El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y los integrantes de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes de la dictadura, compartieron la primera fila.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra asumió hoy su segundo período al frente de la institución, rodeado de sus compañeros de la Cámara Federal de Apelaciones que, en la reinstauración democrática, protagonizaron el juicio a los comandantes de la última dictadura militar, Carlos Arslanian, Guillermo Ledesma, y Jorge Valerga Araoz. Todos ellos compartieron la primera fila con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
Gil Lavedra advirtió que “no es bueno que en la Argentina esté en discusión nada menos que quien hace la ley, uno de los presupuestos del régimen republicano”. Acerca de las excepcionales facultades legislativas del presidente de la Nación, subrayó que “tiene que quedar muy claro cuál es el alcance de la limitada potestad presidencial de dictar decretos con contenido legislativo”. “Lamentablemente, esa cuestión permanece irresuelta hasta la fecha, lo que extiende un manto de incertidumbre en las relaciones jurídicas, perjudica la actividad de los abogados y abogadas, la vigencia de la Constitución nacional y la seguridad jurídica”, analizó.
“Recuperar la credibilidad en la justicia y en la independencia e imparcialidad de los jueces también depende del proceder de los poderes políticos”, aseguró. “No compartimos la decisión del presidente de nominar a dos varones para integrar la Corte y en no dar debida respuesta a la gran cantidad de cuestionamientos que se han formulado en el procedimiento establecido en el decreto 222/2003”, reiteró, y concluyó que “constituye una regresión inaceptable tener una Corte integrada solo por varones”.
En lo que refiere al proceso interno del Colegio, destacó que “la lista Unidad en la Abogacía no es un proyecto personal, ni individual, ni tampoco es fruto de un oportunismo de coyuntura”. “Es una construcción colectiva de una gran coalición de organizaciones de abogados y abogadas que se han unido para alcanzar dos grandes objetivos: asegurar el mejor ejercicio de la profesión en estos tiempos difíciles y fortalecer la presencia institucional del Colegio en el ámbito público”.
Recalcó que “las asociaciones que integran la lista Unidad son heterogéneas, tienen orígenes y simpatías políticas diferentes, pero han coincidido en un programa común en procura de alcanzar esas metas”. “En la Argentina, esto no es usual ni sencillo de lograr. Probablemente, en la dificultad en lograr consensos básicos, y deponer diferencias en función de objetivos comunes se encuentre una de las razones de la prolongada decadencia del país”, analizó.
“Hace dos años cuando nos hicimos cargo de la conducción, dijimos, entre otras cosas, que era necesario modernizar el colegio y el ejercicio profesional, que había que mejorar la capacitación, que el Colegio debía ser más abierto e inclusivo, que teníamos que defender los principios republicanos y la independencia judicial, y que debíamos ser más transparentes y austeros en la administración”, sintetizó Gil Lavedra.
En lo que refiere a la gestión que inicia, el excamarista comprometió “una presencia más activa en materia de regulación de honorarios”. “Observamos con preocupación la cantidad de casos en los que la regulación no respeta los aranceles legales. Vamos a intervenir directamente como Colegio en la defensa del honorario que corresponde por ley y haremos las presentaciones necesarias cuando veamos que reiteradamente se regulan honorarios por debajo del mínimo del arancel”, subrayó. Y anunció la puesta en marcha de un Observatorio de la Justicia, encargado de recopilar información estadística sobre el trámite de las causas en los diferentes fueros, relevarla, efectuar diagnósticos y acercar propuestas de solución.
El presidente del Colegio Público alertó sobre los índices de confianza en la justicia y dijo que “no están nada bien en la Argentina”. “Los jueces son los guardianes de la vigencia de la Constitución, los custodios de la existencia o no de una República, pero su legitimidad depende exclusivamente de la confianza de los ciudadanos de que resolverán imparcialmente de acuerdo a la ley”, añadió, parta luego concluir que “las decisiones de jueces sospechados siempre suscitarán suspicacias”.
Más de quinientos abogados y abogadas pasaron por la sede de la Avenida Corrientes 1441 desde las 9 y recibieron sus diplomas que los acreditan como asambleístas, integrantes del Tribunal de Disciplina, y miembros del Consejo Directivo, de manos de las autoridades de la Junta Electoral que preside Lorena Clienti.
El camarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura brindó su discurso inaugural pasadas las 19 horas, frente a un auditorio colmado. A través de una pantalla gigante pudieron seguirse sus palabras en el amplio hall de ingreso. Entre las autoridades presentes, se pudo ver también a la consejera de la Magistratura nacional, Jimena de la Torre; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia local, Inés Weinberg, junto a sus colegas, Luis Lozano, y Santiago Otamendi; los consejeros porteños, Javier Concepción y Karina Leguizamón; el presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato; la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces, Susana Medina; y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Vergara.
