Voces destacadas de la Internacional Socialista reflexionan sobre la crisis del COVID-19.
Desde la Argentina, Lilia Puig, Presidenta de la Fundación Alem y Parlamentaria del Mercosur, reflexiona que en el marco de un país sin reflejos e infraestructura para afrontar la crisis del COVID 19 y de una creencia equivocada del gobierno del presidente Alberto Fernández sobre la naturaleza del virus y su contagiosidad, sólo se atinó, apoyado en infectólogos clínicos, a cerrar las fronteras del país y a decretar una cuarentena nacional obligatoria. La pandemia ha puesto en evidencia todas las debilidades institucionales de la democracia argentina: tendencia a la hegemonía del Poder Ejecutivo – en especial cuando gobierna el peronismo – reflejada en los poderes especiales entregados al presidente, el cierre del Congreso y del Poder Judicial, por motivos sanitarios.
La prolongación de la cuarentena tiene devastadores efectos económicos – sostiene Puig – que se dan en el marco de lo que definido el Presidente de la Unión Cívica Radical como un país sin moneda, sin ahorro y sin crédito que se encuentra ahora con un aparato productivo parado; con crisis para la colocación de sus exportaciones, fruto de la situación del comercio mundial, y con la necesidad de contar con insumos importados para hacer funcionar parte de su aparato industrial. Algunas estimaciones colocan la caída de la producción argentina en más de 5 puntos del PBI y encima debe resolver el problema de la deuda externa.
Para la legisladora del Parlasur: “La Argentina es gobernada discrecionalmente sin que los ciudadanos conozcan el orden de prioridades de las políticas públicas ni los planes del gobierno. Los argentinos esperan que el gobierno presente una salida ordenada de la cuarentena y la oposición parlamentaria está dispuesta a prestar colaboración para ello.”
Desde Brasil, Carlos Roberto Lupi, Presidente Nacional do PDT y Vice-Presidente de la Internacional Socialista, denuncia al ineptitud e irresponsabilidad del presidente Jair Bolsonaro que sólo ha agravado los efectos del virus. En contra de la ciencia y de las cuarentenas decretadas por los gobernadores Bolsonaro alentó el uso de la cloroquina y la vuelta de los niños a las escuelas y a la vida “normal”.
Lupi destaca las manifestaciones de los seguidores del presidente para romper las cuarentenas locales y, peor aún, incitar al establecimiento de una dictadura militar a la que Bolsonaro siempre ha alabado. Sin programa para la población vulnerable, el Congreso votó una ayuda de 600 reales para trabajadores no registrados, aunque su concreción aún es parcial por la falta de interés gubernamental en organizar esa ayuda.
A la crisis sanitaria le sigue la crisis política, cuando el presidente decidió desplazar a su ministro de salud Henrique Mandetta, simplemente por seguir las orientaciones de la OMS. Igual suerte corrió el Ministro de Justicia, Sergio Moro que sospechaba de la intervención ilegal del presidente en las actividades de la Policía Federal que investiga a los hijos de Bolsonaro en relación a su participación en milicias parapoliciales y en el desvío de fondos para financiar campañas de “fakenews” en internet.
El Partido Democrático de los Trabajadores ha pedido el juicio político a Bolsonaro en el Congreso basado la “responsabilidad en la amenaza a la democracia, crimen contra la salud e interferencia en la Justicia”, finaliza Lupi.
A propósito de la relación entre Argentina y Brasil la Encuesta N° 6 de ArgentinaPulse, del Wilson Center, realizada en abril, encontró que el 53 por ciento de los argentinos tienen una visión negativa de Brasil, una caída de 18 puntos desde octubre de 2019.
“La relación Argentina-Brasil, una vez una rivalidad desestabilizadora, ha sido un ancla para América del Sur durante décadas”, dijo Benjamin N. Gedan, director del Proyecto Argentina del Centro Wilson y ex director de América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional. “Ahora, las divisiones ideológicas y un choque de personalidades ponen en peligro los lazos diplomáticos y económicos”.
El estudio destaca que “se percibe un escepticismo particular de Brasil entre los partidarios del nuevo presidente izquierdista argentino, Alberto Fernández. Solo el 38 por ciento de los partidarios de Fernández tienen una visión positiva de Brasil. Por el contrario, el 81 por ciento de los argentinos tiene una opinión positiva de Uruguay.”
El cambio en la opinión pública en Argentina es posiblemente por “las tensiones entre los líderes de los pesos pesados vecinos. El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, instó a los votantes a rechazar a Fernández en las elecciones del año pasado. Por su parte, Fernández ha defendido al rival de Bolsonaro, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También hay diferencias políticas significativas, ya que Argentina y Brasil se enfrentan por el futuro de la unión aduanera del Mercosur”.
