Las comisiones de Infancias y Adolescencia, de Mujeres e Igualdad y de Diversidad de la Fundación Alem elaboraron el siguiente informe.
En medio de un país diezmado por las políticas instrumentadas hasta el año 2023, se profundiza la situación crítica de las políticas alimentarias nacionales. En el primer semestre del pasado año, la pobreza monetaria de los niños y niñas de 0 a 14 años alcanzaba el 56,2%. En tanto que la indigencia alcanzó al 13,6%, es decir un 0,9 % más que el año 2022. Sin embargo, el gasto destinado a la niñez y adolescencia durante los últimos años (según la Oficina Nacional de Presupuesto) presenta una ajuste real interanual que alcanzaba el 13% hacia noviembre de ese año.
Para peor el actual gobierno decidió gobernar sin presupuesto y el kircnerismo avala, una vez más, tal mal funcionamiento. El presupuesto de prórroga vigente para el año 2024 no prevé hasta el momento incrementos en las partidas alimentarias con financiamiento adecuado y sostenible.
Los aumentos de los programas de transferencia monetaria en el mes de diciembre, como la AUH y la prestación Alimentar presentan claramente niveles inferiores al incremento de los precios al consumidor -que sólo en diciembre registraron un alza de 25,5% y enero del 20,6 %, alcanzando un 254,2% interanual. Situación que empeorará con los tarifazos que se están implementando. Es una obviedad que con estas medidas el gobierno no puede paliar la tremenda situación: 3.5 millones de personas que ingresaron a la pobreza en los tres últimos meses, que se suman a los 18.7 millones de argentinos cuyos ingresos no cubren los gastos de la canasta básica y 4 millones que no llegan a cubrir ni siquiera el gasto de alimentos.
Por tal motivo, son irresponsables los anuncios sobre el cese de las transferencias a comedores de organizaciones sociales e iglesias para comprar alimentos, además del caos generado por una gestión que desconoce la dimensión federal de las políticas públicas. El gobierno nacional justifica esta decisión bajo el argumento que realizará “auditorías presenciales” a comedores y merenderos, para comprobar “la existencia, controlar su funcionamiento, obtener listados de los beneficiarios y constatar la infraestructura en base a la cantidad” en todo el país. Enhorabuena. Estamos muy a favor de la transparencia, el control, las auditorías y la rendición de cuentas. Lo que es inadmisible y contrario a las buenas prácticas en políticas públicas es hacer un corte intempestivo y bajo las amenazas directas a las provincias y sus representantes en el Congreso de la Nación. Esto confirma que el gobierno no tiene ni la previsión ni la sensibilidad social para evitar que la variable de ajuste no recaiga en los sectores empobrecidos, incluidos los sectores medios.
Con esa misma lógica, se presentan problemas en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales. Esa oficina se encuentra en proceso de revisión de los circuitos administrativos. Esto genera retardos en la ejecución de la atención inmediata y provisión de medicamentos para las personas en situación de extrema pobreza con diversos padecimientos: oncológicos, discapacidad, SIDA.
Esta situación social se agrava con el padecimiento que viven las y los jubilados. Son víctimas directas del ajuste. Tras el cambio de fórmula de movilidad del gobierno anterior, y la oferta de actualización recién para el mes de abril, la pérdida real de los haberes alcanza prácticamente el 40 %, ante una crisis inflacionaria que presenta mayor aceleración en los precios de los alimentos y medicamentos.
Para finalizar, la incapacidad para regularizar el uso y carga de la SUBE, sumada a la quita de los subsidios al transporte a las provincias, genera un caos en los viajes de los estudiantes y personas trabajadoras del sistema formal e informal.
El gobierno nacional debe determinar, de manera coordinada con los estados provinciales, la política de emergencia alimentaria. Debe rectificar el rumbo de las medidas sociales y de su gestión; alejado cada día más del sistema republicano, federal y democrático. Lejos de ir contra la política que se ha servido de los privilegios, se atenta directamente contra todas las personas que viven o vivieron de su trabajo, o que buscan tenerlo; de quienes estudian para beneficio propio y de su país, de las jefas de hogar, de quienes crían a sus hijos e hijas y merecen tener un techo estable. Sólo un estado moderno, dinámico y justo podrá lograr las verdaderas reformas que hacen al bienestar general de toda su población.
