Documento preparado por la Comisión de Salud de la Fundación Alem.
Nuestro país atraviesa el peor brote de dengue de su historia. Las cifras que entrega el Boletín Epidemiológico son elocuentes: en lo que va de la temporada hay registradas 161 víctimas fatales, el doble de las que se produjeron hasta mitad del año pasado (65). Son más de 180 mil las personas afectadas y el 90% de los casos son autóctonos. La sociedad se encuentra en un estado de indefensión inédito ante la falta de una estrategia de salud pública por parte del Gobierno Nacional.
Al tratarse de una enfermedad que no tiene una cura específica, se multiplica la importancia de todas las medidas tendientes a lograr una prevención eficaz, diagnósticos tempranos y tratamientos eficaces. Y aquí es donde Argentina fracasa. Donde debería haber planificación, coordinación y sensatez de parte del Estado, se profundiza la incertidumbre y la subestimación de una epidemia grave, que debido al aumento de temperaturas y precipitaciones que trae consigo el cambio climático, será una preocupación que se sostendrá por varios meses.
El Ministerio de Salud de la Nación —cito textualmente su misión institucional— debe “entender en la planificación global del sector salud, coordinando con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y el Gobierno de CABA las acciones a desarrollar en el marco de un Sistema Federal de Salud consensuado”. Del dicho al hecho hay mucho trecho dice el refrán. Desde el organismo que debería liderar una estrategia federal para mitigar los efectos del brote de dengue, y cuidar integralmente a la población, se invita a provincias y municipios a que se las arreglen por su cuenta.
Pretender que el mercado regule el acceso a la salud de la ciudadanía es, además de una tontería ideológica, una inmoralidad absoluta. ¿Cómo puede ser que el Estado no garantice el acceso de las familias a los repelentes? El kirchnerismo hirió de gravedad al sistema de salud con trabas para importar insumos y medicamentos. Pero el actual gobierno no puede fugarse de sus responsabilidades durante cuatro meses después de haber asumido el gobierno. Especialmente si consideramos que en enero Brasil advirtió el desencadenamiento de una crisis sanitaria en la región y que en nuestro país los expertos adelantaban el problema.
La concientización en salud pública siempre es esencial y, en medio de una epidemia, mucho más. El descacharreo es la medida de prevención más eficaz para eliminar criaderos potenciales de mosquitos. La hidratación y el paracetamol son muy importantes para las personas con síntomas. Lamentablemente el Gobierno apenas usó, a principios de marzo, los espacios cedidos por ley para interés público en una campaña. Es decir, en el marco de una situación cada vez más acuciante, no invirtió fondos públicos para llegar a las familias con información precisa y confiable.
Respecto a la vacuna, es inexplicable el escepticismo y la pésima comunicación que ejercen los funcionarios nacionales. Pese a que la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó utilizarla de forma focalizada (priorizando zonas endémicas) y segmentada por edad, el ministerio de salud no acusa recibo, posterga decisiones, y prefiere recomendar que, para prevenir las picaduras de mosquitos infectados, la gente evite los pantalones cortos. El contraste con las provincias es notable: Misiones y Salta están aplicando el fármaco desde enero, Corrientes acaba de adquirir 200 mil dosis, y Formosa y Chaco pronto comprarán partidas.
Al día de hoy, 19 provincias tienen circulación viral confirmada. Urge resolver la falta de repelente a la brevedad, asegurar su distribución y frenar en seco toda especulación con los precios. La ausencia de repelentes en grandes centros urbanos -en especial en el AMBA- también es falta de planificación y de concepción económica (que desconoce las fallas de mercado). La inacción del gobierno hizo que no se prendan las alarmas y los empresarios no puedan anticipar el salto de la demanda. En cambio, por ejemplo, la Provincia de Santa Fe dispuso aumentar en un 25% la capacidad de su laboratorio público para producir repelentes, priorizando en la distribución a la población más vulnerable.
El gobierno nacional debe interrumpir su inacción y debe dar un paso adelante y no dejar a las provincias libradas a su suerte. Es su responsabilidad y es su rol en un gobierno federal. El mosquito no reconoce límites políticos ni administrativos. Es un hecho que la falta de previsión empeoró considerablemente el cuadro de situación. No se deben prolongar los errores.
Nadie desconoce la responsabilidad primaria de las provincias en materia de salud. La administración municipal y el compromiso comunitario también son muy relevantes para luchar contra una enfermedad como el dengue. Lo que sí exigimos es la planificación, la coordinación y el apoyo que la Constitución le asigna al Estado Nacional. Es imposible que salga algo bueno de meter a la salud en el barro de las peleas y las chicanas políticas.
De fondo está el muy serio problema del calentamiento global. El nuevo brote de dengue en la región es consecuencia de ello. El gobierno de Milei está en contra de que se tomen medidas para mitigar el calentamiento global. El propio Presidente repudia la idea del calentamiento global. Y se suma a las voces que, en escala y a nivel global, empeoran el problema. Y vale también para el gobierno anterior: si actuáramos responsablemente frente al problema del calentamiento global, en el marco de las inestabilidades que trae el aumento de las temperaturas nos adaptaríamos mejor a los escenarios futuros. Hoy le toca al dengue, pero también convivimos con escenarios climáticos extremos como sequía, inundaciones, olas de calor.
Por otra parte, el gobierno todavía no convocó al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) ni activó el protocolo existente para el Aedes Aegypti ni ningún otro que siempre contemplan acciones al menos de monitoreo y preparatorias por parte del Ministerio de Salud. Cabe agregar que el gobierno anterior tampoco los activó y debilitó el sistema sistema de gestión integral del riesgo.
Desde que el presidente Milei lanzó la convocatoria al Pacto de Mayo en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, en cada oportunidad y por todos los medios, insistimos en que la educación y la salud tienen que estar en la primera línea del acuerdo con los gobernadores. Son dos pilares imprescindibles para hacer realidad la Argentina que merecen nuestros hijos y nietos.
