El congreso argentino ha perdido competencias propias desde diciembre del año pasado. La delegación legislativa en el ejecutivo realizada en nombre de la solidaridad ha reducido la capacidad para ejercer la representación de quienes no comparten la agenda de la coalición presidencial.
La restricción a la participación de los representantes de la oposición parlamentaria ha sido una constante en los gobiernos peronistas cuyos líderes entienden que las mayorías electorales habilitan el derecho a un ejercicio hegemónico en el gobierno del estado.
Por ello, la cooptación de los opositores ha sido también otra de sus prácticas. Sobran ejemplos. Pero, se destacan el uso kirchneristas de la transversalidad y de la reinterpretación de la historia para intentar vaciar, fundamentalmente, al radicalismo de sus símbolos contemporáneos. Destacan al presidente Alfonsín sin querer recordar que éste fue contrario a la guerra de Malvinas y que ellos fueron adversarios cuando el valiente presidente encaraba su reconocida política de derechos humanos o las batallas contra el pago perentorio de la deuda externa argentina.
La gestión parlamentaria se lleva a cabo entonces bajo estas condiciones que señalan que seguimos en una transición de régimen político donde las respuestas a la crisis económica pueden dar lugar al socavamiento del estado democrático de derecho.
Instrumentos de política que en una democracia estable sólo tienen efectos económicos en esta situación también los tienen sobre la institucionalidad política y pueden terminar con la división de poderes y otros recursos republicanos.
Los demócratas en el congreso tienen la obligación de comprender que hay integrantes muy organizados de la coalición de gobierno que sólo aspiran a modificar la legalidad para obtener impunidad por los delitos cometidos y continuar con sus prácticas hegemónicas y prebendarias. Deben entender que detrás de su discurso redistribucioncista se esconde la construcción de una institucionalidad nueva que les permita apropiarse también, aunque sea parcialmente, del sistema de decisión judicial y profundizar así prácticas patrimonialistas que intentaron ser amortiguadas por la conformación del Consejo de la Magistratura.
Los demócratas que nos representan deben entender que las ambigüedades de la reforma constitucional de 1994 que dieron lugar a la falta de decisión constitucional sobre muchos problemas institucionales tal como la composición del Consejo de la Magistratura o los alcances de la Jefatura de Ministros fue resultado de este conflicto de régimen que nos sigue acompañando.
Los legisladores que no se suman a perspectivas hegemónicas en el uso de las instituciones de gobierno tienen la obligación de comprender en cada caso los alcances institucionales de sus decisiones.
La supervivencia de nuestra democracia está ligada a una débil institucionalidad política del estado federal. Su socavamiento nos puede llevar al sometimiento a los intereses particulares de quienes ejercen despóticamente el poder. Las provincias de Formosa y Santiago del Estero son ejemplos extremos de ello pero no los únicos. Ese es el espejo en que deberían mirarse los legisladores que, también, deberían abstenerse de aceptar o de proponer proyectos legislativos que pueden dar lugar reformas institucionales encubiertas.
Mientras no estén en retirada quienes en nombre de la “nación” o del “pueblo” solo aspiran a la hegemonía la tarea fundamental de nuestros representantes es la de custodios del orden político institucional de la democracia liberal y del federalismo, base de toda aspiración de desarrollo económico y social.
