Se cumple medio siglo del golpe de Estado que inauguró la sangrienta Dictadura de Videla y Massera. Pese al paso del tiempo las heridas continúan abiertas. Una de las grandes razones de que la brecha no se cierre es la figura del desaparecido, que no permite a las familias de las víctimas terminar su duelo. Este método siniestro y sistemático de la Dictadura hizo que Argentina inscribiera en los tratados de derechos humanos de todo el mundo la figura penal de la desaparición forzada de personas.
El Terrorismo de Estado ya había comenzado en el tercer gobierno peronista. Fue una respuesta salvaje e ilegítima a la violenta locura guerrillera. La paraestatal Alianza Anticomunista Argentina sembraba terrorismo no sólo contra los grupos extremistas de izquierda, sino también contra opositores políticos. La primera víctima fue el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen que el 16 de noviembre de 1973 salvó milagrosamente su vida de una bomba que colocaron en su automóvil. Se calcula que la Triple A asesinó a 1000 personas y realizó 3000 atentados con bombas.
El terrible clima de violencia política que vivía Argentina en 1975, entre ataques guerrilleros a cuarteles militares, y los asesinatos y bombas de la Triple A, creó un clima ideal para
justificar el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas alegaron que violarían la Constitución Nacional para salvar a la Patria del peligro guerrillero. La realidad era otra, ya que cuando se produjo la asonada militar la guerrilla ya estaba derrotada. Y además muchísimas víctimas de la Dictadura pertenecieron a partidos políticos democráticos como la Unión Cívica Radical, que siempre rechazó la violencia política. El diputado radical Mario Abel Amaya fue detenido el 17 de agosto de 1976 y falleció por las torturas a las que fue sometido. El dirigente radical y abogado Sergio Karakachoff fue secuestrado el 10 de septiembre de 1976 y fusilado junto a otro militante radical Domingo Teruggi.
Miguel Ángel Pisarello, quién fuera senador radical fue secuestrado y asesinado el 24 de junio de 1976. Luis Aredez, médico e intendente radical de Libertador General San Martín en Jujuy, fue secuestrado y asesinado en 1977.
Actualmente sigue la polémica sobre la Dictadura y tiene repercusión internacional, el Director de la Casa Argentina en París Santiago Muzio hizo retirar recientemente una placa de homenaje a los argentinos desaparecidos. La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, denunció la medida alegando que Santiago Muzio, nombrado por el gobierno de Milei, integra grupos ultraconservadores que reivindican a la Dictadura argentina.
Así cómo Argentina significó el leading case en materia de desaparición forzada de personas, también fue un caso único en el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, gracias a los decretos de Raúl Alfonsín que crearon la Conadep, el Juicio a las Juntas, y a las cúpulas guerrilleras.
El pacto democrático de estos acontecimientos es un activo argentino que no puede ser denigrado, y que significa que nunca más puede existir violencia política en nuestro país.
