En 1991, luego de la aprobación de la Ley 24.012 de cupo femenino, la participación de mujeres creció considerablemente. Aquella ley estableció un piso de 30 por ciento de mujeres en las listas legislativas. Sin embargo, la aplicación del cupo femenino en el Senado se retrasó hasta 2001, año en que la elección comenzó a ser directa.
Hoy, en la Cámara de Diputados, luego de la elección legislativa de 2017, hay 98 legisladoras de un total de 257. Es decir, un 38 por ciento, mientras que son 30 las senadoras nacionales sobre un total de 72, es decir, un 41 por ciento. Más de 25 años para llegar al piso que establece la ley es mucho para un poder en que la mujer está más representada que en los otros dos restantes, los sindicatos y los partidos políticos.
En el poder ejecutivo nacional, los datos aportados por CIPPEC y ASAT (2016) sobre las autoridades del Sector Público Nacional (SPN) indican que solo un 22 por ciento de los cargos de funcionarios se encontraban ocupados por mujeres.
Según datos oficiales del Ministerio del Interior, sólo el 16,7 por ciento de las gobernaciones provinciales son dirigidas por una mujer y sólo el 9,5 por ciento de las intendencias están gobernadas por ellas.
En el caso del poder judicial, que cuenta entre su personal con una mayoría de mujeres, la situación no es más promisoria. En las Cámaras Nacionales y Federales, el cargo de camarista se encuentra ocupado, predominantemente, por varones. Como puede observarse en un Informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para 2015 era ostensible la disminución de la participación de las mujeres a medida que escalamos en la jerarquía. En los cargos de jueces la representación femenina disminuye hasta llegar a un 37,5 por ciento, y en el cargo de camarista sólo alcanza el 25 por ciento.
En el ámbito sindical la Ley 25.674 del 2002 (reglamentada por el Decreto Nº 514/03) que busca garantizar un piso de representación femenina del 30 por ciento en cargos electivos y comisiones negociadoras, establece que “se deberá contar con la participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadores de dicha rama o actividad.” En ese momento las mujeres afiliadas a sindicatos representaban el 31 por ciento del total, pero en la conducción sólo alcanzaban el 5 por ciento. En la actualidad los niveles de afiliación aumentaron y solo cuatro sindicatos cumplen con el cupo femenino, en tanto las mujeres están representadas sólo en 2 lugares de los 35 de la Confederación General del Trabajo (CGT).
En los partidos políticos, que en su conjunto registran más de 8 millones de afiliados, más de la la mitad son mujeres, pero las máximas jerarquías de los mismos están en manos de hombres.
Según datos del Proyecto ATENEA de ONU Mujeres y el PNUD, sólo el 28,2 por ciento de las instancias máximas de autoridad ejecutiva de los partidos políticos están ocupadas por mujeres; sólo 12,5 por ciento de los partidos incorporan en su carta orgánica principios de igualdad de género, y solo la mitad los incluyeron en sus plataformas electorales.
En 2017, la ley 27412, promulgada a través del decreto 1035/2017 estableció el principio de paridad de género en las listas de candidatos a legisladores nacionales y por el cual en 2019 la representación femenina subirá del 33 al 50 por ciento. El Instituto Nacional de la Mujer tiene a su cargo el control del cumplimiento de esta norma.
En este marco general de desigual distribución del poder entre varones y mujeres en la Argentina, un reciente estudio realizado por Agustina Gradin y Karina Iummato “No son las reglas, es violencia” (Fundeco; Julieta Lanteri; Fundación Ebert) aporta estos datos y conclusiones de un trabajo de investigación que encuestó a 517 mujeres militantes de diferentes partidos en todo el país.
En las conclusiones tenemos que: “La violencia psicológica es una de las manifestaciones más comunes de la violencia machista en el ámbito político. Pero al igual que la económica y la simbólica, está naturalizada y, por lo tanto, es la más difícil de denunciar por las mujeres. Este tipo de violencia implica deslegitimar a la mujer como actor político, socavando su confianza y pleno desarrollo personal mediante comportamientos hostiles y abusos, a fin de causar miedo o daño emocional.”
De los resultados de la investigación sobre violencia política se desprende que, en el 87,5 por ciento de los casos, el agresor no tuvo ningún tipo de sanción; en el 63 por ciento de los casos, ninguna otra persona intervino en el momento de la agresión, lo cual pone en evidencia la naturalización de la violencia contra las mujeres en política y la falta de concientización al respecto. Por otro lado, en el 65 por ciento de los casos la víctima no sabía si existía en su organización/institución, un protocolo de acción y prevención de la violencia contra las mujeres en política; y sólo el 6 por ciento de los casos realizó una denuncia penal sobre estos hechos de violencia sufrida. Dentro de este cuadro ha de destacarse que el femicidio – muy presente en nuestra vida cotidiana – no figura entre las agresiones sufridas por las mujeres en el ámbito político.
La investigación concluye en la necesidad de trabajar sobre tres aspectos fundamentales para prevenir y erradicar la violencia y la desigualdad en el ámbito político:
En primer lugar, impulsar el debate y la sanción de un proyecto de ley que incluya la violencia en la política dentro de la ley 26485, que garantice sanciones efectivas, y que promueva protocolos de actuación en cada ámbito político. A su vez, impulsar la paridad de género en los estatutos de los partidos políticos y en las alianzas electorales, facilitando a las mujeres la llegada a los lugares de dirección política de los mismos. En este sentido, los partidos políticos son los principales responsables en lograr la igualdad de género en política.
En segundo lugar, y fundamentalmente, realizar campañas de sensibilización y difusión, instalando en la sociedad en su conjunto, la necesidad de erradicar este tipo de violencia de género.
Por último, promover la participación de las mujeres en política, derribando estereotipos de género y facilitando su protagonismo en los diferentes ámbitos políticos, asumiendo más responsabilidades y cargos de poder.
Nuestro país ha avanzado, sin duda respecto de su pasado, pero vemos que todavía hay un largo camino por recorrer, tanto en la aplicación de la legislación vigente como en el consenso de más herramientas y políticas de igualación de género.
