Quince puntos prioritarios
El sistema educativo argentino enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia: sostener la continuidad pedagógica y programar la apertura gradual producto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en un contexto de profunda incertidumbre originado por la pandemia mundial ocasionada por el SARS-CoV-2. La suspensión de la presencialidad y sus efectos se manifiesta en un sistema educativo que ya era desigual social y territorialmente, situación que se profundizó en un escenario de crisis económica que avizora un 61,3% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de la pobreza en el segundo semestre del 2021.
Es imprescindible y urgente trazar un plan de contingencia para la educación en la actual situación de suma gravedad en el plano económico y social, que incluya en esos planos a la cuestión educativa, a partir de una hoja de ruta para la acción institucional, colectiva e individual.
El plan puede ser revisado y las estrategias pueden ser modificadas, pero es necesario definir criterios y orientaciones que acoten la incertidumbre de estudiantes, docentes, madres y padres. Proponemos una mirada integral, a partir de una decisión originada en el Congreso de la Nación, que derrame acciones y responsabilidades en escalas múltiples. Nuestro punto de partida es la convicción de que el modo de abordar los desafíos abiertos por la pandemia de COVID 19 está agotado y que es necesario adoptar un enfoque que tome en consideración de manera conjunta los aspectos sanitarios, económicos, sociales e institucionales, incluyendo a
los educativos.
A continuación se desarrollan un conjunto de puntos prioritarios que debe contemplar un Programa Nacional de Emergencia Educativa, que involucra acciones políticas, pedagógicas, de apoyo técnico, logístico, financiero y de coordinación, y que involucra al Congreso de la Nación, al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y otras carteras, en coordinación con las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación, a fin de asegurar las condiciones necesarias para una apertura gradual del sector educativo y atención a todas las consecuencias producidas a partir del ASPO, durante 2020 y 2021.
-1- Educación como actividad esencial: Declarar la educación como actividad esencial es asumir la voluntad política de asegurar el derecho constitucional y convencional a la educación para niños, niñas y adolescentes en el actual contexto. Se trata de un imperativo ético. Urge asumir la emergencia educativa con una propuesta concreta de acción.
-2- Competencias coordinadas: El plan de salida requiere competencias concurrentes y claras. A partir de una ley de emergencia, el Congreso fija las bases de política y autoriza recursos, el Poder Ejecutivo provee apoyo técnico, logístico y financiero desde una perspectiva intersectorial, el Consejo Federal coordina acciones y las provincias formulan de manera inmediata sus planes de contingencia en sus respectivos ámbitos, decidiendo el ritmo y la forma de recuperar la educación presencial.
-3- El 2020 aún no terminó para recuperar los aprendizajes previstos: Deben utilizarse los meses restantes del año 2020 para recuperar los aprendizajes, a través de las diversas modalidades posibles, con calidad e inclusión. Los objetivos curriculares vigentes tienen que ser en lo fundamental ratificados para el 2020 y, si no alcanzare, a través de un esquema de intensificación que deberá extenderse a 2021.
-4- Las escuelas abiertas cuanto antes: Urge volver a habitar las escuelas con personal directivo, de mantenimiento y docente, con todas las previsiones sanitarias y de acuerdo a los protocolos específicos de cada jurisdicción, para empezar de manera inmediata a adecuarlas a condiciones sanitarias, espaciales, tecnológicas y pedagógicas para un futuro regreso a clases, momento cuya definición y modo está a cargo de cada jurisdicción.
-5- Priorizar grupos: Tratar indistintamente todas las enseñanzas pendientes es engañoso. Hay enseñanzas más críticas que otras que deben asegurarse primero en los planes de trazar: a) Estudiantes que perdieron el vínculo remoto; b) estudiantes de los últimos años de cada nivel; c) primeros años de primaria, en donde los currículos definen el cumplimiento de la alfabetización inicial; d) orientaciones y carreras docentes y técnicas que suspendieron su formación práctica.
