Las democracias occidentales y la oposición cuestionan el estado de derecho en Venezuela. Mientras tanto Maduro se muestra cada vez más implacable. Frente al controvertido desenlace de la última contienda electoral, surge la pregunta: ¿es este un capítulo más en la simulación de una república, o el último?
Tres hitos clave de un proceso electoral invalido
En los más de diez años que lleva en el poder, Nicolás Maduro ha ido perfeccionando una estrategia de simulación democrática en Venezuela, donde las instituciones y procesos republicanos son utilizados como fachadas para consolidar el poder autoritario. Pero su proclamación como presidente para un nuevo mandato, el pasado 29 de julio, fue el resultado de un proceso tan burdamente irregular que socava cualquier pretensión de legitimidad. Tres hitos clave lo demuestran.
- Proclamación de Nicolás Maduro como Presidente (29 de julio de 2024). Un día después de que se completara el sufragio, el 29 de julio de 2024, el Consejo Electoral Nacional declaró a Nicolás Maduro presidente electo con el 51,2% del 80% de los votos. Nunca se dieron a conocer los resultados del 100% ni se mostraron las actas de ese 80%. Se violaron al menos cinco artículos clave de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) de Venezuela:
- Totalización de Votos. El Consejo Nacional Electoral omitió la inclusión de los resultados de las actas de escrutinio de cada circunscripción en el proceso de totalización de votos. (Art. 116).
- Proclamación de los Candidatos. Maduro fue proclamado presidente electo sin que se hubiera cumplido el procedimiento de totalización y adjudicación (Art. 123).
- Registro Electoral. No se garantizó la transparencia en la publicación y revisión del Registro Electoral Preliminar, impidiendo la impugnación (Art. 25).
- Auditoría del Sistema Electoral. No se realizaron auditorías independientes que certificaran la integridad del sistema electoral automatizado (Art. 129)
- Acto de Adjudicación. La adjudicación de los cargos no se realizó conforme al sistema electoral estipulado (Art. 121).
- Cierre del Registro Electoral para Venezolanos en el Exterior (16 de abril de 2024).
Hubo una ventana de menos de un mes para que los venezolanos en el exterior se inscribieran en un registro electoral que había permanecido cerrado desde 2018. Los últimos datos de ACNUR revelan que 7,7 millones de venezolanos se encuentran viviendo en el exterior. Esto representa alrededor de un 22% de la población venezolana, lo que refleja la magnitud la crisis migratoria, uno de los desplazamientos más cuantiosos del mundo. Este conjunto de personas en la diáspora, de las cuales se estima que más de cuatro millones podrían haber sufragado, habrían votado casi seguramente en contra de Maduro, lo que genera sospechas sobre las trabas experimentadas para emitir los votos desde el exterior (derecho constitucional que debiera garantizar el CNE por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Art. 124 y 25).
3. Inhabilitación de María Corina Machado (30 de junio de 2023). La líder opositora fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, una decisión administrativa tomada por la Contraloría General de la República. Esta medida la eliminó de la contienda presidencial de 2024. La inhabilitación política de Machado es contraria a la Constitución, que señala que solo pueden perderse derechos políticos luego de un juicio y con pleno ejercicio del derecho a la defensa. Las inhabilitaciones políticas aplicadas en los últimos años (Machado, López, Capriles, etc.), se han escudado en la inconstitucional Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistemas de Control Fiscal.
Un partido con árbitro propio
Al momento de emitir su voto el pasado domingo, Maduro declaró frente a las cámaras, anticipándose al momento en que se anunciarían los resultados: “Palabra santa la del árbitro electoral”. El árbitro al que hacía referencia Maduro se llama Elvis Amoroso.
Al frente del poder electoral, ejercido a través de la CNE, Amoroso fue el responsable de que los venezolanos en la diáspora no pudieran emitir sus votos. ¿Dónde estaba antes de asumir en la CNE? Era el Contralor General de la República. Fue él quien, de puño y letra, firmó la inhabilitación de María Corina Machado. Finalizado ese trámite, se cambió de sombrero y pasó a controlar el proceso electoral.
La verdadera cara del régimen
El sábado 3 de agosto, en paralelo con la protesta encabezada por Machado, Maduro convocó a su tropa a manifestar su apoyo. En su discurso, dio algunas señales de continuar con la simulación de la república, pero dijo que contaba con 2.000 personas presas y que “esta vez no habrá perdón”.
En la semana que se cumple desde el día de las elecciones, el país ha sido testigo de una escalada en la violencia. Al menos 11 civiles han sido asesinados, sea por las fuerzas de seguridad del Estado como por grupos paramilitares conocidos como “colectivos”, que operan con el apoyo del gobierno. Estos grupos han sido vistos disparando indiscriminadamente contra manifestantes en varias ciudades, utilizando motocicletas para moverse rápidamente y evitar la captura. Su accionar ha sembrado el miedo entre la población, contribuyendo a la represión violenta que ha caracterizado los días posteriores a las elecciones. Por otra parte, se han denunciado desapariciones forzosas, secuestros y torturas, prácticas que Human Rights Watch viene documentando desde hace varios años. Muchos de los opositores y manifestantes son llevados a centros de detención clandestinos. Es el caso del dirigente opositor Freddy Superlano, quien fue secuestrado el martes pasado por un grupo armado y sobre quien se desconoce el paradero.
Momento bisagra para Venezuela
Si hay algo en que la oposición ha triunfado es en desenmascarar a Maduro, quien entiende que la estrategia de jugar a la democracia caducó. Le resultó útil durante años para contar con el apoyo internacional de quienes optaron por creer en la democracia venezolana. En esta semana, las señales de que eso ha cambiado fueron contundentes, sobre todo en América Latina. La más saliente de las posturas renovadas es la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ha mostrado cauteloso, evitando una declaración de reconocimiento a Maduro como presidente electo. Junto con México y Colombia, Brasil, procura intermediar para buscar una solución pacífica. Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que expresaron su acompañamiento al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, recibieron en respuesta la expulsión de sus embajadores en Caracas. Estados Unidos presiona fuerte y la OEA amenaza con denunciar a Maduro ante la Corte Internacional de Justicia.
Se está gestando algo diferente, tanto dentro de Venezuela como en el vínculo con el afuera. Si la elección del 28 de julio marcó el capítulo final de una etapa, sobran las dudas sobre cómo será la próxima. Con la Venezuela de Maduro -que además de ser autoritaria y represora, padece una crisis humanitaria, lidera los rankings regionales de violencia y los rankings mundiales de corrupción-, el pueblo venezolano sigue enfrentando desafíos monumentales en su lucha por la democracia y los derechos humanos.
