Opinión | Febrero 09, 2018, 11 08am

Licencia para matar

El peligroso discurso de argumentar desde el consenso popular.

Autor: Aleardo Laría


La ministra de Seguridad Patricia Bullrich no es una persona con formación jurídica académica. Esta carencia se pone en evidencia cuando opina sobre cuestiones jurídicamente complejas como son la institución de la legítima defensa o las vinculadas a la carga de la prueba en el procedimiento penal. Sería conveniente, para su prestigio y el prestigio del Gobierno, que esos temas los dejara en manos del ministro de Justicia que es un jurista preparado. Un ministro no puede despachar frívolamente por la radio temas complejos acudiendo a estereotipos y afirmaciones falsas carentes de respaldo.
En la entrevista radial concedida a Ernesto Tenembaum la ministra Bullrich hizo una serie de afirmaciones que no se sostienen. En relación con el principio de presunción de inocencia dijo que “en cualquier país civilizado el Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés” (como supuestamente sucedería en Argentina). En realidad la presunción de inocencia es un principio constitucional que rige en todo Estado de Derecho para todo el mundo, sean o no policías. También rige en Argentina, donde según nuestra Constitución Nacional (artículo 18) nadie puede ser condenado sin juicio previo en el que quede acreditada su culpabilidad.
Más adelante la ministra afirmó que “vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. En la Argentina, la suma de los casos particulares construyó la doctrina de que el policía siempre era el victimario. Nosotros tenemos que cambiar eso”. Se trata de una generalización sin respaldo estadístico. En los casos donde se ha producido la muerte violenta de una persona, sea delincuente o no, la justicia debe actuar siempre de oficio, a efectos de comprobar la causa de la muerte y eventualmente determinar el nivel de responsabilidad de los autores, hayan intervenido o no policías.
En lo que se refiere a la inversión de la carga de la prueba, el principio general es que toda acusación debe estar respaldada por un material probatorio apto para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y acreditar la responsabilidad del acusado. En la apreciación de las pruebas, rige el principio “in dubio pro reo” en el sentido de que la duda beneficia al acusado, dado que se considera preferible darle la libertad a un presunto culpable que condenar a un inocente. Estos principios generales de derecho procesal penal rigen para todos los ciudadanos por igual, sean o no policías, y no podrían ser derogados en virtud del principio de igualdad ante la ley.
En relación con el caso Chocobar la ministra hizo una serie de afirmaciones que tomamos en su literalidad porque apuntan al verdadero núcleo de la cuestión. “No entienden que Chocobar estaba en la persecución de un delito que seguía, que existía, que estaba in fraganti. Esa persona que había acuchillado a un turista, podía hacer lo mismo con cualquier otra persona. Consideramos desde el Ministerio de Seguridad que la acción que realizó el policía no es legítima defensa. Está mal encuadrado el caso. Es una acción de cumplimiento de deber de funcionario público. Si hay una persona que metió diez puñaladas, que no acató la voz de alto, que siguió corriendo con un arma y podía agarrar a cualquier tercero, el policía tiene que hacer lo que hizo Chocobar”.
Es cierto, como afirma la ministra, que estamos ante dos supuestos jurídicos diferentes que exigen un tratamiento diferenciado. Una situación se produce en el curso de un enfrentamiento entre policías y delincuentes armados, donde como consecuencia de los disparos policiales cae abatido uno o varios delincuentes. En estos casos la justicia debe intervenir inevitablemente para establecer la verdad de los hechos. Si comprueba que los policías han actuado en forma proporcional ante una agresión injustificada, declarará que se dan los presupuestos de la legítima defensa y dejará en libertad, libre de cargos, a los funcionarios policiales.
En la Unión Europea, respecto del uso de armas de fuego en estas circunstancias existen unas pautas que se deben cumplir según la Declaración de Policía del Consejo de Europa de 8 de mayo de 1979 y del Código de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley aprobada por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979.
