Comunicado elaborado por las comisiones de Infancias y Adolescencia y de la Mujer e Igualdad de Género
Los derechos básicos de la infancia están establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Con rango constitucional desde 1994. Además la Ley 26.061dispone el Sistema de Protección Integral de Derechos que compromete al Estado, las familias y la sociedad en su efectivo cumplimiento. Se complementada por la obligatoriedad establecida en la Ley Nacional de Educación 26.206.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. No son, ni pueden ser, objetos de posesión de sus padres. No es posible otorgar a los responsables parentales la potestad de no enviar los hijos la escuela y de hacerlos trabajar.
La falta de acceso a la educación conlleva a una serie de peligros que las familias conocen cuando deben enfrentarse solas y sin acompañamiento: el ingreso temprano al trabajo informal, el maltrato de los talleres clandestinos, todas las formas de explotación sexual, el reclutamiento para formar parte de bandas de narcotráfico. Aparecen cuando el espacio escolar termina siendo sustituido por la marginalidad como única forma de enfrentar la pobreza.
Hace 140 años la Ley 1420 reconoció el derecho de los niños a la educación. A lo largo de este largo período, más allá de los gobiernos, Argentina fortaleció este derecho. Nuestro partido radical promovió y promueve la educación libre, gratuita y laica. Para nosotros la educación es central, prioritaria y estratégica. Esto lo demostramos en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Se implementada a través de la alianza estratégica con las familias argentinas que trabajan incansablemente para ver a sus hijos progresar, respetando a su vez la autonomía y libertad de todos los y las estudiantes del país.
Desde este reconocimiento de los derechos de la infancia no podemos dejar de mencionar que la Argentina ha adherido a las regulaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sancionando una ley propia que prohíbe el trabajo infantil[1] ya sea como actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo (16 años). La violación de esta norma constituye un delito penal[2] que prevé una sanción de hasta cuatro años de cárcel y multas para empleadores de hasta el 2000 % del salario mínimo vital y móvil por cada niño o niña que trabaje.
Porque no podemos pasar por alto que esta irresponsable declaración se realiza en un contexto de pobreza creciente, que tiene como principales víctimas a la población infantil. Mientras que el 41,7 % de la población es pobre y el 11,9% indigente, según datos del INDEC del 2do semestre 2023, entre los niños y niñas menores de 14 años los niveles de pobreza alcanzan el 58,4% y de indigencia el 18,9%.
Tampoco podemos minimizar los serios problemas de alfabetización -como lo demuestran las pruebas internacionales- que subsisten más allá del cambio de gobierno. Son alarmantes los índices de ausentismo, retención y graduación oportuna y están a la vista los graves problemas de financiamiento educativo que hoy ponen en riesgo el sostenimiento de una educación de calidad en todos los niveles.
Si aspiramos un tener país pujante que crezca en forma sostenida y estable, el gobierno nacional debe adoptar en forma inmediata las medidas sociales y educativas para promover una vida digna para las infancias.
Un Estado que incita a cometer delito contra niños, niñas y adolescentes y promueve la vulneración de sus derechos esenciales, lejos de ir contra la “política” que se ha servido de privilegios, se enfrenta directamente con todas las personas honestas que piensan vivir y trabajar en un país mejor, que estudian y se forman pensando en su propio futuro propio y también de su país.
Abandona a las jefas de hogar que sostienen sus familias con un esfuerzo enorme. Olvida a las millones de familias dispuestas a criar, cuidar y educar a sus hijos e hijas. Sólo un estado moderno, dinámico y justo podrá lograr las verdaderas reformas que hacen al bienestar general de toda su población, una verdadera alianza entre las familias y el estado permitirá que los chicos y chicas argentinos vivan un presente pleno de ciudadanía que les permita elegir libremente su destino.
[1] Ley 26.390 8
[2] Ley 26.847, art. 148 bis
