El lunes 24 de febrero, desde Madrid, Telefónica informó haber dejado el país. No pidió la obligada autorización previa del Enacom para transferir sus frecuencias de telefonía celular. La noticia tomó por sorpresa al gobierno, a los inversores interesados y al mercado.
Enacom, ente regulador de las comunicaciones, tiene el mandato de “regular y promover la competencia” (Ley Argentina Digital).
La fusión Telecom-Telefónica produce un nivel de concentración inédito. En Internet fija, la nueva Telecom tendría el 72% del mercado en CABA. En Neuquén, el 87%. En telefonía móvil, el promedio nacional sería del 60%, con el 76% en CABA. En TV por cable, en el AMBA, supera el 70%.
Además, existe un límite legal de 140 MHz en la tenencia de frecuencias por operador (los caminos del aire), para asegurar la presencia de al menos tres competidores. Telecom ya alcanzó ese tope, por lo que no puede adquirir los 130 MHz de Telefónica. La operación no debió haberse cerrado sin previa autorización. ¿La omitieron sabiendo que no podría ser concedida? ¿Temían que esas frecuencias volvieran al Estado para ser licitadas a un nuevo jugador?
La reacción oficial no se hizo esperar. Ese mismo lunes, la Oficina del Presidente objetó la operación. Días después, Javier Milei fijó su posición en un tuit que mantiene anclado: “Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas… No vamos a dejar que esto suceda”.
El 19 de junio, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió un Informe preliminar de Objeciones, señalando que la operación podría “restringir o distorsionar la competencia”, afectando el interés económico general. El Enacom advierte que: “En los países más relevantes de la región, en ningún caso la cantidad de operadores … es menor a 3”.
Casos similares muestran cómo actuaron otros reguladores. En EE.UU., se aprobó este mes la fusión entre T-Mobile y US Cellular, porque se mantiene una competencia pareja con Verizon y AT&T, más otros prestadores con el 10% del mercado. En 2025, el Reino Unido aprobó la fusión de Vodafone y Three UK, porque quedaron tres operadores con peso.
En Indonesia, en cambio, se vetó la unión entre Telkomsel y Axiata, para no pasar de cuatro a tres prestadores.
El consenso global es claro: con sólo dos operadores móviles, no hay competencia real ni incentivos a la inversión. Además, si un operador supera el 50% de participación en Internet o TV por cable, los reguladores suelen intervenir con obligaciones específicas para preservar la pluralidad.
La decisión en Argentina está en manos del Enacom. No se cumplieron las obligaciones previas para aprobar la fusión. Tiene las facultades jurídicas para rechazar la compra o reformularla, para garantizar que haya al menos tres operadores móviles. Las frecuencias móviles de Movistar, con sus clientes, podrían ser adquiridos por un nuevo actor, sin vínculos ni con Telecom, ni con Claro, para mantener el equilibrio competitivo que necesitan los usuarios.
En los servicios fijos —Internet y TV por cable— la fusión permite a Telecom ser el único prestador que puede ofrecer el codiciado “cuádruple play” (telefonía móvil, fija, Internet y TV), en todo el país. No es un beneficio menor. Pero si esta posición supera el 50% en ciertas zonas, una solución puede ser la cesión obligatoria de clientes excedentes a otros prestadores.
Estamos ante una definición estratégica. Lo que se decida ahora modelará el ecosistema digital del país para la próxima década. En tiempos de inteligencia artificial, una infraestructura robusta, eficiente e inclusiva es más vital que nunca. La competencia no es un lujo para los usuarios: es una necesidad.
Publicado en Perfil el 21 de julio de 2025.
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