“Uno menos, hay que matarlos a todos”, se regodean los abanderados del Orden. “Pobres muchachos, son víctimas del sistema”, replican los neo-abolicionistas. Una ecuación de suma cero: los homicidios no disminuyen, los asaltantes matan y mueren. El gran ausente es el Estado.
Antes no era así. La Argentina, un país pacífico, pudo darse el lujo de ser uno de los primeros países abolicionistas. La pena de muerte fue desterrada en el Código Penal de 1921, un modelo de progresismo político-jurídico. Y de convivencia en una idea común: el proyecto fue preparado por el conservador Rodolfo Moreno, votado por el Congreso y promulgado por el presidente radical Hipólito Yrigoyen.
Cuando el país rompió su propia Constitución, volvieron los fusilamientos. Una atrocidad que castigó a algunos anarquistas en los años treinta. En esa década nació la picana eléctrica. El peronismo desterró los asesinatos marciales aunque mantuvo los tormentos En 1955 volvieron los fusilamientos. Otra dictadura, instalada en 1966, fue la primera que se atrevió a disolver los partidos, vender sus comités y liquidar el pensamiento (por eso miles de docentes abandonaron las universidades nacionales). Su inaudita intolerancia y el espíritu de época desencadenaron niveles de salvajismo que la nación nunca había vivido en el siglo XX. El peronismo ajustó su interna a balazos y la dictadura de Videla abochornó al mundo con un plan criminal que desaparecía personas, las torturaba, las asesinaba y se deshacía de los cuerpos para agregar cobardía a la masacre. La Argentina dictatorial mostró que el Estado podía –y hasta debía– ejecutar personas sin juicio ni condena. Se enseñaba, desde la cúpula del Estado, que la vida no tenía valor.
Los argentinos, que habían reaccionado bravíos ante los primeros secuestros, quedaron adormilados.
Pobreza y delito
El peronismo menemista fundó la década del noventa con dos premisas: modernización de la infraestructura y exclusión social. Millones de argentinos fueron notificados que ya no eran necesarios. Debían limitarse a extinguirse en una agonía silenciosa para no molestar.
Algunos obedecieron y murieron calladamente. Otros salieron a revolver tachos e inmundicias ajenas en un desesperado intento por sobrevivir. En algunos barrios se organizaron para la protesta. Como no tenían trabajo, no podían parar la producción. Imaginaron entonces frenar la distribución: así nacieron los piqueteros. A muchos no les alcanzó: no pensaban dejarse morir, ni revolver basura ni les atrajo la movilización. Su rabia los inundó, decidieron hacerle pagar a la sociedad la brutalidad que recibían. Y salieron de caños.
La sociedad desarticulada en los setenta, se desmembró en los noventa. Ahí explotó el bandidaje, esa protesta social sin contenido político.
Las cifras son claras. Ahí donde abunda la desigualdad, se multiplican las violaciones a la convivencia. El delito sobresale en los morros de Caracas (una tasa de 119 homicidios intencionales con armas de fuego cada cien mil habitantes), San Salvador (108), Acapulco (104). Esa tasa puede compararse con los países más igualitarios: Finlandia, Noruega, Islandia, Suiza comparten una tasa de 0,1. Suecia, Dinamarca y Estonia el 0,2. El principado más rico del mundo, Mónaco, tiene, previsible, cero asesinatos, igual que Liechtenstein y Luxemburgo. ¿Son países con poca población? Pues bien, Italia, Holanda y Alemania comparten 0,3; España y Japón 0,4 homicidios cada cien mil habitantes (datos de 2015 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Las cifras de Argentina confiesan 6,6. Casi el mismo número que Haití (6,9). ¡Veinticinco veces más homicidios en la Argentina que en Italia!
La última década ha dedicado más recursos a los núcleos con necesidades insatisfechas, ¿por qué entonces no cede la violencia? Aquí aparece la responsabilidad kirchnerista. En primer lugar, por desestimar (en el mejor de los casos) la inmensa capacidad de penetración del tráfico de drogas. Los expertos aseguran que las cocinas y producción local se extendieron durante la última década. Es indudable que el negocio de estupefacientes crece a escala mundial. Pero también es cierto que su intento de penetrar el Uruguay fracasó mientras en la Argentina tuvo éxito. Y que en la cúpula del poder se rechazaron sistemáticamente iniciativas para enfrentar la expansión narco.
En materia social, los recursos destilados hacia las familias más vulnerables no ofrecían ninguna posibilidad de recorrer un camino hasta abandonar la vulnerabilidad. Un pecado venial, la deliberada omisión de un bien mayor. Ayuda a cambio del alma para levantar el mínimo sin poder salir de él y de paso, garantizar la fidelidad del voto con la amenaza (escandalosa en la última campaña presidencial) de “Si yo me voy, te sacan el plan”.
El pecado grave de nestorianos y cristinistas fue su mensaje. Desde el vértice del poder político se denigró al Otro, se desconoció su derecho y hasta su pertenencia a una sociedad plural. Las palabras, los conceptos, las propuestas que descienden desde el vértice del poder político crean un ethos. Si el Otro es despreciable, bien puede ser desechable. Tan desechable como los propios descastados que viven su propia marginalidad.
