamos viviendo un período de retroceso democrático en América Latina. Los derrocamientos de Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff (2016) parecían "golpes" de un nuevo tipo (quizás de índole más institucional o legal), por eso muchos académicos e intelectuales solían hablar de "golpes blandos" (mediante los cuales no intervienen los militares y se hacen según criterios establecidos en las Constituciones  Nacionales). Los casos como los de Brasil y Paraguay (los casos de Dilma y Lugo, respectivamente), fueron en algún punto "derrocamientos constitucionales" ya que se trataba de impeachments, mediante los cuales el poder legislativo vota la destitución del presidente en ejercicio debido a causas particulares, como casos de corrupción. 
En estos tres casos mencionados (Manuel Zelaya, Dilma Rousseff y Fernando Lugo) se intentó mantener cierta "legalidad" para que el mundo no condenara la ruptura institucional del orden democrático. ¿Qué tienen en común estos derrocamientos, a los cuáles se le puede agregar el de Evo Morales? Que fueron gobiernos populistas que parecieron encantar a las masas con políticas inclusivas pero por alguna razón (causas de corrupción, fraude electoral, pérdida de apoyo de actores políticos o pérdida de apoyo social, etcétera) desencantaron al pueblo y eso ayudó a acelerar o impulsar sus caídas.
Retomando uno de los primeros puntos, es necesario aclarar que discernir si hubo golpe de Estado en Bolivia no es una cuestión de semántica o no. Según expresó en un medio el Doctor en Ciencias Políticas Julio Leónidas Aguirre, para hablar de golpe de Estado se deben dar tres situaciones: 1) interrupción del mandato de un presidente; 2) el procedimiento para hacerlo no debe seguir los caminos constitucionales; 3) las fuerzas de seguridad deben ser un actor necesario en el derrocamiento.
Sobre los primeros dos puntos, dicho autor considera aconsejable diferenciar entre legal y legítimo. Lo primero depende de la Constitución y las normas vigentes, lo segundo depende de la política. Para algunos analistas, el derrocamiento de Dilma Rousseff (o el de Lugo en Paraguay)  fue legal, pero no fue legítimo.  Para el caso boliviano, si bien existen muy buenos argumentos para disputar la legitimidad de la tercera elección de Evo Morales (quien buscaba su cuarto mandato), y también  hay buenos argumentos para advertir ciertas violaciones a los principios institucionales  vigentes con respecto a esta cuarta elección y a los comicios celebrados el 20 de octubre, este último mandato de Morales (estipulado hasta enero de 2020) era legal y debía ser interrumpido constitucionalmente a partir de una revocatoria popular o un juicio político iniciado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (artículos 161 y 184 de la Constitución Boliviana). Dicho esto, está claro que se interrumpió un mandato legal y se hizo por fuera de los medios constitucionales, pese a que para muchos tal derrocamiento sea legítimo.
Con respecto al tercer punto, es necesario remarcar que la violencia política ha sido desarrollada en el Estado Plurinacional de Bolivia mediante actores civiles, con un bajo grado de coordinación. Hasta allí, todo parecía indicar que hubo una insurrección popular de ciertas masas de ciudadanos. Para poder evaluar si hubo o no un golpe, debería investigarse el accionar de las fuerzas de seguridad (la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas).
Sobre estas fuerzas, es importante mencionar que el acuartelamiento de la Policía y los comunicados públicos por medio de los cuales tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas le "sugieren" al Presidente Evo Morales que renuncie, deben ser vistos como una ruptura explícita dentro de la cadena de mando y una declaración de rebeldía ante la autoridad presidencial (el cual es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas). Si entendemos a la renuncia como consecuencia de dicha "sugerencia", es difícil no asociar a estos sucesos con los acontecidos en la política latinoamericana durante el siglo pasado, en donde las fuerzas de seguridad eran un actor de veto dentro del escenario político.
A lo recientemente mencionado, habría que agregarle que diversos actores políticos de relevancia  (Vicepresidente, Presidente de la Cámara de Diputados y Presidenta de la Cámara de Senadores) debieron renunciar debido a hechos de violencia contra su integridad física, la de sus familiares y sobre sus bienes personales. Estos hechos no pueden desvincularse  de la falta de garantías que le proporcionaban las fuerzas de seguridad. En otras palabras, no fueron los propios militares quienes atentaron contra la clase gobernante, pero sí quienes probablemente permitieron dichos atentados contra los funcionarios, sus familias y sus bienes personales.
En conclusión, podría pensarse que en el Estado Plurinacional de Bolivia hubo un golpe de Estado con algunos matices particulares: no fue un golpe militar dado que técnicamente el principal actor del derrocamiento fue el pueblo boliviano, el cual actuó en algunas ciudades con una posible complicidad de las fuerzas de seguridad (las cuales ya no respondían al presidente Morales).  En sintonía con lo que planteó Lilia Puig en este mismo medio, también podría pensarse que esta compleja situación boliviana se asentó en la progresiva pérdida de legitimidad de la institución presidencial a partir de la desacreditación del plebiscito que le debió negar a Morales el derecho a una tercera reelección, la cual fue autorizada mediante cierta manipulación del Tribunal Supremo, organismo que le permitió  participar de los irregulares y polémicos (por no decir "fraudulentos") comicios considerando su reelección como un "derecho humano".
En sintonía con un artículo de Damián Andrada, podría pensarse que el gobierno de Evo Morales fue una experiencia transformadora con un sujeto político colectivo, plebeyo y revolucionario. Ahora bien, ¿Por qué muchas personas que acompañaron dicho proceso terminaron apoyando su caída (o por lo menos, no cooperando para mantener al ex presidente en el poder)? Sobre esto habla Rita Segato, quién explica que el gobierno de Evo se fue erosionando por las propias (malas) decisiones de su líder. También, a partir del análisis de los sucesos ocurridos en la región, podría creerse que  las fuerzas de seguridad son como diques que sostienen los gobiernos o permiten su hundimiento. En el caso de Bolivia permitieron el hundimiento de Evo Morales, pero en Chile, Venezuela y Ecuador lograron sostener a sus mandatarios en el cargo pese a que existieron violentas protestas sociales que hicieron tambalear a ciertos mandatarios.
Por último, es necesario recordar las ideas del filósofo inglés John Locke (1632-1704) quien sostenía que ningún gobierno es legítimo sin el consentimiento de los gobernados y ese consentimiento, según planteaba, sólo podía ser expresado mediante una decisión mayoritaria.  Si bien no hay fechas concretas, se sabe que pronto habrán elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia. Aún no se sabe si el ex presidente Evo Morales podrá ser candidato, lo que sí se sabe es que los bolivianos tendrán pronto la posibilidad de elegir nuevamente qué camino  (y qué presidente) quieren para su país mediante herramientas democráticas, legales y legítimas como las elecciones.