Opinión | Noviembre 10, 2017, 10 15am

La sociedad reclama una justicia más cercana, transparente, rápida y eficaz

Reformar el Ministerio Público Fiscal a partir del consenso de los partidos mayoritarios.

Autor: Ángel Rozas


La reforma de la ley orgánica del Ministerio Publico que impulsamos junto a los Senadores Miguel Ángel Pichetto; Federico Pinedo y Rodolfo Urtubey, tiene su base más sólida en el amplio consenso que hemos logrado en la Cámara Alta, sobre dos cuestiones que son a mi juicio esenciales para encaminar nuestro país hacia una Justicia más abierta y eficaz: 1) Que rinda cuentas y facilite el acceso a toda la ciudadanía 2) Que se inscriba en los estándares internacionales y en las prácticas vigentes de las democracias más avanzadas.
Por una parte se trata de fijar límites institucionales a la figura del Procurador General de la Nación, que en su rol de jefe del Ministerio Público tiene a cargo la política de persecución penal y la más alta responsabilidad de promover la actuación de la justicia, en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. 
Creemos que si se le concede carácter vitalicio a una magistratura unipersonal, en cabeza del Procurador General de la Nación, cuyas atribuciones no están sujetas a ningún control ni al escrutinio popular, dicha situación no resulta compatible con los principios democráticos.
Por ello se propone imponer un límite temporal para el ejercicio de ese alto cargo, acotando su duración a un plazo de 5 años con la posibilidad de ser reelecto por única vez y por un plazo de 2 años, un término que parece razonable para desarrollar un plan de gobierno institucional y coordinar el resto de las políticas públicas en materia de justicia y seguridad.
También, el proyecto de ley ha tenido en consideración la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por lo que se trata de poner fin a la desnaturalización en la que se había incurrido al disponer la necesidad de un juicio político como procedimiento de remoción del Procurador General de la Nación.
El juicio político es un régimen especial reservado para los supuestos expresamente previstos por la Constitución Nacional, que no puede extenderse por ley. Por ello se propone establecer un nuevo mecanismo de remoción por decisión fundada del Poder Ejecutivo o por iniciativa de la Cámara de Diputados a solicitud de cualquiera de sus miembros; requiriendo en ambos casos del acuerdo del Senado. En este proceso también se incorpora la posibilidad de suspender al Procurador en sus funciones.
Entendemos que esta es una cuestión sensible, en la que debe garantizarse el debido proceso, y es por ello que nos encontramos en pleno debate tanto respecto a las mayorías requeridas como al procedimiento en sí mismo.
 
Se incorpora además, la posibilidad de suspender en sus funciones al Procurador General frente a una iniciativa de remoción, como medio de evitar los conflictos institucionales que conlleva dicho proceso, con la salvedad de que si el Senado no resuelve el caso dentro de los 180 días, corresponderá reponerlo en sus funciones. Cuando dicha iniciativa provenga del Poder Ejecutivo, el Senado tiene la potestad de resolver en el plazo máximo de DIEZ (10) días la procedencia de la suspensión.
A efectos de equiparar los procesos de nombramiento y remoción, se propone una modificación en el mecanismo de designación del titular del organismo, exigiendo la mayoría absoluta de los miembros del Senado, y no los 2/3 como hasta ahora.
La experiencia nos demuestra que muchas veces fijamos requisitos muy exigentes en las leyes, que en la práctica resultan difíciles de alcanzar, provocando injustificables atrasos institucionales.
En tal sentido, podemos advertir que la Defensoría del Pueblo de la Nación lleva ocho años acéfala en virtud de la dificultad de conseguir los consensos necesarios para obtener esa mayoría especial de los 2/3 de ambas cámaras del Congreso, privando a los ciudadanos de un órgano de protección de importancia primordial en su vida cotidiana.
Asimismo, el proyecto tiende a mejorar la transparencia de los procesos de selección de magistrados y se unifica el plazo del llamado a concurso, estableciéndolo dentro de los sesenta (60) días de producida la vacante. Se dispondrá legalmente de un régimen de examen oral y público, sobre temas elegidos por sorteo previo. 
En relación a los traslados de los fiscales y defensores, se establece un plazo mínimo de permanencia en el cargo que se fija en cinco años, como medio de evitar abusos que desvirtúen el acuerdo otorgado por el Senado de la Nación para el ejercicio de la función en un ámbito territorial determinado 
En definitiva, este proyecto apunta al diseño institucional de una justicia eficiente, independiente, y transparente. Por ello quiero destacar la voluntad política de Cambiemos y del gobierno nacional de llevar adelante un cambio de paradigma en materia judicial, con una concepción de justicia muy distinta que la que tenía la anterior gestión, donde bajo el título de “democratización de la justicia”, se escondía la intención de controlar el Poder Judicial, desconociendo el principio de división de poderes.
No podemos desconocer que la sociedad ha votado un cambio a favor de una justicia más cercana, transparente, rápida y eficaz, y para ello se debe incrementar el acceso a la justicia de la población vulnerable y de zonas postergadas; con un lenguaje sencillo para la compresión de todos.
No queremos más un Poder Judicial que se amordaza o libera en función del clima o del momento político del país, queremos una justicia independiente e imparcial que controle y juzgue al poder, y que resuelva de manera rápida los conflictos de la gente. Tenemos que tener conciencia de la importancia de recuperar la credibilidad pública y la convivencia en una sociedad democrática. Hoy es posible abordar este cambio sustancial en la construcción institucional de nuestro país, y creo que ese cambio necesita del apoyo de todos para asegurar una justicia independiente y para acabar con la impunidad, que debilita las instituciones democráticas, incrementa la exclusión y atrasa el progreso económico y social de nuestro país.