“Desde octubre, antes de que Alberto Fernández se convirtiera en presidente, la imagen positiva de Brasil ha disminuido en 18 puntos porcentuales, lo que lo convierte en el país menos popular en la encuesta después de Venezuela”, dijo Alejandro Catterberg, un destacado analista político argentino y presidente de Poliarquía Consultores.
Mauricio Mulder, Presidente de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano, destaca la cuarentena total en el país, iniciada el 15 de marzo y que aún se mantiene. Pero los mismos que recalcaron el inicio temprano de la cuarentena, son ahora muy escépticos con los resultados alcanzados. Primero, porque las pruebas se hacen solo a personas con síntomas conocidos o que son parte de la población vulnerable. No se hacen exámenes generalizados a sectores organizados, llámese personal de salud, policías, militares, bomberos. Cuando los congresistas decidieron por su cuenta hacerse el examen, diez de ellos dieron positivos, de un universo de 100 testeados. Sólo dos tenían síntomas. Segundo, porque el que se haya prorrogado cuatro veces el confinamiento, es porque simplemente no ha producido el resultado que se esperaba. Todos suponen que quedarse en casa no solo preserva de estar en situaciones de contagio, sino que con esa medida, la curva de crecimiento de contagio se reduce.
“Somos el segundo país de América Latina en número de contagios (70 mil) solo por debajo de Brasil, (170 mil) que tiene más de 210 millones de habitantes y estamos por encima de México (38 mil contagiados) pero con 130 millones de habitantes”, dice Mudler, para quien el “factor determinante para ese panorama ha sido el alto nivel de informalidad de la economía peruana. Más del 70 por ciento de la PEA es informal. No paga impuestos directos, no está en planilla, no declara ingresos, no ahorra, es cuentapropista. Vive al día. Si no sale a la calle no come.”
El jefe de estado Martín Vizcarra, sigue Mudler, “dedicaba más tiempo en admonizar a la gente supuestamente “irresponsable” y en amenazarlos con mano dura, que en informar sobre el avance de la pandemia. Llegaron al extremo de establecer días de salida separados para hombres y mujeres, con una ‘visión no patriarcal’ disparando la cifra de los que salían de su casa y aumentando de hecho el contagio. Han ordenado además monitorear el GPS de toda la población, dizque para impedir las aglomeraciones. Pero la sospecha de convertir esa data en arma de seguimiento a políticos de oposición se ha desnudado por completo.”
La crisis política también campeó con el recambio de la ministra de salud Elizabeth Hinostroza, que se escabullía, literalmente, de la prensa y fue reemplazada por un médico sin trayectoria clínica pero con currículum como dirigente político y tuitero provocador.
El ministro del Interior, Carlos Morán, encargado de la Policía Nacional, fue eyectado de su cargo de la noche a la mañana, presumiblemente por avalar compras corruptas de material de protección para la policía. “No se tiene certeza de los hechos ya que casi no existe prensa de oposición en el Perú, afirma Mudler y dice que “la gran prensa peruana, en un 80 por ciento está concentrada en solo dos familias que dependen totalmente de la pauta que les paga el Estado y los ha vuelto rabiosamente oficialistas. Todos los periódicos abren sus portadas con el mismo titular y la televisión se encarga de leerlos en sus noticieros.”
Vizcara, en este contexto, parece hacer culto a su personalidad “en las redes sociales se le compara con Churchill, Mandela y no faltó quien dijera que era un ‘dios’”, alimentando los temores de autoritarismo creciente en el Perú.
El gobernador del DF de México, Cuauhtémoc Cárdenas, describe un panorama inimaginable producido por la pandemia de covid-19, no sólo para su país sino para el mundo. Considera prioritarios los asuntos de la salud. “Lo más urgente, sin duda, es atender los problemas de salud. A ellos deben destinarse todos los recursos posibles, los haya donde los haya, considerando que se vive, en los hechos, en una condición de guerra: se combate a un enemigo real, que tiene sus armas propias y nosotros, no sabemos aún qué tanto tenemos. Y cuando se está en guerra, nos lo enseña la historia, se echa mano de lo que sea, sin pensar si algún programa de obra pública se difiere o si se echa a andar la máquina de imprimir dinero y después se verá qué pasa con el sobregiro. No quiero decir que se proceda irresponsablemente, ni política, ni social, ni financieramente, pero el combate a la epidemia debe ir por delante de cualquier política, programa o proyecto público. Estados Unidos, que no es nuestro caso, ya inyectó sus presupuestos con un déficit del 18 por ciento; y yendo a la historia, en la guerra contra el Paraguay, Brasil gastó el presupuesto que debía haber erogado en once años”, enfatiza Cárdenas.
