“El Programa Alimentario Nacional se orienta a atenuar los efectos de esta tremenda injusticia nacional que es la carencia de alimentos que sufren algunos sectores de nuestro pueblo. Lo concebimos, por lo tanto, como un acto de reparación y un derecho de las familias más castigadas, y de ninguna manera como una acción benéfica”, leyó Raúl Alfonsín en su extenso discurso ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1983.
Durante ese verano, el proyecto del Ejecutivo avanzó en el Congreso con el objetivo de “poner todos los recursos al servicio de un derecho del hombre como lo es el de la alimentación, del que muchos sectores están privados por la gravísima situación creada en los últimos años”, tal como indicaba en sus fundamentos.
El primer plan asistencial de la recuperación democrática contó con un aval parlamentario generalizado. La dirigente conservadora, María Julia Alsogaray fue una de las pocas que se opuso, predijo “una generación de niños del Estado”.
“Al recibir alimentos de manos del Estado y no de sus padres, se cambia fundamentalmente su estructura psicológica, y no podemos esperar que tengan la dosis necesaria de energía y actividad individual que es fundamental para impulsar a este país hacia adelante”, sostuvo sin sonrojarse.
“El criterio no es el de caridad sino por el contrario un mecanismo de recuperación por parte del pueblo de algo que le fue sustraído”, subrayaba el gobierno en su argumentación.
La inversión representaba el 0,5 por ciento del presupuesto nacional. La caja PAN contenía dos litros de aceite, un kilo de arroz, un kilo de corned beef (carne en lata), un kilo de fideos, dos kilos de harina de maíz, dos kilos de harina de trigo, dos kilos de leche en polvo, y un kilo de porotos. Se estimaba que cubría un tercio de las necesidades básicas mensuales de una familia de cuatro personas.
La herencia de la dictadura no era solo la tragedia de Malvinas, los 45 mil millones de dólares de deuda externa, la inflación anual del 343,8 por ciento, el exilio, los desaparecidos, la censura, las detenciones ilegales, sino también un ostensible crecimiento de la población con necesidades básicas insatisfechas. Ollas populares y desnutrición infantil fueron dos de los tópicos que comenzaron a llegar a las tapas de los diarios en 1983.
La respuesta fue una inversión de más de 150 millones de dólares anuales que brindó un paliativo a 5,6 millón de habitantes en todo el país. “Con la democracia se come, se cura y se educa”, había repetido Alfonsín como un mantra en su campaña electoral. El PAN, como la derogación de la autoamnistía y el ordenamiento de los juicios, fue parte de sus promesas cumplidas.
La Argentina de la incipiente democracia chocaba con sus fantasmas del pasado. “Montoneros, la soberbia armada”, el libro de Pablo Giussani, batía récords de venta con su crítica, sin medias tintas, a la cúpula de la guerrilla peronista. Preso, Mario Firmenich aguardaba que se resolviera su extradición desde Brasil. El presidente Alfonsín había ordenado su detención inmediata, a la par de los comandantes de la dictadura, en uno de sus primeros decretos de diciembre.
El radicalismo venía de atravesar un mal trago con la derrota de la ley de reordenamiento sindical. La noche previa al Día del Trabajo, en el estadio de Atlanta, Jorge Triaca y Saúl Ubaldini celebraron ante 30 mil personas el traspié alfonsinista. “Los sindicatos son de Perón”, dijo sin sonrojarse el líder cervecero ante la ovación generalizada.
En la vereda enfrentada, el papelero Blas Alari, el telefónico Julio Guillán, y el eterno Andrés Framini, habían reunido solo 3000 personas con su Asamblea Gremial Argentina. La pata peronista, enfrentada al neovandorismo, acompañaba la voluntad alfonsinista de democratizar los gremios, pero quedó en franca minoría. Al gobierno se le escapaba de las manos una de sus principales utopías.
Antes de salir al ruedo, los agentes PAN tomaron un curso intensivo con médicos, sociólogos y psicólogos, convocados por el Ministerio de Salud y Acción Social, que tenía a Aldo Neri al frente. Algunos, previo paso por alguna militancia social, otros hacían su debut.
“Las primeras reacciones de la gente eran de sorpresa e incredulidad”, recuerda, cuarenta años más tarde, José Luis Ludueña, uno de aquellos jóvenes radicales que “pateó” el barrio porteño de Constitución. “Llamaba la atención que el Estado se acercara a un inquilinato o una pensión para dar respuesta a una necesidad”, analiza en una catarata de mensajes de WhatsApp.
La caja se recogía mensualmente en clubes sociales, escuelas públicas, o iglesias. “Hay que reconocer que el gran secreto fue la participación de la mujer; madres y abuelas empezaron a proponer y a exponer otras problemáticas”, puntualiza Ludueña.
Cocineras y odontólogos fueron dos de las primeras demandas de esas mujeres que ganaban protagonismo y construían un espacio de pertenencia en ese diálogo periódico, sin mediación. “Verdaderos centros integrados de acción social que, profundamente enraizados en la población a la que sirven, ofrezcan respuesta adecuada a las múltiples necesidades vigentes y orienten un proceso de educación y participación popular esclarecida”, decía la comunicación oficial.
La película de María Luisa Bemberg, “Camila”, con los protagónicos de Susú Pecoraro, y el español, Imanol Arias, lideraba la taquilla cinematográfica, sin saber aún que daría pelea por el Oscar. El nacionalismo vernáculo de paladar rosista acusaba el golpe desde las páginas de la Revista Cabildo.
Ocho de cada diez encuestados en los 19 partidos del conurbano bonaerense tenían una imagen positiva del presidente, según la Secretaría de Información Pública. Desde el sector privado, Aftalión-Mora y Araujo-Noguera aseguraban que el apoyo nacional reunía al 67 por ciento de la población.
La caja siguió con paso firme la primera etapa de la gestión alfonsinista, de sus reuniones nacieron grupos autoconvocados de vecinos, soluciones habitacionales, viajes comunitarios a la costa bonaerense o las sierras cordobesas, compras de productos complementarios al por mayor, y militantes sociales. Como toda la oleada del 83, fue languideciendo hasta ser desmantelado en el inicio de los años 90.
Publicado en Clarín el 1 de junio de 2024.
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