-6- Planes institucionales de contingencia: Los protocolos jurisdiccionales, definidos de acuerdo a las características del territorio en el que se insertan y a partir de la reducción de circulación del virus, deben incluir eventuales situaciones futuras de vuelta al aislamiento. Prever condiciones básicas ante la necesidad de un eventual nuevo período de enseñanza remota posibilitará no repetir los errores forzados por la inexperiencia e imprevisibilidad.
-7- Detectar y acompañar: Debemos de inmediato contar con un Programa Nacional para Detectar y Acompañar a estudiantes en riesgo de abandono escolar, que incluya información para identificar a estudiantes con trayectorias educativas discontinuas y riesgo de abandono o fracaso escolar, en el marco de la Ley Nro. 27.489 (Cédula Escolar Nacional), desde un abordaje intersectorial orientado a niños, niñas y adolescentes en diversas situaciones de riesgo.
-8- Universidades. Detectar, acompañar y articular: Contar con apoyo financiero para identificar y acompañar a estudiantes universitarios con riesgo de abandono, en especial a quienes cursan el primer año de las carreras, así como refuerzos de las acciones de articulación ya existentes con el nivel secundario y las jurisdicciones, pero orientadas a próximos ingresantes que están cursando su último año del secundario en 2020.
-9- Federalizar la producción de materiales: Un currículo situado, en armonía con las realidades de cada jurisdicción, requiere asegurar capacidades financieras y técnicas para que cada provincia elabore sus materiales educativos, considerando los acuerdos suscitados a nivel nacional, e imprimiéndoles las características locales para lograr aprendizajes significativos.
-10- Acceso equitativo a la conectividad y a los recursos tecnológicos: El objetivo de reducir la brecha digital, con prioridad en los grupos vulnerables, a través de la accesibilidad gratuita a conectividad a sitios educativos y con docentes, junto con becas para la adjudicación de dispositivos tecnológicos, deben ser acciones que se integran a otras acciones básicas, en el marco del Plan Nacional Detectar y Acompañar.
-11- Atención integral a la situación docente: a) Cumplir con transparencia las designaciones docentes de acuerdo a los procesos previstos en cada jurisdicción, priorizando a quienes se encuentren en los órdenes de mérito vigentes; b) compensaciones para docentes suplentes desocupados; c) acceso gratuito a los medios tecnológicos requeridos para el desarrollo de las actividades académicas virtuales, hasta la vuelta a la presencialidad; d) capacitación docente en el uso de las tecnologías en el aula y fuera de ella.
-12- Infraestructura escolar como prioridad de la obra pública: Las escuelas deben ser ámbitos prioritarios en la reactivación de la obra pública nacional, para las mejoras edilicias y condiciones básicas necesarias en la reapertura inmediata de los establecimientos educativos.
-13- Jardines de primera infancia: Extensión de la emergencia educativa a los Jardines de gestión estatal, privada, social o cooperativa que realizan tareas educativas y de cuidado de niños y niñas durante su primera infancia, para garantizar su asistencia como sector fundamental de la economía del cuidado y del sistema educativo.
-14- Transportes escolares: Extensión de la emergencia educativa al sector de transportistas escolares para compensar la crisis producida por desequilibrios financieros generados como consecuencia del ASPO, con criterios equitativos, a fin de garantizar la movilidad de estudiantes y docentes que lo requieran, con las debidas previsiones de protocolos, a medida que se extiendan las posibilidades de movilidad y transporte en cada zona, localidad o jurisdicción.
-15- Seguimiento, evaluación y control: a) monitoreo del comportamiento de los indicadores educativos críticos a revertir; b) continuidad de las pruebas nacionales; c) evaluaciones institucionales; d) seguimiento bicameral del cumplimiento de las acciones y eventual reorientación; e) auditoría nacional para el control específico de la utilización de los fondos públicos; e) transparencia de la información a la sociedad.
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