1La corrupción es un grave problema en nuestro país desde hace muchos años. Los índices de percepción, las encuestas y los estudios académicos indican que siempre aparece entre los primeros lugares de las preocupaciones de la ciudadanía, pero no de quienes desde distintos espacios de poder definen y concretan acciones que nos afectan a todos. Es un fenómeno sistémico que atraviesa en forma transversal a amplios sectores de la dirigencia política, del poder económico, del sindical y de una vasta gama de actividades sociales. Un fenómeno que se apodera de enormes fondos públicos, penetra al Estado y lo vuelve incapaz de cumplir con sus obligaciones esenciales. Un fenómeno que mata.
La magnitud y extensión de esta cuestión marca una profunda división entre el conjunto social y la dirigencia, vale reiterarlo, no solo la política sino también muchos –demasiados– de quienes ocupan posiciones de poder, tanto en el Estado como fuera de él. La prueba notoria de esta división es el visible desinterés de esa dirigencia en enfrentar el fenómeno con la seriedad y compromiso que requiere para lograr resultados eficaces. No se trata de un gobierno o sector en particular; más allá de las responsabilidades concretas que a cada uno le caben por los numerosos casos de corrupción ampliamente conocidos –y los muchos más que no llegan a conocerse– subrayamos la ausencia de propuestas serias y conducentes para encarar una necesaria gesta por la ética y la transparencia contra la corrupción y la impunidad.
Entre los innumerables ejemplos sobre las dimensiones y profundidad de la descomposición institucional podemos mencionar los 14 años de duración promedio de las causas por delitos de corrupción o el insignificante porcentaje de condenas obtenidas en las mismas, así como la falta del más mínimo esfuerzo por recuperar los fondos robados por los corruptos y de reclamarles que indemnicen los enormes daños causados a la ciudadanía.
Un caso paradigmático ocurrió en estos últimos días, cuando, “casualmente” en vísperas de un feriado extra largo, se ha conocido un fallo judicial calificado como absurdo y antijurídico por destacados especialistas en la materia. Nos referimos, claro, a la insólita decisión de una Sala de la Cámara de Casación de encuadrar decenas de pagos de poderosos empresarios a altos exfuncionarios del Poder Ejecutivo que debían controlar su actividad, investigados en la casi olvidada causa Cuadernos, como “aportes informales a campañas electorales”. Es sabido que en ese juicio se investiga el pago de cientos de coimas de grandes empresas contratistas de obra pública, por sumas millonarias en dólares a funcionarios públicos. Tras seis años de un trámite de irritante –y nuevamente, nada casual– lentitud, se tomó esa decisión que permite a los empresarios evitar ser juzgados por delitos corrupción y pasar a ser tratados como autores de “infracciones a la ley electoral”. Además –otra casualidad– tales infracciones habrían prescripto.
En paralelo, el actual gobierno ha propuesto para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Ariel Lijo, un juez federal cuestionado por la casi totalidad de las ONG vinculadas al ámbito de la Justicia y comprometidas en la lucha contra la corrupción. Lijo mereció cientos de impugnaciones por demás serias y fundadas, que comprenden su actuación como magistrado en este tipo de causas, las fuertes dudas que suscita su patrimonio y el origen del mismo y la escasa calificación académica, así como los demás antecedentes indispensables para tan alto cargo.
La notoria fractura entre la preocupación social contra la corrupción y la actitud de la dirigencia se hace visible, una vez más, en el silencio casi total de la segunda ante situaciones tan escandalosas y públicamente conocidas como las señaladas precedentemente. Las violentas agresiones verbales y descalificaciones que caracterizan los conflictos políticos en estos tiempos brillan por su ausencia cuando se trata de cuestionar la corrupción sistémica, decisiones judiciales como la que mencionamos o una propuesta de integración del más alto Tribunal de la Nación por alguien impugnado en forma casi unánime por quienes más conocen el ámbito judicial y mayor compromiso asumen con la vigencia efectiva de las instituciones democráticas.
En ese contexto, un conjunto de organizaciones y espacios de la Sociedad Civil hemos propuesto al Poder Ejecutivo Nacional la creación de una Comisión Nacional por la Etica y la Integridad; un proyecto dirigido a combatir de verdad la corrupción por la única vía que consideramos posible: la construcción de políticas de Estado que se sostengan en el tiempo y permitan un efectivo control de la gestión pública en base a la constante rendición de cuentas por los funcionarios y la total transparencia de su actividad como tales. En otras palabras, enfrentar al sistema corrupto sobre la base del buen funcionamiento de las instituciones, que implica un sólido compromiso con la ética y la integridad de todas las áreas sociales y, por sobretodo, un eficaz funcionamiento de una Justicia comprometida con la tarea que le imponen la Constitución y las leyes.
Para esto impulsamos la creación de una Comisión independiente de los poderes del Estado, integrada por personalidades de trayectoria destacada, tanto en lo que hace a su capacidad personal y profesional como a su conducta ética, para que realice en un breve lapso de tiempo un análisis detallado, identifique las principales causas de corrupción, reciba las denuncias que se le efectúen sobre casos significativos y, en especial, proponga las medidas concretas para desplegar una rápida y enérgica lucha contra ese tan dañino fenómeno delincuencial. Una suerte de Conadep de la corrupción que tome los valiosos aportes ya existentes, como por ejemplo, la propuesta de un Acuerdo Social Anticorrupción elaborado hace pocos años por un destacado grupo de ONGs y expertos en el tema, presentado en su momento a todos los candidatos presidenciales sin que ninguno de ellos lo adoptara como propuesta.
Lamentablemente, transcurridos varios meses desde nuestra presentación ante funcionarios del Poder Ejecutivo y pese a una inicial muestra de interés por la propuesta, no se ha producido ningún avance concreto al respecto ni conocemos otras medidas que apunten en esa dirección.
El Gobierno convoca a firmar un acuerdo social el próximo 9 de julio como punto de partida para enfrentar tantos años de decadencia. Es una gran oportunidad para incluir la lucha contra la corrupción como una unánime preocupación de la sociedad y empezar a trabajar en serio para derrotarla. Esto solo será posible si se logra un compromiso real y sincero para iniciar el camino de la recuperación de la ética y la integridad.
Publicado en La Nación el 29 de junio de 2024.
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