Fútbol para todos

Producto de una crisis económico-financiera de los clubes de futbol y de la no renegociación de los derechos de televisación por parte de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) con la empresa Televisión Satelital Codificada S.A. (TSC), el 20 de agosto del 2009 el Poder Ejecutivo Nacional, a través de quien era en ese momento su Jefe de Gabinete de Ministros (JGM), el Dr. Aníbal Fernández, firma un contrato de asociación, por un periodo de 10 años con la AFA para la transmisión y explotación de espectáculos de fútbol por televisión abierta. Así, la AFA cede los derechos de explotación audiovisual de los torneos de futbol a la JGM quien se obliga a la transmisión de forma abierta y gratuita. Para ese entonces, el Poder Ejecutivo no solo tenía como objetivo la prosecución del fútbol, sino también expectativas de ganancias con su comercialización. La Dr. Cristina Fernández de Kirchner, en la presentación de lo que después fuese el Programa Fútbol Para Todos,[1] señaló:[2] “…no concibo solamente al fútbol como pasión de los argentinos, es también una marca registrada de los argentinos en el mundo, es una industria muy importante, muy distintiva de nosotros, que no necesita ser subsidiada. He escuchado y he leído, en estos días, que el futbol iba a ser subsidiado por el estado, los que escriben esto saben que el fútbol es un negocio extraordinario que no necesita ser subsidiado, sino simplemente tener la oportunidad de participar en las ganancias que el mismo produce como evento deportivo …esa misma comercialización del producto, que ustedes hacen, es lo que va a garantizar el pago del mismo y estoy segura, además, va a exceder el contrato; por eso, hemos planteado que en lo que exceda el 50% será destinado a la AFA y el 50% a la promoción del deporte olímpico”.

Otros objetivos del contrato asociativo eran el saneamiento de las finanzas y el fortalecimiento de los ingresos de los clubes[3] y la instalación de un sistema de administración y control transparente por parte de la AFA. A través de la cesión de los derechos de explotación y comercialización de imágenes, sonidos, transmisión, etc. de los encuentros de torneo de futbol de la AFA a la JGM, sumado a la garantía de un ingreso mínimo anual para la AFA de $ 600.000.000, ajustable por periodo[4] se buscaba destrabar el conflicto en el fútbol argentino.

En el transcurrir del contrato y del programa Fútbol Para Todos se tomaron decisiones y se dictaron resoluciones y adendas que lo desfinanciaron y –contrario a los objetivos anunciados– profundizaron la crisis económica financiera de los clubes. Todo esto agravado por la falta de transparencia en la gestión y control del programa. Así surge de un informe de auditoría realizado por la AGN que abarcó desde el comienzo del programa hasta fin de 2012. Fue aprobado por Resolución 105/15 con cuatro votos favorables del Colegio de Auditores (los Doctores Despouy, Pernasetti, Nieva y Lamberto) y dos votos en contra (el Dr. Brusca y la Dra. Castillo). El informe señaló que:

• El contrato con la AFA no fue tramitado conforme el Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional (Decreto Nº 436/00).[5]
• La cifra de $600 millones que el Estado se obligó a pagar a la AFA a cambio de los derechos fue fijada sin realizar ningún análisis técnico que la justifique. Como antecedente, la empresa que venía explotando los derechos, TSC, había propuesto pagar $268 millones para el período 2009-2010. La AFA había buscado reformular el contrato y duplicar la cifra, pero el acuerdo no se concretó.
• Hubo discrecionalidad en las contrataciones y en los circuitos de compras y pagos (se eludieron las licitaciones y se abusó de mecanismos previstos para excepciones, como el legítimo abono, que permite al Estado pagar por servicios ya prestados sin mediar ningún trámite administrativo previo).
• El programa fue desfinanciado a partir de una decisión tomada por el Jefe de Gabinete en febrero de 2010 que resolvió (sin acto administrativo de por medio) ocupar exclusivamente con pauta oficial los espacios publicitarios de los encuentros televisados de fútbol, quitando así la posibilidad de recaudar a través de publicidad privada.
• La única empresa con la que se realizó un acuerdo (como espónsor de Fútbol para Todos) fue IVECO, y el pago recibido por el Estado resultó ser 75,76% inferior al pactado además de haber sido abonado en especie (se recibieron en 2010 camionetas por un valor total de $7 millones cuando IVECO debió haber abonado $28,88 millones).
• Los clubes[6] no llevaron a cabo medidas de saneamiento, pronunciando aún más su crisis económica, financiera e institucional.

Aprobada la auditoría señalada, la AGN incorporó, en su programa de acción anual, la realizacion de una nueva auditoría de gestión para el periodo 2013 al 2016, la que se encuentra en proceso. Desde el punto de vista presupuestario el programa significó para el erario publico una erogación de más $ 9.300 millones en siete años.

Cuadro Periodo 2009-2016 – Monto Pagado

Fuente: Sitio web del ciudadano/secretaria de hacienda/ejecución presupuestaria

Producto de las irregularidades señaladas, la ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María Graciela Ocaña, realizo una denuncia penal[8] el 26 de mayo de 2014, en la que fueron procesados tres ex Jefes de Gabinete que tuvieron a su cargo el programa Fútbol para Todos, Aníbal Fernández, Abal Medina y Jorge Capitanich,^[9]  a Juan Mariotto y Pablo Paladino como coordinadores del Programa. En efecto, la jueza María Servini de Cubría fundamentó su auto de procesamiento^[10] en las irregularidades de la contratación de IVECO (falta de licitación pública y de fundamentos para la contratación directa, falta de motivación y fundamentos del cobro en especie y el precio); las irregularidades en el pago a la Fundación “El Futbolista” equivalente al 2% de las sumas brutas totales que recibiera por el contrato asociativo la AFA; el visto bueno para que el contrato asociativo sirva de garantía para préstamos otorgados a la AFA; y falta de control del destino de los fondos públicos (por ejemplo, pago de la AFA a los clubes con cheques de descuento que beneficiaron a terceros en forma injustificada e ingresando al club un valor menor que el nominal).

La transmisión gratuita del fútbol y el apoyo económico-financiero de los clubes son discusiones válidas dentro del ámbito de las políticas públicas, pero –una vez decidido avanzar por ese camino– la instrumentación es clave; la asociación con la AFA no sólo incumplió los objetivos que el Estado se había propuesto sino que los fondos se manejaron de manera discrecional y no hubo control sobre las obligaciones de la contraparte. Por otra parte, desfinanciar intempestivamente el programa perjudicó económicamente al Estado que, habiendo iniciado el programa con la expectativa de autofinanciarlo y disponer de un excedente, terminó subsidiándolo entre 2009 y 2016 por más de $9.300 millones.