En su misiva a la IS, afirma que “la pandemia ya golpeó la economía, la cotidianeidad social y familiar y el empleo, esto es, ya golpeó, degradándolos, los niveles y las condiciones de bienestar y las oportunidades de mejoramiento de prácticamente todo mundo. Sólo en estos últimos meses se han perdido, según cifras oficiales, alrededor de 750 000 empleos formales en nuestro país; y no se tiene contabilidad de lo sucedido en el campo, en la vasta provincia urbana y semiurbana y en la informalidad. Los sectores más débiles económicamente, en los que el hacinamiento en las viviendas es mayor, con servicios urbanos más deficientes, que cuentan con recursos monetarios más escasos, con acceso relativo más estrecho a programas institucionales, independientemente de qué tan afectados estén en lo sanitario, que sin duda lo están, son y serán en todos sentidos los más golpeados.”
Advierte la ausencia de un debate amplio para superar la crisis múltiple que se vive, el que “debiera contar con la anuencia de todos los sectores que necesariamente tienen que participar en las soluciones: gente de las áreas de la salud, académicos, agentes gubernamentales y representantes de los sectores laborales, campesinos, empresariales y financieros, para convenir acciones que a cada quien correspondieran y que pudieran llevar a atenuar los impactos negativos de la crisis y a configurar nuevos caminos para el progreso económico y el bienestar social. Ningún programa de acciones integrales para salir del atolladero, que se haya dado a conocer, se ha puesto en práctica.”
Pobreza generalizada y aumento de la desigualdad serán los resultados de la crisis y para salir de ella “no se puede simplemente volver a hacer lo mismo que se estaba haciendo en el presente o en el pasado inmediato, ni en el mundo ni en México. Para no seguir en una crisis profunda, que pudiera resultar interminable, no se deben seguir poniendo en práctica las mismas, o sólo las mismas, política sociales y económicas”, afirma.
Después de la prioridad de atender la salud de la gente, dos cuestiones, desde mi punto de vista, deben atenderse con prioridad: la recuperación del crecimiento económico y la disminución de la desigualdad social.
Desde Chile el ex presidente Ricardo Lagos recuerda cómo el capitalismo salió de la crisis del 2008, por iniciativa del entonces primer ministro laborista inglés Gordon Brown: “El G20 acordó incrementar el capital del Fondo Monetario Internacional de 250 mil millones de dólares a 750 mil millones. ¿Cómo se sumaron estos 500 mil millones de dólares? 250 mil millones correspondieron a un aumento en el porcentaje de aportes que cada país realizaba a la institución, y los otros 250 mil millones respondieron a derechos especiales de giro. Esta medida, más la reducción de la tasa de interés y la inyección de 100 mil millones al Banco Mundial y a los bancos regionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina y el Caribe—, lograron regular las finanzas mundiales, algo que el mercado había sido incapaz de hacer.”
Ante la crisis actual, Brown ha propuesto ahora, dice Lagos: “Inyectar 8.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia: 1.000 millones para cubrir las necesidades urgentes de la Organización Mundial de la Salud, 3.000 millones para la elaboración de vacunas, 2.250 millones para tratamientos terapéuticos, y el remanente para la compra de materiales terapéuticos. Lo novedoso de esta propuesta de inyección de capital es que plantea que sea una sola institución supranacional la que se haga cargo de estas acciones. La Organización Mundial de la Salud sería la responsable de coordinar la producción, distribución y adquisición de suministros médicos, con el fin de cubrir la demanda mundial y regular los precios. Que la capacidad de compra y organización de los insumos e instrumentos terapéuticos esté en una sola mano asegura que todos los países, incluidos los más pobres, accedan a ellos.”
A su vez, cada uno de los bancos centrales debería bajar las tasas de interés y otorgar créditos para estimular la inversión y el crecimiento en sus respectivas regiones. Este conjunto de medidas es central para avanzar en una salida de la crisis. Afortunadamente, dice Lagos “Arabia Saudita, país que preside el grupo, convocó al G20 y organizó, de manera inédita, una reunión por teleconferencia. En el siguiente encuentro se debería resolver el documento planteado por Gordon Brown y establecer las formas de ejecución de las medidas, así como la proporción en que cada integrante del grupo sumará fondos. Simultáneamente, el Banco Mundial, el FMI y los bancos regionales deben hacer lo propio e instaurar, antes de septiembre, mecanismos para implementar las acciones propuestas. El tiempo es corto. Es de esperar que las instituciones internacionales estén a la altura para responder al nivel que esta pandemia lo exige. Porque esta crisis no se acaba venciendo a la enfermedad en un solo país, sino que garantizando el fin del flagelo en todo el mundo.”