La doctrina general sentada en esta materia ha señalado que la eximente de legítima defensa es aplicable a los agentes de policía que en su misión de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, intervienen para evitar un daño grave, inmediato e irreparable. Todo ello exige que el uso de la fuerza haya sido proporcionado y se haya intentado hacer uso de un medio menos peligroso y menos lesivo, teniendo en cuenta las circunstancias concretas; y por último, ha de existir un cierto grado de resistencia o actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo que dé una justificación al uso de la fuerza.
Otra casuística muy diferente es la que ofrece el caso Chocobar, donde un policía sale en persecución de un delincuente que huye luego de cometer un delito. ¿Es lícito en este caso el uso del arma de fuego con el objetivo de capturar al delincuente? Como es evidente, ya no estamos ante un supuesto que podría encuadrarse en la legítima defensa, sino ante el ejercicio del deber que tiene el funcionario público de capturar a un delincuente y de los medios que puede utilizar para conseguir ese resultado. Para la ministra está clara la respuesta: todo policía tiene que hacer lo que hizo Chocobar porque “es una acción de cumplimiento de un deber de funcionario público”.
Antes de proseguir con el razonamiento, debemos hacer un breve paréntesis. La ministra y muchos comentaristas dan por probado que en el “caso Chocobar” el joven que recibió los disparos mortales iba armado de un cuchillo con el que acababa de herir al turista norteamericano. Lo cierto es que, según el sumario judicial, no se ha podido establecer quien, de los dos adolescentes que participaron en el asalto, fue el autor de las heridas. En cambio se ha establecido que Kukoc no portaba ningún arma blanca en el momento en que cayó abatido. Esto hace a la casuística del caso particular, que depende de las pruebas reunidas, pero a los efectos de nuestra argumentación da igual que el delincuente que huye lleve o no un arma. Lo determinante es que en su actitud de huida no manifiesta ninguna voluntad de enfrentar al policía que lo persigue. Para la ministra, aún en este supuesto, el policía tiene “licencia para matar”.
La pregunta que debemos hacernos en una democracia es ¿parece oportuno permitir el disparo contra alguien que huye? Patricia Bullrich ha afirmado que en toda la legislación de las democracias avanzadas la policía tiene este derecho. No es el criterio, por ejemplo, del Tribunal Supremo de España donde se analizan situaciones similares a las que debió enfrentar Chocobar. La Sentencia de 4 de febrero de 1984 precisa que la mera huida, tras la sustracción de un vehículo que no se detiene ante la orden de alto de la Guardia Civil, no excluye la antijuridicidad del daño causado –la muerte del conductor– a los efectos de la responsabilidad. En la sentencia de 18 de diciembre de 1985 se analiza un supuesto de huida del detenido que enfrenta, con un arma de fuego, a los miembros de las fuerzas de seguridad. El Tribunal Supremo, en este caso, resuelve afirmando que es muy dudoso que, de las circunstancias probadas y acreditadas, se desprenda la necesidad de disparar ocasionando la muerte del huido, puesto que ni éste disparó ni de la cronología en que se desarrollaron los acontecimientos –persecución y cerco de la víctima por cuatro inspectores– parece deducirse otra cosa que «una muy fundada duda racional de que las circunstancias expuestas acrediten de manera categórica e incuestionable que el disparo que ocasionó la muerte del detenido respondiese a un estado real de inminente peligro para la vida de los policías actuantes».
La ministra invocó en apoyo de su nueva doctrina –en el curso de la entrevista radial– al criminólogo norteamericano Lawrence W. Sherman. Justamente este científico policial es reconocido porque en 1980 descubrió que restringir los poderes de la policía para disparar a las personas no fue seguido de ningún incremento en el crimen o violencia contra agentes de policía. Esta evidencia fue posteriormente citada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en su decisión Tennessee v. Garner de 1985 para restringir los poderes de la policía para matar a través de los Estados Unidos. Sherman es autor de un una serie de ensayos donde aconseja tomar decisiones en materia de políticas de seguridad basándose en evidencias suministradas por la investigación empírica. Es decir evitando el error de apoyarse en doctrinas meramente ideológicas, una recomendación que pareciera estar especialmente dirigida a la Argentina.
Publicado en Confluencia Digital el 7 de febrero de 2018.
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