Diputados del radicalismo presentaron proyectos para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Plantean tener un sistema especial para los adolescentes donde tengan unidades especializadas en materia penal juvenil, y que no se pueda aplicar la pena de prisión perpetua.
Esto surge por iniciativa de Carla Carrizo y Manuel Aguirre, cuando el Gobierno Nacional volvió a instalar el debate público sobre la baja de imputabilidad a través de los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich. Éstos adelantaron un proyecto para bajar a los 13 la edad para que un adolescente pueda ser condenado por un hecho tipificado como “delito” dentro del Código Penal.
Carrizo y Aguirre, acompañados por Fabio Quetglas, Gabriela Brouwer de Koning, Melina Giorgi, Marcela Antola, Danya Tavela, Julio Cobos, Mario Barletta, Francisco Monti y Pedro Galimberti, presentaron dos proyectos: un tratamiento especial penal a los menores de esa franja etaria y otros que establece excepciones en las cuales no serán punibles, como los casos en que no reúnan las condiciones madurativas para comprender la criminalidad del acto.
Aquí se establece que son “penalmente responsables” los adolescentes de entre 14 y 18 años al momento de cometer un delito, aunque fija que los menores de hasta 16 años no podrán tener una máxima superior a los 10 años, con lo cual no podrán tener las penas de reclusión o prisión perpetua.
En ningún caso la persona adolescente imputada por la comisión de un delito debe ser sometida a una consecuencia material o jurídicamente igual o más gravosa que la que le corresponde a una persona adulta por el mismo hecho. Las penas restrictivas o privativas de libertad deben ejecutarse en establecimientos especializados, prohibiéndose el alojamiento de menores en comisarías.
Para Carrizo “este proyecto de ley pone énfasis no sólo en la respuesta y determinación de la responsabilidad penal de los/las adolescentes, sino también en la prevención de la delincuencia juvenil; establece la creación de unidades especializadas en penal juvenil dentro del sistema de administración de la justicia y manda a la capacitación y formación especializada de todos los profesionales y operadores que entren en contacto con adolescentes en conflicto con la ley penal”.