Por lo tanto: injusticia social, desprecio por la vida, cosificación del Otro, policía infiltrada por el delito, política municipal vinculada al delito. Si a esto se suma la irrupción de la droga y el escandaloso silencio del gobierno K sobre su capilaridad social y estatal se llega a la peor herencia. Una amiga lo sintetiza así: “durante el kirchnerismo la clase media se embruteció y la clase baja se bestializó”. Una exageración, sin duda. Pero…
Un burgués muy pequeño
La venganza encuentra argumentación cuando los ciudadanos sienten que el Estado falla. Mario Monicelli dirigió en 1977 una conmovedora película, “Un borghese piccolo, piccolo”, donde un joven inocente muere en un tiroteo ajeno. Los delincuentes actúan con máscaras y el sospechoso queda en libertad. Entonces, un pacífico padre se dedica a cazar a quien supone asesino de su hijo Ese hombre temeroso desciende a los infiernos del secuestro y la tortura como obligación póstuma hacia su hijo muerto.
El modelo inverso ocurrió en la Argentina. A partir de 1983, los padres y madres de jóvenes desaparecidos renunciaron a tomar venganza por mano propia. La razón: el Estado republicano que consagraba Alfonsín les daba confianza en las instituciones. La vida les dio la razón: no mancharon sus manos y los asesinos y torturadores están pagando su ferocidad. La condena a las Juntas Militares devino símbolo: y también futuro: el golpismo desapareció luego de medio siglo de tutela militar.
La mayoría de los pueblos –desde Estados Unidos a Cuba, de Medio Oriente a la Argentina– responden a las consultas y encuestas de modo brutal: en casi todas partes, las mayorías pretenden aumentar los castigos. Se entiende: son los pobres, los vecinos a los marginales quienes más sufren. En cambio, el divino progresismo suele habitar cómodos barrios con seguridad propia para los casos que la lejanía no disuada a potenciales atacantes.
Esto no quita valor al pensamiento liberal garantista. En rigor, el avance de la criminología se debe a un número muy pequeño de humanistas. Arranca con fuerza con el marqués milanés Cesare Beccaria, en su inmortal De los delitos y las Penas (1764) y crece con el espíritu tolerante de la Ilustración, la República y las democracias. Su éxito: desterrar la arbitrariedad, dar derechos a víctimas y sospechosos, eliminar fueros especiales.
El fin de la policía
El vigilante de la esquina fue, durante largos años, parte reconocida del barrio. Los vecinos lo conocían, lo saludaban y hasta le arrimaban pan dulce y una copita de sidra cuando estaban de consigna una Nochebuena. El vigilante respondía con eficacia: su presencia era suficiente disuasivo y, las pocas veces que se intentaba un delito, ahí estaba él para evitarlo o reprimirlo.
Relatos, cuentos y viñetas antiguos lo recuerdan. Los ladrones intentaban robar pollos –habitualmente las familias se ayudaban con gallineros alrededor de la construcción–. Al ser descubiertos, huían, mientras los robados, en ropa de cama, solían disparar con escopetas de perdigones que jamás daban en el blanco. Es decir, los ladrones eran pacíficos y los vengadores ineficaces.
Esto funcionó mientras la policía actuaba como parte de la comunidad y era vista como tal. Pero las dictaduras que asolaron la Argentina desviaron a comisarios, inspectores y agentes. Éstos comenzaron a tratar la resistencia de partidos, sindicatos, barriadas, estudiantes como blancos, identificándola con el delito. Ahí se auto colocaron –sin saberlo– en la categoría de enemigo del pueblo. La devolución llegó: se rompió el contrato entre pueblo y policía.
“Hop, hop, hop, hop”: La humillación pública a que las multitudes futboleras someten a la guardia de infantería cuando ingresa a las canchas tiene ese origen. No hay naciones en el mundo donde las multitudes se encolumnen detrás de barras bravas dedicadas a lucrar con los clubes que dicen adorar.
La disminución del delito es un desafío complejo que sólo puede enfrentarse con políticas de Estado compartidas, ejemplaridad desde el poder, reinserción de los excluidos en la sociedad que los expulsó, educación pública firme, mensaje cultural de respeto por la diferencia y, naturalmente, mucha mayor equidad. También con políticos decentes, jueces probos, policía incorruptible y una sociedad intolerante con la violación de las normas.
La justicia por mano propia no resulta: hace un cuarto de siglo, el ingeniero Horacio Santos escucho la alarma de su cupé Fuego. Estaba siendo despojado del pasacasete por vez número trece. Ciego de furia, persiguió a los dos jóvenes que habían robado y los ultimó a balazos. Santos fue condenado en 1995 a tres años de prisión en suspenso por homicidio con exceso en la legítima defensa. Aceptó pagar fuertes indemnizaciones a los deudos de los muertos, su empresa se disolvió y –lo más importante– él no quiso jamás volver a empuñar un arma.
