La cuestión del aborto finalmente llega al Congreso.
Trata de la existencia y de la muerte, de la historia y el futuro, del derecho de las mujeres y de las ideas de familia, de genética y de política, de imaginarios y tradiciones. De renovación y dudas.
La norma jurídica incide sobre las creencias y la vida real de montones de personas, en general adolescentes y muy jóvenes. Un tema de los que hay que enfrentar y debatir, más allá del oportunismo –si existiera– de quien desee desviar la atención pública. Ocurre con el matrimonio, el divorcio, la familia. Ahora el aborto. Los temas de carne y hueso.
El propósito no debiera ser imponer valores propios sino solucionar dilemas sociales.
¿Y si juega Francisco?
La carta mágica de los partidarios de seguir con la penalización del aborto apunta a que el Vaticano desarrolle una campaña personalizada hacia los legisladores argentinos. Uno por uno. Para convocarlos a mantener el régimen legal actual.
Algún amigo del Papa asegura que Bergoglio preveía que el PRO promovería la despenalización. No mencionaba al presidente Macri al frente de la iniciativa, sino que la preveía inspirada por Durán Barba y Marcos Peña. El jefe de gabinete, sin embargo, asegura estar en contra de la despenalización.
La verdad es que la Argentina fue uno de los primeros países en despenalizar el aborto. Lo hizo en el Código Penal de 1921. Así expresa: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1.º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2.º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (Ley 11.179, artículo 86).
Los unos y los otros
El matutino La Nación del lunes 19 de marzo alberga diversas columnas que explicitan a mi modo de ver las posiciones dominantes.
Andrés y Alejandra Malamud defienden la despenalización, analizan la historia del debate en las sociedades y los Estados.
Los Malamud admiten que “ambos campos tienen argumentos respetables”. Y agregan “Mucha gente considera que en esta decisión hay un tercero involucrado, el embrión, y entre una vida y la libertad de la mujer optan por la primera. Esta posición merece respeto”.
En una posición anti-despenalización, Alberto Sánchez, profesor de Ética de la Universidad Austral, descalifica a quienes opinan distinto: “el aborto es un enorme negocio, de modo que hay, detrás de esta cuestión, un interés económico ostensible”. Asegura que “la solución para un embarazo no deseado no es nunca la muerte del niño inocente e indefenso. Este es el debate que debe darse en serio: el de encontrar los medios eficaces para que toda mujer pueda llevar adelante un embarazo que no deseó, preservando la vida del niño por nacer. El aborto, lejos de solucionar algo, agrava todo”. Termina marcando “espero que el Presidente, los legisladores y jueces encuentren un camino que honre la cultura de la vida”.
“Por otro lado –agrega Sánchez– existe una cuestión ideológica. Se presenta el tema como integrante del conjunto de los derechos de la mujer, en particular, del derecho sobre el propio cuerpo”. Acusa: “No hay realmente aquí preocupación alguna por la mujer”.
Es Sánchez quien no muestra preocupación por comprender o solucionar la angustia de la mujer que no piensa como él.
Es verdad que entre los despenalizadores hay algunas posiciones extremas, que ridiculizan las creencias religiosas, descalifican toda idea que no sea la voluntad de la embarazada y se resisten a escuchar razones opuestas a su mirada. Pero esa idea maximalista convive con visiones mayoritarias que admiten el conflicto de valores, desearían que los abortos no fueren necesarios y no difaman a quienes desean conservar su embrión.
En cambio, entre los opositores a la despenalización no se escucha alguna voz capaz de intentar comprender la otra posición. Su planteo es en términos de vida o muerte. Auto-define su propia postura como “la cultura de la vida”, con lo cual condena a toda opinión adversa a la “cultura de la muerte”.
Acá reside, a mi juicio, el problema central. No escucho ni leo despenalizadores que desacrediten, insulten o descalifiquen a quien siga con su embarazo. En cambio, los anti-despenalizadores desean que todo el mundo actúe según sus propios valores.