También desde Chile, los presidentes de los partidos Socialista, Radical y Por la Democracia, Álvaro Elizalde, Carlos Maldonado y Heraldo Muñoz, respectivamente, llaman a la colaboración entre todas las chilenas y chilenos, sus representantes y autoridades, para salvaguardar la vida, conscientes del impacto económico de la crisis sanitaria y la recesión, no sólo chilena, sino a nivel global. El triunvirato reclama un plan fiscal proactivo y de la envergadura con foco en la salud y el bienestar de la población, entendiendo que su puede llevar a cabo este plan, por sus ahorros y condiciones para endeudarse. “Son estos los momentos en que el Estado debe hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a todas las personas”, afirman.
Proponen un programa de rentas a toda la población que se quede sin ingresos hasta finalizada la urgencia sanitaria, con la prioridad en las y los trabajadores de Chile y sus familias, en forma de seguro familiar; un subsidio de desempleo; una contribución del sector privado, aliviando a los deudores; reducción/congelamiento de precios y tarifas, incluyendo el servicio de internet.
Asimismo, instamos a que las compañías de acceso a internet puedan rápidamente movilizar infraestructura y recursos para dar mayor acceso a quienes aún no pueden estar conectados.
El costo de las dos medidas señaladas al inicio, sumadas, alcanza, aproximadamente, a 1.9 puntos del PIB (suponiendo tres meses de seguro familiar. Si este se extendiera por cuatro meses, el costo sería de 2.58 puntos del PIB), monto completamente financiable con los recursos que el Estado dispone o puede acceder. Bastaría con asignar menos de la mitad de lo disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, los presidentes de estos partidos consideran “conveniente usar una variedad de mecanismos de financiamiento, entre los que se encuentran la adquisición de deuda externa, la venta de bonos del tesoro en el mercado secundario al Banco Central (requiere cambio constitucional) y la reasignación presupuestaria.”
El documento finaliza con la necesidad de crear condiciones para que la banca otorgue facilidades efectivas a las PYMES y empresas afectadas, no sólo para la renovación de sus créditos, sino que también para la ampliación de los mismos, para los cuales apela al “deber social de la banca”.
Por último, desde España, Iratxe García Pérez y Héctor Gómez Hernández, secretarios del PSOE para la UE, expresan que pese a la grave situación por la que ha pasado su país, ven con optimismo que las curvas de contagio parecen haber entrado en cierto control, luego de las medidas adoptadas por el Gobierno.
El estado de alarma se declaró el 14 de marzo, y el 25 de marzo el Parlamento español aprobó una legislación para prolongarlo hasta el próximo 12 de abril. Este estado de alarma otorgó al gobierno nacional el poder constitucional para supervisar los servicios de salud y las unidades de aplicación de la ley de todas las regiones y ciudades españolas en un país muy descentralizado como España. Fue una medida radical, difícil de tomar para cualquier democracia, que incluía un bloqueo general que restringía los movimientos de los ciudadanos que permanecieran en sus hogares, con permiso de movimientos básicos para la manutención.
Para esta situación sin precedentes, el Gobierno ha anunciado un paquete de ayuda de 200 000 millones de euros, la mayor movilización de recursos en toda la historia democrática de España, el equivalente de alrededor del 20 por ciento del PIB. Esta iniciativa ha encontrado un amplio apoyo entre los partidos en el Parlamento español. La mitad del dinero está vinculado a un esquema de garantía pública para garantizar la liquidez de las empresas en dificultades. Se destinan otros 17 mil millones de euros para apoyar a los grupos con mayor probabilidad de sufrir los efectos de la pandemia. El resto se obtendrá de recursos privados.
Ambos autores sostienen que “el PSOE y el Gobierno de España están convencidos de que necesitamos una acción europea audaz para combatir esta crisis, pero también una respuesta común verdaderamente europea, basada en la solidaridad y el interés común, para abordar sus consecuencias económicas y sociales. Celebramos algunas de las acciones que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han estado anunciando, pero tememos que no sean suficientes. España aboga por el establecimiento de un esquema europeo de mutualización de la deuda. Los eurobonos y otras medidas son cruciales para la UE en un momento en que las opiniones públicas en nuestros países exigen cada vez más una mayor participación de la Unión en nuestros esfuerzos para abordar esta crisis definitoria.”
Si estas expectativas no su vieran satisfechas – concluyen – “estaríamos infligiendo un daño tremendo a la credibilidad de la UE en nuestros países y aumentando el escepticismo del euro en toda Europa, alimentando movimientos nacional-populistas que representan un peligro real para nuestras democracias.”
Documento completo con todos los textos: https://www.internacionalsocialista.org/activities/covid-19-opiniones-y-actualizaciones-de-miembros-de-la-is/
