Los españoles llevan más de 30 años discutiendo que hacer con los restos del dictador Francisco Franco, el mismo tiempo que dejaron pasar para resolver qué hacer con su historia. Y todavía están allí. De cuando en vez discuten que hacer con bustos y monumentos emplazados en distintas plazas públicas, mojones de la negra historia que no se animan a desempolvar. O exhuman tumbas colectivas en donde descansan cientos de miles de españoles que se cargó el régimen del “generalísmo”.
Él mismo nunca ordenó ser enterrado en el Valle de los Caídos, según sus parientes, para quien lo razonable hubiera sido enterrarlo en el panteón familiar en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, donde yace su viuda, Carmen Polo. La tumba de Franco está en la basílica del Valle de los Caídos, en un lugar que el derecho canónico reserva para papas y obispos.
Hoy, Franco dice presente en 317 calles de toda España; José Antonio Primo de Rivera, en 373, en tanto que 1171 calles de 637 localidades llevan el nombre de alguno de los personajes más importantes del franquismo. Tres de cada cuatro de estas vías están en municipios de menos de 2000 habitantes.
El Valle de los Caídos, es un monumento al triunfo de la dictadura que sojuzgó a España durante 35 años, construido entre 1940 y 1958, recauda 2 millones de euros por año como atracción turística. El propio Franco expresaba, en el decreto que anunciaba su construcción para honrar a los “héroes y mártires de la Cruzada” y su aspiración era que sirviera para que las futuras generaciones “rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor”. ¿Qué opinan las nuevas generaciones sobre esta historia? ¿Sobre la guerra civil? Los que rinden tributo y mantienen lozanas las flores de la tumba de Franco son personas ancianas o personal eclesiástico.
El nuevo jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido elaborar un proyecto de ley que transforme ese lugar en un lugar de memoria y reconciliación y no de celebración de la dictadura. Para ello, la tumba de Franco debería ir a Mingorrubio, con su viuda, asunto que no es tan sencillo, porque al estar sepultado en jurisdicción de la Iglesia, es ésta la que lo debe autorizar.
Esconder el trauma nacional de la Guerra Civil, primero con la necesidad de consolidar la democracia, luego con la borrachera del ingreso a la UE y más tarde con la abierta connivencia del PP, partido que alberga una pléyade de filofranquistas, no ha servido más que para postdatar el momento de enfrentar la verdad.
Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se promulgó la Ley de Memoria Histórica (2007) como forma de compensar a los perdedores del conflicto. El gobierno imponía la retirada de símbolos franquistas de las calles y se comprometía a facilitar los fondos para que los familiares de los desaparecidos pudieran buscar, desenterrar y despedir a sus muertos, entre otras medidas.
Pero la llegada al poder del PP, en 2011, trajo consigo la cancelación de los fondos destinados a aplicar la ley y un cambio de política que tenía como prioridad no “remover el pasado”. El resultado es que Franco y su obra campean en España como si de un prócer se tratara.
Transformar el Valle de los Caídos en un Centro Nacional de Memoria, no es una cuestión ideológica o partidaria, es cuestión de enfrentar con madurez la historia de los españoles y, sobre todo, de aventar cualquier intento de volver a cometer los mismo errores, aunque hoy parezcan remotos. No puede haber reconciliación mientras haya un monumento que consagre la victoria de un bando sobre otro en una guerra que partió familias, pueblos y ciudades en toda España.