La idea recuerda, dramáticamente la oposición al nuevo casamiento que promovió la ley de matrimonio civil promulgada durante el gobierno de Alfonsín. Los enemigos de la ley admitían que la gente siguiera divorciándose, pero no toleraban que recuperara aptitud nupcial. Que pudiera volver a casarse.
Pronosticaron además un alud de divorcios y el derrumbe de las familias. Nada de eso ocurrió. Antes bien, se normalizaron, legitimaron y legalizaron relaciones que permanecían fuera de la ley, porque simplemente la ley les prohibía hacer lo que ellos habían decidido.
El tradicionalismo
Hace menos de una década brotó la posibilidad del matrimonio igualitario. La estructura tradicionalista se conmovió. Nadie había imaginado que, en un puñado de años, las parejas de gays y lesbianas pudieran aspirar al sitial del inconmovible matrimonio hombre-mujer.
Pocos años antes, una unión civil podría haber colmado las ansias de esas parejas no tradicionales. No se hizo. Y cuando llegó, la nueva oleada fue imparable.
Muchos de quienes se oponían al llamado matrimonio igualitario admitían estilos de vida diferentes al suyo, pero querían reservar la palabra matrimonio para la pareja hombre-mujer. Había otros que no aceptaban lo que seguía siendo –como durante casi todo el siglo veinte– conductas desviadas que no merecían consideración sino persecución social, cuando no penal.
Démosle otra cosa, pero no el matrimonio, objetaban, consternadas, personas que jamás se les había ocurrido enfocar –y menos solucionar– las dificultades de todo tipo que tenían parejas que carecían de protección a derechos, desde patrimoniales y sucesorios hasta de asistencia, y cuidado en la enfermedad.
En aquel momento, la comisión de Legislación General del Senado la conducía la abogada puntana Liliana Negre de Alonso, de larga y pública relación con los sectores confesionales. Ella promovió que los legisladores recorrieran el país. El objetivo nominal era escuchar a todas las regiones. El propósito secreto, que el interior conservador mostrara a los legisladores su rotunda oposición al cambio de carátula.
La primera parte se cumplió. El país de tierra adentro fue escuchado. Pero la idea de una férrea y dogmática vocación por el statu quo fracasó. En todas partes, aun aquellas con mayor peso de las tradiciones y de la religiosidad, abundaron los expositores partidarios del cambio. Más allá de ideologías, se vio la cosa como era: una minoría de ciudadanos y ciudadanas respetuosos de la ley y cumplidores de sus obligaciones para con la sociedad estaban imposibilitados de gozar la protección estatal. El rol tuitivo que toda sociedad debe a sus miembros, dado que los actos privados de los hombres sólo están sujetos a control de Dios, como expresa la Constitución.
El viaje por el interior tuvo efecto opuesto al buscado. Se vio que había que legislar para una minoría desprotegida. Y también se vio que los supuestos opositores furibundos no expresaban sino a una minoría insignificante. En 2010 la Argentina fue el primer país del continente en reconocer igual status a matrimonios del mismo sexo.
Punto central. Las sociedades cambian y las costumbres de ayer no son las de hoy, Lo que ayer estaba castigado con la cárcel y aún la muerte –la homosexualidad hasta el siglo XX en muchos países del mundo– hoy es una práctica admitida en la totalidad de las sociedades abiertas.
El cambio cultural –un dato neutro, que surge de la evolución de las sociedades– marca que el mundo ha dejado de considerar el aborto como un asesinato y prefiere enfocarse en considerar ciertas decisiones dentro de la esfera de los individuos y no del Estado. Al menos en la inmensa mayoría de los países que se consideran parte del indefinible Occidente.
Con otro agravante. Puede que el aborto –que está despenalizado en la práctica– siga siendo un artículo punitorio en el Código Penal. Tal vez el Congreso vote así. En futuras votaciones, más cerca que lejos, se impondrá una despenalización cada vez más abierta a la voluntad de la madre. Por no escuchar nada, los penalizadores terminará perdiendo todo. Acaso puedan comprender, in extremis, que las sociedades modernas son plurales y hay valores no compartidos que no pueden ser impuestos.
